Coordinación de seguridad
Instancia tendrá un foco y énfasis en el trabajo en equipo, no solo entre ellos, sino con otros ministerios, además de las policías, la Fiscalía y las comunidades. El coordinador nacional de la unidad es el excandidato a diputado por La Araucanía, el victoriense Cristián Barra.
La semana pasada el Gobierno presentó el equipo que integrará la nueva unidad de coordinación macro zona sur, que tendrá como función coordinar y gestionar la implementación de políticas y programas que fortalezcan la seguridad pública en el territorio más afectado por la denominada violencia rural, es decir, las regiones de Biobío, La Araucanía y Los Ríos.
Se trata de una instancia que nace en medio de una compleja escalada de hechos violentos. A ello se han sumado las críticas surgidas desde distintos sectores a la incapacidad que ha mostrado el Estado en su conjunto para hacer frente a un conflicto que, lejos de amainar, se ha intensificado en los últimos años, con lamentables consecuencias, principalmente para quienes viven en esos territorios.
Según explicó el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, la nueva Unidad de coordinación de macrozona sur tendrá un foco y énfasis en el trabajo en equipo, no solo entre ellos, sino con otros ministerios sectoriales, además de las policías, la Fiscalía y las comunidades.
El coordinador nacional de la unidad es el excandidato a diputado por La Araucanía, el victoriense Cristián Barra, quien aseguró que el trabajo de esta unidad se enfocará en mejorar las herramientas con las que cuentan de las policías, y en cuanto a la persecución penal habrá un equipo de abogados que se vinculará con el Ministerio Público, entre otras instituciones, como los tribunales de Justicia.
Las declaraciones del coordinador nacional dan cuenta de un par de elementos que parecen claves para comenzar a abordar de manera verdaderamente integral esta problemática. Uno de ellos tiene que ver con que se trata de un fenómeno multisectorial, que si bien tiene una primera urgencia fundamental e ineludible, como es resguardar el Estado de Derecho, también tiene una dimensión de carácter político, sobre la cual se requiere avanzar en base a sumar más actores a instancias de diálogo.
El fracaso de las instancias previas instaladas por los sucesivos gobiernos para hacer frente al fenómeno de la violencia rural hace que toda fórmula nueva parta enfrentando las dudas sobre su verdadera efectividad. Por el bien de estos territorios, es de esperar que aquellas lógicas previsiones no se cumplan.