La Asamblea Nacional Popular (ANP, Parlamento) de China, que hoy arranca su sesión anual en Pekín, estudiará una ley a nivel estatal para "salvaguardar la seguridad nacional" en Hong Kong, confirmó el portavoz de ese órgano, Zhang Yesui.

Zhang indicó que la Asamblea, como "supremo órgano de poder estatal", debatirá la ley propuesta por su Comité Permanente que "claramente requirió establecer y mejorar el marco legal y el mecanismo para reforzar la seguridad nacional" en la excolonia británica.

Zhang recalcó que "en vista de las nuevas circunstancias y necesidades, la ANP está ejerciendo su poder proporcionado por la Constitución" para "salvaguardar la seguridad" y defender el principio de "un país, dos sistemas" por el que China concede un supuesto alto grado de autonomía a Hong Kong.

"La seguridad nacional es la base que apuntala la estabilidad del país. Salvaguardarla sirve al interés fundamental de todos los chinos, incluidos nuestros compatriotas de Hong Kong", afirmó.

El diario hongkonés South China Morning Post había avanzado ayer, citando fuentes de Pekín, que la ANP -que comienza hoy y concluye el próximo jueves, tras ser postergado por la panedmia- debatiría la ley, lo que con toda probabilidad significará que finalmente sea aprobada.

Según el rotativo, la nueva normativa prohibirá todas las "actividades sediciosas encaminadas a derrocar al Gobierno central", los "actos terroristas" y la "interferencia externa en los asuntos de Hong Kong".

La aprobación de una ley de seguridad por parte de Pekín, que hasta el momento había renunciado a adoptar esa medida, podría desencadenar una nueva ola de protestas en Hong Kong.

Esta decisión sería la respuesta del Gobierno central chino a los meses de manifestaciones en la ciudad y a su cada vez menor confianza en las autoridades locales.

El diario señala que Pekín perdió la paciencia con la capacidad de las instituciones hongkonesas -en concreto, del Consejo Legislativo, el Parlamento local- de aprobar una ley de seguridad nacional en base a lo permitido por la Ley Básica, la carta magna de la región semiautónoma.

El artículo 23 de ese texto estipula que son las autoridades hongkonesas quienes promulgarán sus propias leyes para "prohibir cualquier acto de traición, secesión, sedición, subversión contra el Gobierno Popular Central (Ejecutivo de Pekín)".

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, y los 27 gobernadores del país, dejaron de lado algunas diferencias y dieron ayer una muestra de unidad contra el covid-19, en momentos en que la pandemia se acelera en todo el territorio.

Brasil es el tercer país más afectados en el mundo por la crisis sanitaria y Bolsonaro, uno de los gobernantes más escépticos en cuanto a la gravedad de la situación, alcanzó acuerdos mínimos sobre la ayuda financiera federal a los estados y municipios, cuando el país llega a más de 20.047 muertos y cerca de 310.087 casos.

Lo hizo en una reunión telemática con los gobernadores y miembros del Parlamento, en la que se trató apenas sobre la ayuda financiera y se omitieron la férrea censura y las críticas de Bolsonaro a las cuarentenas y otras medidas adoptadas por los gobiernos locales para contener lo que el mandatario ha llegado a calificar de "gripecita".

La reunión giró en torno a un programa de auxilio financiero a los estados y los municipios, ya aprobado por el Parlamento, pero aún no definido por el presidente.

El proyecto prevé que el Gobierno federal distribuirá entre los estados y municipios un total de 120.000 millones de reales (unos 21.000 millones de dólares) para el combate al coronavirus, de los cuales una primera mitad será liberada en cuotas durante los cuatro meses próximos.

Sin embargo, para ejecutarlo, Bolsonaro pretendía introducir una cláusula que congele los salarios de todos los funcionarios públicos federales, regionales y municipales hasta fines de 2021, lo cual fue aceptado ayer por los responsables de los Gobiernos locales.

Según dijo Bolsonaro, es una "cuota de sacrificio" que se le pide al sector público en un escenario de profunda crisis, en el que los trabajadores informales y de la empresa privada han sido hasta ahora los más afectados.

De acuerdo a datos del Ministerio de Economía, desde que estalló la pandemia, en Brasil unos ocho millones de trabajadores del sector privado han sufrido reducciones de jornada y de salario.

Asimismo, en un escenario que antes de la crisis sanitaria tenía ya cerca de 12 millones de personas sin empleo, unos 50 millones de trabajadores informales han pasado a subsistir gracias a un auxilio gubernamental de 600 reales (110 dólares), para cuya distribución se han presentado serios problemas logísticos.

¿pacto de no agresión?

Desde que se registró el primer caso de coronavirus en Brasil, el pasado 26 de febrero, esta fue la segunda reunión de Bolsonaro con los gobernadores y, a diferencia de la anterior, la concordia y el diálogo se impusieron a las discusiones y los gritos.

Bolsonaro, que en otras ocasiones ha acusado a los gobernadores de dirigir al país hacia "la quiebra" por restringir las actividades económicas, está vez se mostró cauto y preocupado.

Propuso un amplio diálogo y afirmó que se debe "dar continuidad al esfuerzo de todos en la búsqueda de mitigar problemas y alcanzar a aquellos que son afectados por la crisis, cuyo tamaño todavía desconocemos", pero cuya gravedad subrayó.

"Sabemos cómo esto perjudica a Brasil y a todo el mundo", dijo el mandatario, que a pesar de su tono más suave se centró mucho más en los efectos económicos y el impacto sobre el empleo que en los aspectos más humanos y sanitarios de la crisis. "Tenemos que trabajar en conjunto", pidió Bolsonaro.

Impacto en 7,8 millones

La crisis sanitaria en Brasil puede agravarse cuando la enfermedad alcance a los 7,8 millones de brasileños que viven a más de cuatro horas de distancia de hospitales adecuados.

La alerta fue hecha por la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), el mayor centro de investigación médica en América Latina, vinculado al ministerio de Salud de Brasil, en un informe sobre los "riesgos de la interiorización del covid-19".

De acuerdo con el organismo, hasta el pasado viernes el 60% de los 5.570 municipios brasileños había registrado al menos un caso de la enfermedad y el 21% ya contabilizaban muertos, pero son en su mayoría capitales regionales o ciudades grandes o medianas, por lo que el virus por ahora está lejos de las poblaciones más pequeñas y aisladas.

Son estas pequeñas poblaciones que, según la Fiocruz, concentran los 7,8 millones de brasileños que viven a por lo menos cuatro horas de un hospital con unidad de cuidados intensivos con respiradores.