La incidencia acumulada de covid-19 sigue en claro ascenso en Alemania, cuyas autoridades temen un repunte a niveles máximos tras la Semana Santa, lo que derivaría en un freno a la cautelosa reapertura de la vida pública iniciada este mes.

Según los datos difundidos por el Instituto Robert Koch (RKI) de virología, la incidencia semanal por 100.000 habitantes subió a 79 casos.

En total se reportaron 10.790 contagios en la última jornada y 70 fallecidos.

Así, el total de contagios en el país subió a 2,56 millones y las víctimas fatales a 73.371. Estas cifras son aún parciales, porque en fin de semana se ralentiza la actualización de datos del RKI.

El instituto alertó en un informe que hay perspectivas de un repunte tras la Semana Santa hasta niveles similares a los peak registrados en navidades, con más de 30.000 positivos de covid-19 en un día.

Mientras, la mutación británica B.1.1.7. se está extendiendo y actualmente supera el 50% del total de contagios, advirtió el RKI.

La canciller Angela Merkel y los líderes regionales consensuaron a principios de mes una reapertura gradual de comercios no esenciales, así como museos y otras instituciones culturales. Se establecieron distintos niveles de desescalada para las regiones y de superar los 100 positivos en siete días y por 100.000 habitantes se volverá al nivel anterior de restricciones.

La tarea gubernamental es difícil, considerando que el fin de semana 12 policías resultaron heridos en protestas contra las restricciones por la pandemia registradas en la ciudad de Dresde, cuya incidencia acumulada es de 105 positivos semanales por 100.000 habitantes.

La policía decidió actuar al comprobar que entre los manifestantes no se observaban las normas de distanciamiento e higiene establecidas. Junto a esa marcha se registraron otras concentraciones de protesta en distintos puntos del país, la mayoría de las cuales discurrieron sin incidentes.

Hasta ahora, el país ha aplicado 8,86 millones de dosis de vacunas contra coronavirus, según Our World in Data.

50% de los contagios en Alemania, al menos, se deben a la variante británica del virus, según datos del RKI.

La Fiscalía boliviana solicitó la detención preventiva de seis meses en cárceles de La Paz para la expresidenta transitoria Jeanine Áñez y sus dos exministros que también fueron aprehendidos.

En la imputación formal, la Fiscalía boliviana pidió la detención preventiva de la exmandataria transitoria durante seis meses en la cárcel de Obrajes de mujeres en la ciudad de La Paz. Mientras que para los exministros interinos de Justicia, Álvaro Coímbra y de Energía, Álvaro Rodrigo Guzmán, solicitó la detención por el mismo período en la cárcel de San Pedro en La Paz.

La Fiscalía realizó esta solicitud por el "riesgo de fuga" de las exautoridades que están acusadas de "sedición, terrorismo y conspiración" en la crisis de 2019 a raíz de las fallidas elecciones que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la presidencia por acusaciones de fraude electoral.

El caso conocido como "golpe de Estado" fue interpuesto en 2020 por una exdiputada del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) del presidente Luis Arce, y pesan órdenes de aprehensión para otros tres exministros de Áñez y excomandantes de la policía.

Áñez fue detenida en la amazónica región de Beni el sábado en la madrugada, mientras que sus exministros fueron detenidos el viernes en la misma región, y luego fueron trasladados hasta La Paz y se acogieron al silencio en sus declaraciones judiciales.

Antes de la audiencia de medidas cautelares, la expresidenta dijo que el proceso en su contra es arbitrario y que debería ser juzgada por la Ley de Juzgamiento a Altas Autoridades de Estado, lo que sería un juicio de responsabilidades.

"Yo tengo privilegios le guste o no a Evo Morales para ser juzgada en un caso de corte. Estamos con la fe puesta en Dios y el pueblo boliviano", aseguró Áñez. Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Lima, defendió que Áñez está siendo procesada en calidad de exsenadora y no como expresidenta.

Críticas y apoyo

Las exautoridades se encuentran en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra El Crimen (Felcc) y la oposición boliviana manifestó que se trata de una "persecución política" y repudiaron el actuar en contra de la expresidenta.

El oficialismo, por su parte, defiende que se está haciendo "justicia" por los 36 muertos, heridos y detenidos en la crisis de 2019.

El expresidente boliviadno Evo Morales dijo que no se cansará de pedir justicia por la crisis desatada.

"Esclarecer el Golpe de Estado de noviembre de 2019, hecho doloroso que cuenta con testimonios y elementos jurídicos y constitucionales, no solo es defender la democracia en Bolivia, sino también la de América Latina y del Caribe", aseguró.

Tras las elecciones de 2019, la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un informe en el que señaló que hubo "operaciones dolosas", que alteraron "la voluntad expresada en las urnas".

Morales insiste en que no hubo fraude y dijo que casi un año después, los resultados de las elecciones en las que ganó Arce la presidencia, lo demuestran.

Los comités cívicos de varias regiones bolivianas se declararon en emergencia por la aprehensión de estas exautoridades, mientras que familiares de víctimas en 2019 y otros sectores hacen vigilia en las puertas de la Felcc donde se encuentra detenida Áñez.

La presidenta de la Asociación de Víctimas de la Zona Sur, Frida Conde, dijo que espera que Áñez "pague por todo lo que ha hecho y ahora le espera un proceso largo".

Conde confirmó que el colectivo, integrado por unas 60 personas, hará en estos días varias actividades y vigilias en las sedes policiales y en la Fiscalía "para pedir justicia".

Exigen justicia por los hechos registrados cinco días después de la renuncia de Morales, cuando en la ciudad de Sacaba (Cochabamba), hubo 10 muertos y varios heridos; mientras que en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, resultaron muertas otras 10 personas en los enfrentamientos con el Ejército y la Policía.

2019 se desató la crisis tras acusaciones de fraude electoral por parte de la OEA y la oposición a Morales,

36 personas murieron en disturbios posteriores a la investidura de Áñez, según la oposición.

La oficina del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, pidió respetar el "debido proceso" y la "transparencia" en las detenciones de la expresidenta Áñez y exministros interinos. Es necesario recordar "la importancia de respetar el debido proceso que garantice la total transparencia de todos los procesos legales", dijo en un comunicado su vocero. Mientras que el representante de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo que las acusaciones "deben resolverse en el marco de una justicia transparente y sin presiones políticas, respetando la independencia de poderes".