Redacción

Con una contracción de 5,8% cerró la economía chilena en 2020, como consecuencia de la crisis derivada de la pandemia, según el informe de cuentas nacionales publicado por el Banco Central. Con esto, el resultado del año pasado es la peor caída del producto interior bruto (PIB) en casi cuatro décadas.

"Durante el año 2020, la actividad económica se redujo 5,8%, resultado explicado por la emergencia sanitaria asociada al covid-19, que afectó la movilidad de las personas y el normal funcionamiento de establecimientos productivos", señala el informe del instituto emisor.

En efecto, el país no vivía una crisis tan grande desde 1982, cuando el PIB se desplomó 11%. El dato de 2020 ni siquiera se acerca al de la crisis de 2009, cuando la economía chilena cayó 1,56%.

Dato "complicado"

Tras conocerse el informe, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, aseguró que "es un dato complicado, pero mejor a lo que esperábamos", en alusión a las expectativas previas que auguraban una contracción de 6%. "Esperamos que 2021 sea un año mejor en términos económicos, sanitarios y sociales. Para eso estamos trabajando", agregó el secretario de Estado.

El impacto de la crisis sanitaria en la actividad económica se evidenció principalmente en el segundo y tercer trimestre, con contracciones del 14,2% y 9%, respectivamente, mientras que el cuarto trimestre mostró señales de moderación con una variación nula.

Las cifras ajustadas estacionalmente y respecto del trimestre anterior dieron cuenta de una caída del 13,1% del PIB en el segundo trimestre, seguida por incrementos en el tercer y cuarto trimestre del 5,1% y 6,8 %, respectivamente.

La recuperación, explicó el banco, "estuvo en línea con el levantamiento gradual de las medidas de control sanitario, las medidas económicas de apoyo a los ingresos de los hogares y el retiro de una parte de los fondos previsionales. Lo anterior incidió principalmente en el resultado del comercio, desde la perspectiva del origen, y en un mayor consumo por parte de los hogares, desde la perspectiva del gasto", añadió.

"Estamos desarrollando una batería de políticas que nos permitan recuperar los empleos, y también, mientras tanto, ir en ayuda de las familias que lo necesitan. Estamos decididos a trabajar para que 2021 sea un año mejor y de esperanza para todos los chilenos", aseguró el ministro Rodrigo Cerda.

Sectores más golpeados

Las actividades más afectadas por las restricciones impuestas por la pandemia fueron la construcción y los servicios (transporte, restaurantes y hoteles) y los únicos sectores que crecieron fueron la administración pública, la minería, los servicios financieros y las comunicaciones. "El resto de las actividades retrocedió, en gran medida, como resultado del impacto de la crisis sanitaria", argumentó el Banco Central.

El consumo de los hogares disminuyó 7,5% en 2020 respecto al año anterior, explicado por el menor gasto en servicios, mientras que el consumo de bienes durables aumentó. La formación bruta de capital fijo (inversión) se redujo 11,5%, incidida por construcción y otras obras y, en menor medida, por maquinaria y equipos.

Respecto del comercio exterior de bienes y servicios, las importaciones se redujeron en mayor magnitud que las exportaciones. "Estas últimas estuvieron incididas por la caída de los servicios, efecto compensado por mayores exportaciones mineras e industriales. Por su parte, las importaciones retrocedieron reflejo de menores internaciones de maquinaria de uso industrial, camiones y automóviles y por menores servicios de turismo y transporte", dice el documento.

El ente rector de la economía también corrigió las cifras de crecimiento de 2018 y 2019. En 2018, señaló, "el PIB se revisó dos décimas a la baja, de 3,9 a 3,7%", mientras que 2019 se corrigió de 1,1% a 0,9%.

Respecto a 2021, los datos preliminares de enero mostraron una nueva caída de 3,1%. Sin embargo, el Banco Central estima un crecimiento anual del PIB de entre 5,5% y 6,5%.

11% fue el desplome del PIB en 1982. Otro año complejo fue 2009: caída fue 1,56%.

Chile es un referente en la adopción de energías renovables en Latinoamérica, según la organización internacional REN21, que reúne a expertos, ONG's, representantes de la industria energética y de distintos gobiernos.

En su informe anual, el organismo analiza los compromisos para generar energía limpia y reducir las emisiones en las ciudades en todo el mundo, revisando especialmente los casos de Chile, Argentina, Brasil y México, para evaluar la situación de América Latina.

