El equipo jurídico del presidente Donald Trump sufrió otro revés después de que una corte federal de apelaciones en Filadelfia (Pensilvania) rechazara categóricamente su más reciente intento para impugnar los resultados electorales en ese estado.

Los abogados de Trump anunciaron que apelarán la decisión ante la Corte Suprema, a pesar de la determinación de los jueces de que "las acusaciones del equipo de campaña carecen de mérito".

"Las elecciones libres y limpias son el alma de nuestra democracia. Las acusaciones de injusticia son graves. Pero llamar injusta a una elección no hace que sea así. Las acusaciones precisan imputaciones específicas y después pruebas. Aquí no tenemos ninguna de las dos", escribió el juez Stephanos Bibas del Tercer Circuito, designado por Trump, en nombre del panel de tres jueces, todos asignados por presidentes republicanos.

Sin pruebas

El caso fue expuesto la semana pasada ante una corte de menor instancia por el abogado de Trump, Rudy Giuliani, quien insistió durante cinco horas con argumentos orales de que la elección presidencial de 2020 estuvo afectada por un fraude generalizado en Pensilvania. Sin embargo, Giuliani no presentó ninguna prueba concreta de sus dichos ante la corte.

El juez federal Batthew Brann había dicho que la denuncia del equipo de campaña estaba llena de errores, "como el monstruo de Frankenstein, la armaron de cualquier modo", y le negó a Giuliani el derecho de enmendarla por segunda ocasión.

La Corte de Apelaciones del 3er Circuito calificó de "fútil" cualquier revisión. El juez presidente D. Brooks Smith y el juez Michael Chagares estuvieron en el panel con Bibas, exprofesor de Derecho de la Universidad de Pensilvania. La hermana de Trump, la jueza Maryanne Trump Barry, estuvo en la corte durante 20 años y se retiró en 2019.

"Son los votantes, no los abogados, los que eligen al presidente. Son las papeletas, no los escritos, los que deciden las elecciones", afirmó Bibas y también se rechazó la solicitud de la campaña de que se le impida al estado certificar los resultados, exigencia que calificó como "asombrosa".

De hecho, las autoridades de Pensilvania anunciaron el martes que habían certificado su conteo de votos a favor del presidente electo Joe Biden, que derrotó a Trump por más de 80.000 sufragios en el estado. A nivel nacional, Biden y su compañera de fórmula Kamala Harris obtuvieron casi 80 millones de votos, un récord en las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

Sin embargo, el mandatario sigue sin dar su brazo a torcer. Tras conocerse el fallo, arremetió por Twitter nuevamente. "Los 1.126.940 votos se crearon de la nada (a favor de Biden). Gané Pensilvania por mucho, quizá más de lo que nadie sabrá jamás. Los votos de Pensilvania fueron amañados. Todos los demás estados de transición también. ¡El mundo está mirando!", reclamó, mientras que la red social volvió a advertir sobre la fiabilidad de su mensaje.

Presión al supremo

El mandatario saliente ha dicho que espera que la Corte Suprema intervenga en la contienda tal como sucedió en 2000, cuando su decisión de parar el recuento en Florida redundó en la victoria del republicano George W. Bush.

El 5 de noviembre, cuando aún continuaba el escrutinio, Trump escribió en Twitter: "¡La Corte Suprema de Estados Unidos debe decidir!"

Desde entonces, Trump y sus colaboradores han señalado de manera reiterativa que los comicios estuvieron llenos de irregularidades y presentaron numerosas demandas en un intento para bloquear los resultados en seis estados cruciales.

Sin embargo, han encontrado poca receptividad entre los jueces, de los cuales casi todos han desechado sus quejas sobre la seguridad de las papeletas enviadas por correo que millones de personas utilizaron para votar desde casa a raíz de la pandemia.

80.000 votos más obtuvo Biden sobre Trump en el estado de Pensilvania, según certificaron las autoridades.

20 años atrás la Corte Suprema detuvo el recuento en Florida y el republicano George W. Bush ganó.

Una ley que pretende limitar la difusión de imágenes de las fuerzas del orden ha generado polémica en Francia, donde ayer se realizó una masiva manifestación en su contra que denunció limitación de las libertades y terminó con incidentes.

La protesta en París, la segunda en una semana, partió de la céntrica Plaza de la República hacia la de Bastilla, mientras que la convocatoria se extendió a otras ciudades del país y reunió a miles de personas.

El llamado fue impulsado por sindicatos, asociaciones de prensa, organizaciones de defensa de los derechos humanos y hasta por los "chalecos amarillos", en una nota conjunta que advirtió que, de seguir adelante, "Francia corre el riesgo de integrar la lista de países que violan la libertad de la prensa".

En el punto de mira de esa propuesta de ley, aprobada esta semana en primera lectura por la Asamblea Nacional antes de continuar en enero su tramitación en el Senado, está el artículo 24, que sanciona con hasta un año de cárcel y 45.000 euros ($41.389.789) de multa el difundir imágenes de los agentes "con la intención de dañarlos".

El primer ministro, Jean Castex, propuso esta semana que una comisión independiente se encargara de examinar y reescribir el controvertido artículo, pero tuvo que dar marcha atrás y dejarlo de nuevo exclusivamente en manos del Parlamento ante las críticas recibidas por parte de ambas cámaras.

Los convocados enfatizaron en la última agresión policial, cuando el productor musical negro Michel Zecler fue agredido durante un control hace una semana por no usar mascarilla.

El clamor llevó además a que el presidente, Emmanuel Macron, diera un mensaje en redes sociales en el que admitió que las imágenes de la actuación policial contra el productor son "inaceptables".

Al mismo tiempo, el jefe del Estado pidió a su Ejecutivo que le haga llegar "rápidamente propuestas para reafirmar el vínculo de confianza que debe existir naturalmente entre los franceses y quienes los protegen".

$41,3 millones de pesos establece también la ley como sanción a quien difunda imágenes ofensivas.