Una encuesta regional arrojó que más del 80 por ciento de los consultados aún no define su candidato para el proceso constituyente. Esta situación despierta una paradoja algo ya tradicional, pues el fuerte interés ciudadano en este proceso no se ha visto traducido en apoyo a candidaturas. Uno puede solo especular del porqué sucede esto. Ciertamente el contexto de pandemia y el endurecimiento de las medidas sanitarias generan un impacto en las campañas. Además, aun cuando existe una gran gama de independientes y postulantes no ligados a fuerzas tradicionales, muy pocas candidaturas han logrado diferenciarse por sus ideas o visiones.

Lo cierto es que hoy, cuando ya entramos a tierra derecha de cara a la elección del 10 y 11 de abril, gran parte de las candidaturas no han podido despegar, incluso generando una sensación de que falta información. Situación que se acentúa más cuando consideramos que son cuatro papeletas distintas que, desde Arica hasta Punta Arenas, incluyen a miles de candidatos.

Ante esto se espera que ahora que las campañas comenzarán a tener más presencia mediática, gracias por ejemplo a la franja y a otros espacios de difusión, las distintas alternativas sean capaces de llegar con su mensaje a los votantes. Sin embargo, a pesar de esto, es importante hacer un llamado a los ciudadanos a no esperar el último momento para elegir a sus candidatos.

Práctica recurrente en elecciones con varias papeletas, es que muchos determinan a sus candidatos recién una vez dentro de la urna, basándose en el partido político o si algún nombre les suena familiar. Si queremos mejorar nuestra democracia, debemos cumplir con el rol de informarnos y buscar con tiempo a nuestros candidatos.

John Kennedy hace muchos años planteaba la famosa frase "no se pregunte qué puede hacer el Estado por usted, sino pregúntese que puede hacer usted por el Estado". Tomándonos de esa lógica, frente a los tiempos críticos que vive la política en Chile, no esperemos que la candidatura ideal nos caiga del cielo, sino que pensemos que es nuestra responsabilidad informarnos para que, cuando nos enfrentemos a las urnas, elijamos a las personas que consideremos más idóneas para representar nuestras visiones e ideales.

Elija desde ya a sus candidatos Director de Administración Pública Advance, USS

En los últimos años se ha podido apreciar un aumento de las noticias referidas a la pedofilia, la pornografía infantil, el grooming (acoso sexual a menores vía Internet) o el homicidio de niños. Lamentablemente, los ataques a menores parecieran ser prácticas mucho más extendidas de lo que se cree. Ello explica que de forma permanente se desmantelen redes de pedofilia o de pornografía infantil. Significa que algo anda mal en nuestra sociedad.

Por eso, ha sido necesario ir adecuando las leyes a las nuevas exigencias, pero a la vez es necesario prevenir estas situaciones, lo que obliga a replantearnos qué actitud debemos tener respecto de la prevención de estos hechos.

A mediados de 2019, se aprobó una indicación presentada por el Gobierno a un proyecto de ley para que los delitos sexuales contra menores no prescriban. Con la legislación anterior, había un plazo de cinco años para investigar estos delitos y diez años cuando se trataba de crímenes. Hay que considerar que cuando las víctimas son niños, sienten un comprensible temor de denunciar y en muchas ocasiones solo se atreven a hacerlo cuando han pasado años y el delito ha prescrito. Ese cambio en la legislación se produjo en momentos en que el país estaba conmocionado por el caso de la menor Ámbar Lezcano, de un año y medio, quien murió al ser abusada.

Estos son delitos con una alta tasa de reincidencia, de manera que la sociedad no puede permanecer indiferente y debe proteger a sus menores.

De la misma manera, era necesario hacer imprescriptibles estos deleznables delitos en la legislación, para resguardar a los niños, contribuir a la seguridad, la integridad física y psicológica de ellos, y sobre todo castigar a los autores.

Sin embargo, también los padres deben redoblar sus esfuerzos por protegerlos y disminuir al mínimo la oportunidad de verlos expuestos a estos ataques. Los abusos sexuales de menores no son errores o pecados que se pueden perdonar sino graves delitos que deben ser perseguidos por la justicia y cuyos autores y encubridores merecen ser castigados.

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