Con sus accesos controlados bajo un férreo dispositivo policial, las icónicas playas de Río de Janeiro amanecieron vacías este sábado, la primera jornada de aplicación del decreto municipal que prohibió todo tipo de actividad en ellas como una medida para contener la ola de contagios y hospitalizaciones por el covid-19.

Hasta mañana no se permitirá ingresar a las playas, bañarse, realizar deporte o permanecer en la arena.

La medida se agrega a una serie de otras que se han adoptado en distintas ciudades y regiones de Brasil, el país más afectado hoy por la pandemia a nivel global. Este sábado, además, la autoridad sanitaria de Brasil informó una serie de medidas tendientes a evitar el desabastecimiento de oxígeno y medicamentos para los pacientes más graves con covid.

De esa forma, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) agilizó los trámites para el registro, distribución e importación de fármacos utilizados en las unidades de cuidados intensivos (UCI) que escaseaban en varios hospitales del país; además, autorizó excepcionalmente la utilización de cilindros industriales rellenos con gas hospitalario.

Brasil acumula casi 12 millones de contagios y 292.752 muertes (2.438 ayer), siendo el segundo país más golpeado por la crisis. Ello, mientras las UCI siguen colapsadas en una semana que promedió más de 2.000 fallecidos y 72 mil contagios diarios por covid-19.

Ayer, además, se conoció que el Ministerio Público brasileño, a través de su vicefiscal general, Lucas Furtado, solicitó ante el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) quitar las funciones administrativas y jerárquicas del presidente Jair Bolsonaro sobre los ministerios de Salud, Economía y de la Casa Civil, con el objetivo de evitar que intervenga en la gestión de la crisis sanitaria.

El persecutor solicitó apartar al mandatario y a otras autoridades "que se identifiquen como responsables de la inercia y omisión de la ejecución de las políticas públicas de salud en el combate de la pandemia", debido a las repercusiones que tendría en el erario público una inadecuada atención de la gente durante la crisis.

Por otra parte, la Contraloría brasileña se dio a conocer que al menos 1.000 personas han usado la identidad de fallecidos para conseguir vacunarse antes de tiempo.

UN AÑO EN CUARENTENA

Ayer se cumplió un año desde el inicio de las restricciones sanitarias en Argentina, medidas que evitaron el colapso del sistema de salud, pero no la expansión del virus que ha afectado a 2.234.913 personas y que costado la vida de 54 mil. Tampoco ha evitado los efectos económicos de la estricta cuarentena que al menos debiese durar hasta el 9 de abril próximo. En 2020, la actividad en el país trasandino cayó en 10%, su peor desempeño desde la crisis de 2002.

Ello, mientras el plan de vacunación impulsado por el Gobierno continúa recibiendo críticas debido a su lentitud. De hecho, Argentina ha recibido solo 4,3 millones de dosis de vacunas de sus proveedores, apenas 6% de las que el país ha comprado, dijo el presidente Alberto Fernández. Hasta esta semana, 600 mil personas habían sido inoculadas con ambas dosis.

PREOCUPACIóN EN ITALIA

En Europa el virus tampoco da tregua. En tres semanas, los contagios se han elevado en 34%, situando al continente en la cresta de su tercera ola del covid, atribuida a las nuevas variantes que circulan en la población. Mientras en Francia se volvió a recluir a la ciudadanía en casi todo el país, en Alemania se habla de un "crecimiento exponencial", que obligó a retrotraer la flexibilización aplicada a algunas actividades.

La mayor preocupación, no obstante, se vuelve a situar en Italia, que solo en la última jornada sumó 23.832 nuevos casos y una tasa de positividad que alcanzó el 6,7 %. Los 401 fallecidos de las últimas 24 horas se sumaron a las más de 104 mil personas que perecieron desde el inicio de la pandemia.

Ayer se retomó además la vacunación con AstraZeneca, que sumado a los otros dos fármacos aplicados (Moderna y Pfizer) han podido sumar una inmunización a 2.380.016 personas con ambas dosis.

365 días de estricta cuarentena se cumplieron ayer en Argentina. La última prórroga fue hasta el 9 de abril.

23.832 contagios en un día sumó Italia, nuevamente golpeado por una ola de casos de covid-19.

Miles de mujeres se manifestaron ayer en Turquía contra la decisión del Gobierno de sacar al país de la Convención de Estambul, tratado europeo contra la violencia machista que tuvo al Ejecutivo turco como uno de los primeros firmantes hace una década.

La manifestación más numerosa tuvo lugar en Estambul, ciudad que recibió en mayo de 2011 a catorce países del Consejo de Europa -entre ellos Turquía- para rubricar un compromiso sobre prevención contra la violencia machista.

En Turquía 284 mujeres fueron asesinadas en 2020, mientras que en lo que va de 2021 otras 78 fallecieron en crímenes machistas, según informó la ONG Bianet, que recopila desde hace 10 años este tipo de casos ante la ausencia de cifras oficiales.

Miles de mujeres y hombres jóvenes se dieron cita en Kadiköy, en la parte asiática de la ciudad, a pedirle al presidente Erdogan que revoque la decisión. Las protestas se dieron en medio del despliegue de un gran dispositivo policial con equipos antidisturbios.

"Las mujeres queremos justicia" y "Viva la Convención de Estambul" fueron algunas de las consignas de las manifestantes, quienes también recitaron los nombres de mujeres víctimas de femicidios.

La decisión de sacar a Turquía de la Convención fue a través de un decreto presidencial firmado por el islamista Recep Tayyip Erdogan, y publicado ayer en el Boletín Oficial. Siendo Erdogan el primer ministro, Turquía fue el primer país en ratificar el pacto, en marzo de 2012, aunque varios colectivos de mujeres denuncian que nunca ha sido aplicado en la práctica y ya en agosto de 2020 el mandatario había anticipado que retiraría al país del acuerdo "si la gente lo desea".

Según expertos, grupos conservadores islamistas presionaron al partido de Erdogan, AKP, para restarse de la Convención, por estimar que algunas de sus disposiciones tienen efectos negativos en "la estructura familiar" y atentan contra "valores nacionales".

Además, sus opositores han alegado que al usar el término "orientación sexual" el texto promueve la homosexualidad.

284 mujeres murieron en