La entidad asegura que Santiago, con sus 6 millones de habitantes, tiene un ambicioso plan para favorecer los vehículos eléctricos y reducir el peso de lo más contaminantes.

Rana Adib, directora de REN21, dijo a Efe que en nuestro país "hay enormes oportunidades para la creación de empleo localmente" y destacó su estrategia de atracción de inversiones extranjeras, que favorece la instalación de empresas en las ciudades que les generan impuestos.

El informe también señala que Chile triplicó su inversión en energías renovables en 2019 respecto a 2018, hasta llegar a casi US$5.000 millones.

Ciudad de México, con 9 millones de habitantes, figura también como una de las urbes de avanzada en Latinoamérica, a pesar de un proyecto del gobierno mexicano que limitaba permisos para las plantas eólicas y solares, y que fue suspendido por la justicia.

Sobre Sao Paulo, la ciudad más poblada de la región con 12 millones de personas y una de las más contaminadas del continente, el documento señala que promueve las energías limpias en el transporte público y la electrificación de su parque de buses con energía solar.

Respecto a Buenos Aires, con tres millones de habitantes, el organismo menciona su compromiso con la energía eléctrica de origen renovable.

REN21 advierte de que "las ayudas a las energías fósiles" lastran el despegue de las renovables en Latinoamérica y pide que se aprovechen los planes de recuperación tras la crisis del covid-19 para financiar la transición energética. "No es cierto que las renovables sean la opción más cara, de hecho es la menos costosa para la generación de energía", dice Adib.

2019 Chile triplicó su inversión en energías renovables respecto de 2018, llegando a casi 5 millones de dólares.

La moción parlamentaria conocida como Royalty Minero fue rechazada el pasado miércoles por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y ahora deberá ser votada por la Sala. Este proyecto de ley propone agregar una "compensación a favor del Estado por la explotación de la minería del cobre y del litio, equivalente al 3% del valor ad valorem de los minerales extraídos" a la -ya alta- carga tributaria de la minería privada en Chile.

En efecto, un reciente estudio de Ernst & Young estimó la carga tributaria efectiva que tendría que enfrentar un mismo proyecto minero en diferentes países, incluyendo impuestos a la renta, retiros, royalty y otros. Los resultados ubican a Chile con una carga tributaria total de 44,5%, la segunda más alta luego de Australia (52,0%) y muy por sobre otros competidores: Argentina (43,8%), Perú (34,6%), México (34,2%), Canadá (23,0%) y Estados Unidos (22,3%). Si a lo anterior se le agregara una "regalía" o royalty del 3% ad valorem, tal como se está proponiendo, la carga tributaria total en Chile subiría a 54,3%, pasando a ser el la más alta.

El desafío es mantener un equilibrio entre el tamaño de la renta capturada por el Estado y, al mismo tiempo, asegurar a las empresas un retorno de su inversión adecuado al alto riesgo del sector. Una carga tributaria desmedida, si bien podría generar una mayor recaudación fiscal en el corto plazo, inhibe los incentivos a invertir en futuros proyectos o en ampliaciones de proyectos existentes. .

Nuestro país cuenta con un gran potencial en reservas y producción de cobre a nivel mundial, pero para que ello se traduzca en riqueza para los chilenos se requieren enormes inversiones. En un mundo globalizado, las inversiones dependen no sólo del precio y de los costos -los cuales han crecido significativamente en las últimas décadas en Chile-, sino que también dependen de la estabilidad de las políticas económicas y la certeza jurídica. La minería involucra inversiones de muy largo plazo y el royalty propuesto expropiaría parte de la tasa de retorno que tenían contemplados los inversionistas cuando invirtieron en Chile.

En conclusión, la moción parlamentaria, además de ser inadmisible e inconstitucional, presenta graves riesgos para las perspectivas económicas de uno de los sectores más importantes del país. Es de esperar que cuando se vote en la Sala de la Cámara de Diputados, se siga el ejemplo de los parlamentarios que de manera responsable la rechazaron en la Comisión de Hacienda. Se debe legislar con altura de miras, especialmente en materia de tributación minera donde se requiere una visión de Estado a largo plazo y no en la coyuntura político-electoral.

*Alejandra Palma Riedel es economista senior de Libertad y Desarrollo.