Restricciones en días de pandemia
Disposiciones sobre control domiciliario desatan críticas ante supuestas violaciones a garantías constitucionales. Están en juego en todos estos casos dos valores: la inviolabilidad del hogar y el derecho al movimiento de las personas, valores permanentes, y la obligación de la autoridad de proteger la salud de la población en contingencias como las actuales.
Aplicando normas del Estado de Excepción Constitucional y del Código Sanitario, el Gobierno ha tomado múltiples medidas con el fin de controlar la pandemia que ya ha provocado en el país miles de muertes.
Así se han dispuesto cuarentenas y confinamientos acotados, restricciones a las personas de la tercera edad, cierre de locales comerciales no esenciales o barreras sanitarias, generalmente tardías.
Ahora, con ocasión de las Fiestas Patrias se han establecido restricciones sobre la cantidad de personas que, en determinadas condiciones, se podrían reunir en una casa particular. Estas restricciones tienen como finalidad evitar reuniones numerosas en algún recinto sin el adecuado distanciamiento y sin mayor conocimiento en cuanto a identidades, cuestión esencial para realizar la tan necesaria trazabilidad de casos de covid-19.
Para hacer cumplir esta norma las autoridades sanitarias, con el apoyo de la fuerza pública, tendrían la facultad de ingresar en las casas particulares con el fin de controlar su cumplimiento. Este anuncio ha provocado reacciones sobre la constitucionalidad de la medida, que va más allá de las normas existentes sobre allanamientos que exigen claramente una orden judicial, la que, según autoridades regionales, se podría obtener rápidamente si hubiere resistencia para el señalado control. Puntualizando, el ministro del Interior, Víctor Pérez, distinguió dos casos: "Uno en que exista una flagrancia: la autoridad sanitaria descubre que hay una determinada fiesta clandestina. Otra es si la autoridad sanitaria tiene información de que, en una determinada propiedad, hay personas contagiadas, y sin duda tiene las atribuciones para fiscalizar la situación".
Esta polémica facultad para una fecha precisa estaría violentado un derecho constitucional y se suma a otras, también, cuestionadas y planteadas en tribunales como disposiciones que limitan el desplazamiento de adultos mayores.
Están en juego en todos estos casos dos valores: la inviolabilidad del hogar y el derecho al movimiento de las personas, valores permanentes, y la obligación de la autoridad de proteger la salud de la población en contingencias como las actuales.
Y es así como se están aplicando normas, algunas muy antiguas como las del Código Sanitario, pero con el señalado objetivo superior que es la salud y el derecho a la vida.
La cuestión de fondo es que se llega a estas medidas y divergencias jurídicas hasta constitucionales debido a la falta de claridad de las normas vigentes, nunca situadas en la posibilidad de una crisis como la presente y, más que nada, debido a conductas colectivas que ante una realidad trágica de miles de víctimas, no asumen la responsabilidad individual en la protección de la vida, propia y ajena.