Urge una nueva gobernanza de la pandemia
A más de un año de iniciada la pandemia, con una elevada tasa de contagio, saturación creciente de las unidades de cuidados intensivos, una alta proporción de la población que aún no completa su vacunación y reconociendo que seguimos teniendo insuficiencias en la trazabilidad en hacer efectivas las cuarentenas y en que hemos presentado grandes dificultades para comunicar el riesgo a las personas, en un contexto de falta de credibilidad y confianza de la ciudadanía en las instituciones y autoridades, es que urge hacer un cambio radical en la gobernanza de la crisis sanitaria.
Justamente la gobernanza es el factor determinante para que políticas públicas sean viables, al ser legitimadas e incorporadas por las personas y comunidades. Para una buena gobernanza, se requiere de mucha inclusión y capacidad de diálogo y de transparencia en el manejo de la información.
Lo que ha visto la ciudadanía es que frente a la pandemia el gobierno, expertos y académicos, alcaldes, políticos y representantes de la sociedad civil no hemos "remado para el mismo lado", sino por lo contrario, ha predominado un clima que favorece la desconfianza y la desunión, a un punto que afecta seriamente la respuesta a la pandemia.
De no haber un cambio en ello, nos exponemos a prolongar innecesariamente los efectos de la crisis, con todas sus consecuencias en vidas humanas y secuelas familiares, laborales y económicas.
Por ello, urge que el Ministerio de Salud tome el liderazgo generando una nueva forma de gobernanza convocante, incluyente y confiable, que logre aunar todos los esfuerzos.
Osvaldo Artaza Barrios decano Facultad de Salud y Ciencias Sociales, U. de Las Américas
Nueva Constitución
En situaciones excepcionales los pueblos deciden revisar las bases de su convivencia. En esta revisión del pacto social que mantiene unidos a sus integrantes, se da una oportunidad histórica de saldar las deudas con quienes históricamente han sido postergados y postergadas.
Durante años hemos acumulado una enorme deuda con las niñas y niños de nuestro país. Han tenido una educación sin la calidad suficiente, barrios en los que no hay áreas verdes, exposición a altas tasas de violencia y discriminación. En definitiva, familias y comunidades completas están expuestas a dinámicas de exclusión y han sido marginadas.
Hoy la pobreza infantil es el doble que la de los adultos y los niños reciben menos ayuda de parte del Estado que los adultos que viven en las mismas condiciones de vulnerabilidad.
Hoy podemos construir una sociedad distinta, una que ponga en el centro el interés superior de la niñez y desde una ética del cuidado, empezar a pagar esta deuda que hemos contraído como país.
Hoy en la Convención Constituyente hay 14 convencionales que han asumido un compromiso con la niñez para construir un pacto social que permita que las niñas y niños tengan una plataforma sólida desde donde vivir los primeros años y desarrollar sus proyectos de vida según lo que realmente quieren.
Arturo Celedón
Ciclistas olvidados
Este 3 de junio se conmemoró mundialmente el Día de la Bicicleta. Lamentablemente el legado de este gobierno es de un alarmante retroceso en la priorización de este modo de transporte, olvidando a miles de personas que han optado por su uso, ya sea por razones económicas, por seguridad en pandemia, sustentabilidad, entre otras.
Trabajamos por años en conjunto con más de 100 organizaciones de la sociedad civil en la ley de convivencia vial, como pocas en nuestro país fue una política ciudadana, que ha sido técnica y políticamente mal implementada. Solo a modo ejemplar, a dos años de su vigencia, de los tres reglamentos que preveía la ley y que debían estar dictados 18 meses después de su publicación sólo hay uno y, aún no se cuenta con dos tan relevantes como el de condiciones físicas y de operación de ciclovías y el de elementos de seguridad. A ello, se suma la deficiente implementación de infraestructura de ciclovías; cero avances en estacionamientos gratuitos integrados a metro, buses, ferrocarril, dependiendo de la ciudad; y, falta de fiscalización de la velocidad máxima. Todos temas que como órgano rector en tránsito y transporte, deben ser liderados y coordinados por el ministerio.
Este retroceso tiene una consecuencia fatal. Según datos de Conaset en 2020 falleció un 22% más de ciclistas que en 2019, alcanzando a 109, lo que es más grave considerando las restricciones de la pandemia que redujeron la movilidad. Lo anterior, con la proyección técnica de que una ley de convivencia bien implementada, habría permitido rebajar en un 30% las personas fallecidas y lesionadas.
Este es el lamentable legado que no permite a nuestro país conmemorar este Día Mundial de la Bicicleta y que nos obliga a instar a que el próximo gobierno conduzca un proceso de avance real que éste perdió la oportunidad de liderar, consolidando la convivencia vial en nuestro país.
Paola Tapia Salas, directora de Derecho UCEN y exministra Transportes y Telecomunicaciones
