Cinco de las grandes aerolíneas de EE.UU. llegaron a un acuerdo con el Gobierno del presidente Donald Trump para beneficiarse de un paquete de préstamos de 25.000 millones de dólares para compensar las pérdidas provocadas por la pandemia de coronavirus, anunció el Departamento del Tesoro.

American Airlines, Hawaiian Airlines, Sky West Airlines, Spirit Airlines y Frontier Airlines firmaron ayer un acuerdo con el Tesoro con el que acceden a la ayuda de la Administración dentro del programa de estímulo económico conocido como Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus (CARES).

"Estamos complacidos de que grandes aerolíneas puedan usar este importante programa y de que el Tesoro use su autoridad para dotar de esta tan necesitada ayuda financiera, a la vez que se asegura una compensación apropiada a los contribuyentes", dijo el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, que no reveló el monto concreto demandado por cada compañía.

Aun así, el presidente ejecutivo de American Airlines, Doug Parker, explicó en un mensaje a sus empleados que la firma pidió un préstamo de US$4.750 millones.

Las firmas se comprometieron a dar capital, avales o deuda para garantizar la compensación posterior a los contribuyentes estadounidenses.

El Departamento del Tesoro aseguró que otras compañías aéreas están en conversaciones para integrarse en este programa de crédito federal.

El acceso a los préstamos supone un compromiso de suspender las recompras de acciones y el pago de dividendos, y se establecen límites a la compensación a los directivos de las aerolíneas.

Las aerolíneas de EE.UU. han sufrido enormes pérdidas por la suspensión provocada por la pandemia. Ya antes muchas accedieron a una primera línea de créditos públicos de un máximo de US$25.000 millones . n

Redacción

La Cámara de Diputados aprobó, con 110 votos a favor, 24 en contra y 15 abstenciones, el informe de la comisión mixta que analizó y aprobó, por mayoría, la admisibilidad del proyecto que busca extender los permisos prenatal y postnatal hasta el cese del estado de catástrofe que rige en el país por el covid-19.

La iniciativa ya había sido aprobada y despachada por la Cámara en mayo. Sin embargo, fue declarada inadmisible en el Senado a mediados de junio, por lo que tuvo que ser resuelto en una comisión mixta que, esta semana, aprobó recomendar que continúe con su tramitación. Ahora el Senado debe pronunciarse nuevamente sobre su admisibilidad y, de aprobarse la iniciativa, podría continuar su tramitación legislativa en el Congreso.

En el debate, el ministro de la Secretaria General de la Presidencia, Claudio Alvarado, dijo que la discusión no debe centrarse en "si las mujeres merecen más o menos postnatal", sino enfocarse en la admisibilidad del proyecto. Llamó a "la responsabilidad política" e invitó a trabajar en conjunto buscando una solución integral a las madres y padres de hijos menores de 6 años, pero en el marco de la Constitución.

Posiciones

Las intervenciones a favor de la iniciativa se centraron en la necesidad de dar una pronta respuesta a las familias que se encuentran ante la incertidumbre de tener que volver a sus trabajos sin poder garantizar el cuidado de sus hijos. Además, argumentaron que la propuesta responde a materias de salud, no de seguridad social, y que por esto no implica un gasto directo al Estado, por lo que no es posible alegar su admisibilidad.

La presidenta de la comisión de Trabajo, Gael Yeomans (Convergencia Social), resaltó durante la discusión: "Hace tres meses presentamos este proyecto y recién hace unos días el Gobierno presenta una propuesta dejando fuera a trabajadoras a honorarios y del sector público con cargo al seguro de cesantía. El problema es que el Gobierno insiste en traspasar los costos de esta crisis a los trabajadores".

Quienes defendieron la inadmisibilidad rechazaron esta mirada y aseguraron que la medida no resuelve de manera equitativa el problema, pues el grueso de los recursos disponibles en el Fondo Único de Prestaciones Familiares se lo llevarán los quintiles de mayores ingresos. El diputado de la UDI Patricio Melero cuestionó que "el proyecto de extensión del postnatal solamente llega a los niños lactantes o hasta de un año y deja a fuera a padres que tienen un problema real con menores de dos a seis años. Este proyecto no se hace cargo de eso. El proyecto del Gobierno sí los considera, es mucho mejor, mucho más amplio, da mayor cobertura".

Lo que se propone

El proyecto, que ahora debe ser visto en el Senado, indica que, en caso de declararse estado de excepción constitucional de catástrofe, las trabajadoras tendrán derecho, en ese período, a un descanso de maternidad de diez semanas antes del parto. Añade que mientras esté en vigencia ese estado, a los trabajadores que estén ejerciendo el derecho a postnatal parental y cuyo plazo de duración venza en este periodo, se les extenderá el derecho en las mismas condiciones. La misma extensión se dará cuando la trabajadora haya iniciado su postnatal durante la vigencia del estado de excepción y haya culminado mientras este sigue.

Las mociones refundidas señalan que a las trabajadoras que estén usando el permiso por enfermedad grave de niño menor de un año y cuyo plazo de duración venza durante el estado de catástrofe, se les extenderá su permiso en las mismas condiciones hasta el momento en que este se levante.

También se extiende el fuero maternal a quienes hayan retornado de su postnatal a sus labores de trabajo y cuyo fuero venza durante el estado de excepción.