El fiscal regional metropolitano oriente, Manuel Guerra, afirmó que "no hay falta de voluntad por aclarar los hechos ni de la policía ni de la Fiscalía", sino "precariedad de antecedentes", en relación con las investigaciones penales en curso por ataques incendiarios a estaciones del Metro de Santiago en el marco del estallido social. Un total de 118 estaciones fueron vandalizadas o quemadas desde octubre de 2019.

"Hay que buscar imágenes y esos antecedentes son precarios, a veces muestran vestimentas, pero cuesta precisar identidades, es un proceso lento", dijo el persecutor en entrevista con radio Universo.

Aseguró que "es imposible que se aclaren todos los hechos relativos al Metro. Quien diga 'vamos a buscar a todos los responsables y los vamos a sancionar', miente. No es posible establecer la autoría de todos. Organización detrás de esto, que operase de manera transversal, a la fecha no existe".

Al respecto, apuntó: "Pocos días después de que ocurrieron estos hechos, surgió una información que daba cuenta de intervención extranjera, primero señalada por el señor Presidente (Sebastián Piñera) y que hablaba de una organización. Bueno, esos antecedentes, al menos al Ministerio Público, nunca llegaron. Recordemos toda la polémica que hubo por la información que surgió de la ANI, que hablaba de la existencia de 'big data', de información muy importante, que al final fue sólo humo, no hubo nada. Nosotros tenemos que operar sobre la base de lo que sí tenemos".

"Lo que se entregó no tenía ninguna relevancia ni significó un aporte sustancial que permitiese identificar autores. Lo que había eran elucubraciones en función de publicaciones en redes sociales y eso no nos sirve como prueba para tribunales", dijo Guerra.

Analizó que a los ataques "contribuyeron decisiones de la autoridad que no fueron las más adecuadas, como fue dejar las estaciones de Metro y cerrarlo. Cuando se cierra y se hace abandono de parte de Carabineros, se dio pie para que llegaran estas hordas de personas a atacar las estaciones". Y apuntó: "Es un estallido social, movilización masiva que tiene una canalización con el uso de violencia y en eso participó gente que no tenían coordinación ni conexión entre sí: secundarios, universitarios, trabajadores, pobladores, barras de fútbol, delincuencia...".

Indicó que hay tres formalizados por los daños a la estación Baquedano y dos que irán a juicio por Pedreros, y proyectó que difícilmente van a hallar a más supuestos autores.

El Gobierno afirmó que el uso de la mascarilla para protegerse del contagio de coronavirus, será obligatorio en las playas y los balnearios de todo el país.

"Las personas que van a hacer uso de las playas tienen que mantener los mismos protocolos que en cualquier lugar público: estamos hablando de plazas, lugares abiertos…", dijo la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, quien agregó que en las playas se debe "mantener el distanciamiento físico de un metro entre una y otra persona, y se deben evitar las aglomeraciones".

También llamó a cumplir con el máximo de personas por grupo cuando se vaya a la playa, según la fase en que esté la respectiva comuna (ver www.gobierno.cl/coronavirus/pasoapaso).

También en el contexto de la pandemia, el ministro de Ciencia, Andrés Couve, se refirió en radio Duna a la llegada, la próxima semana, de las dosis de la vacuna de la biofarmacéutica Sinovac contra el covid-19, para ser probadas en ensayos clínicos en venideras semanas. "La gente de Sinovac nos comentó que no antes de diciembre va a haber algún tipo de aprobación internacional de emergencia de estas vacunas", comentó al respecto.

Cifras del día

El Ministerio de Salud dio cuenta de 1.089 casos nuevos de covid-19. Se trata de la menor cifra de contagios nuevos desde el 22 de septiembre, cuando se informó de 1.054. Las infecciones suman 485.372 en el país, habiendo 13.884 pacientes en etapa activa.

