En el Mes contra el Trabajo Infantil, el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera ha ingresado un proyecto de ley para modificar el Artículo 13 del Código del Trabajo. El mensaje tiene por objetivo equiparar la legislación chilena con los estándares internacionales a la hora de prevenir, fiscalizar y sancionar el fenómeno.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define la práctica de trabajo infantil como toda labor que se convierte en nociva para la salud, educación o desarrollo de niñas y niños, y sin la fijación de edades mínimas para el eventual desempeño de adolescentes, al tiempo que el mismo organismo propone su abolición como fin último.
En 1990, luego de la Convención sobre los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de 1989, el Estado de Chile promulgó, a nivel de política pública y en su institucionalidad, los preceptos de ésta. Desde entonces la protección de niñas, niños y adolescentes ha adquirido la dimensión de importancia que le corresponde, si bien aún queda mucho por avanzar. Actualmente existe una estrategia nacional, para el periodo 2015-2025, cuyo principal objetivo es alcanzar la erradicación del trabajo infantil y sus peores formas. En Ñuble, desde abril del año pasado, contamos con el Comité Regional para la Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Adolescente Trabajador, instancia público-privada conformada por múltiples carteras y servicios gubernamentales, las policías, fundaciones y gremios, entre otros. Del plan operativo 2019-2020, ya hemos completado más del 50% de la meta, siendo una de las zonas que mejor ha logrado instalar el tema y generar acciones en torno a él. Pero, si bien la visibilización del fenómeno resulta fundamental para concientizar al respecto, no es suficiente. Necesitamos una legislación que permita fiscalizar y sancionar debidamente a los adultos y las empresas que incurren, de manera alevosa o no, en transgresiones. Por eso el proyecto de ley propone modificar el Código del Trabajo para perfeccionar la institucionalidad laboral a la hora de tratar las peores prácticas de trabajo infantil, y permitir el desempeño de adolescentes según cada caso, cavilando lo ya existente e incorporando nuevas regulaciones. Por otro lado, para alcanzar la erradicación del trabajo infantil (en términos genéricos) y poner en acción los preceptos de las convenciones internacionales, también se requiere un involucramiento decidido de la sociedad civil. La denuncia, para tal efecto, es clave. Instituciones como la Dirección del Trabajo, Carabineros y el Sename, tienen a disposición una serie de instrumentos (desde call center hasta plataformas online) para ingresar denuncias ante la presencia de prácticas desreguladas en infantes. Nada podrá reemplazar el aviso a tiempo, de ahí su importancia. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ya lo ha anunciado; el aumento del trabajo infantil, lamentable y muy probablemente, será una de las consecuencias más preocupantes del drama social que plantea la pandemia del Coronavirus. Para evitar una crecida inédita, ya se han propuesto una serie de medidas que debiesen adoptar los países en general, y sobre todo los de este lado el mundo. Entre ellas se cuentan facilidades para la continuidad escolar, transferencias directas a las familias más vulnerables e instrumentos de fiscalización robustos mediante mayor inyección de recursos. El Gobierno de Chile ha entendido el mensaje, y en su red de protección social ha incorporado desde ya varias de ellas. El trabajo infantil requiere de un trato a la altura de lo que nuestros niños, niñas y adolescentes -más de 200 mil en el país- necesitan.
Yeniffer Ferrada Canto seremi del Trabajo y Previsión Social de Ñuble