En cuanto a los decesos, se registraron 19 por causas asociadas al covid-19; la cifra total de fallecidos es de 13.415.

Se reportaron 17.351 pruebas PCR analizadas.

1.089 contagios nuevos de covid-19 se reportaron ayer en el país, la menor cifra en tres semanas.

Redacción

A días de completarse, este domingo, un año del inicio del estallido social, que significó miles de situaciones de desorden público y manifestaciones y decenas de miles de detenidos, el Gobierno manifestó su expectativa sobre esta fecha. El ministro del Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez, dijo: "No hay duda de que el 18 de octubre es una fecha compleja, difícil. Esperamos que este año no se reditúe la violencia que vivió el país hace cerca de un año".

"Las manifestaciones pacíficas están absolutamente permitidas y son absolutamente legítimas, pero no nos equivocamos un segundo en confundir al manifestante con el violentista, y eso es lo que tenemos que enfrentar con mucha decisión, porque el violentista destruye, le hace daño al país y genera profundo dolor e incertidumbre", agregó .

Adelantó, además, que el Presidente Sebastián Piñera dirigirá un mensaje al país con motivo del primer año del inicio de la ola de protestas y disturbios después del estallido social, que también dejó innumerables tiendas, buses, estaciones del Metro de Santiago y otras instalaciones destruidas, y casi 4 mil heridos y más de 30 muertos. "Cuando el Presidente de la República se dirija al país, vamos a conocer los planteamientos. Él siempre está muy atento a estos acontecimientos", comentó.

El intendente metropolitano, Felipe Guevara, dijo que hay un "plan especial" para reforzar la seguridad este domingo en la zona. Carabineros ha dispuesto el resguardo de zonas críticas donde se concentraron la mayor cantidad de eventos del estallido, como las estaciones del Metro capitalino y lugares donde hubo saqueos. El director nacional de Orden y Seguridad de la policía uniformada, el general Ricardo Yáñez, indicó en la víspera que desplegarán "todo" el personal disponible a nivel nacional: cerca de 40 mil carabineros.

Harán un cambio de munición que tiene "un mejor comportamiento" que el de antes y que, "con todas las modificaciones al protocolo, quedó absolutamente limitada para el uso defensivo"; probarán un nuevo sistema que reduce el uso de la fuerza y de gases como el lacrimógeno; y minimizarán el empleo de "elementos mecanizados".

Acusación

El ministro Pérez abordó, asimismo, la acusación constitucional presentada en su contra por diputados de oposición, en la que se le cuestiona un trato desigual ante la ley y no ejercer control jerárquico sobre Carabineros: "La tomo como una oportunidad para demostrar que no he cometido falta alguna, he hecho estricto cumplimiento de la ley y, por lo tanto, ese debate que haremos en la comisión y en la Sala va a acreditar que he actuado (de acuerdo) a la ley. Es importante para un ministro del Interior demostrar eso, una de sus funciones es el orden público y este tiene dos elementos esenciales: la condena a la violencia y, segundo, el respaldo a quienes combaten a la violencia. Esa dualidad, a mi juicio, es esencial, y (ante) quienes buscan, a través de acusaciones u otros mecanismos, debilitar esa acción del Estado, en el debate político lo vamos a dejar absolutamente claro".

Informe de amnistía

Amnistía Internacional emitió ayer un informe sobre lo que llamó la "violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social". Dijo que la Fiscalía "debe asegurar que se investigue a varios mandos estratégicos de Carabineros de Chile, como el general director" y otros, "por su posible responsabilidad por las violaciones de derechos humanos cometidas" en el marco del estallido.

El Gobierno respondió que analizará el informe, pero adelantó que "lamenta que este realice aseveraciones sobre hechos e informaciones que requieren ser actualizadas", y negó que haya habido por parte de Carabineros "una práctica o política premeditada o generalizada de uso de la fuerza con el fin o la intención de castigar a las personas manifestantes, como supone el informe".