Esta semana comenzó el proceso de vacunación contra el covid-19 para los adolescentes en todo el país. Según el calendario oficial del Ministerio de Salud, entre el martes y el viernes pasado debieron concurrir a recibir las primeras dosis quienes tengan 18 y 19 años; la semana que comienza mañana los de 17 y así sucesivamente hasta llegar a los 12 años.

El objetivo de ampliar este espectro de cobertura es fortalecer la inmunidad de grupo, contribuir a la reducción general de los casos de coronavirus, además de proteger a un segmento etario sobre el cual pesa un riesgo adicional: el Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico (Pims, en inglés), afección que ha sido diagnosticada en algunos niños y adolescentes que se han contagiado con coronavirus.

En las semanas anteriores, también fueron vacunados los menores de 29 años (a quienes ahora corresponderá la segunda dosis).

Se debe consignar que si bien este año el alto número de casos confirmados de covid-19 ha incrementado las cifras en todos los grupos etarios, la mayor alza se registra en la población de 10 a 19 años. En 2020, el número de positivos al virus en esta población llegó a 4.264, mientras que la cifra se elevó a 9.715 este año (al 13 de junio), es decir, un 128% más.

En efecto, llegar a la denominada "inmunidad de rebaño" no significa que se acabarán los contagios, pero sí que muchas más personas podrán enfrentar la enfermedad con consecuencias menos devastadoras y sin llegar a tener que ocupar tantas camas críticas, con el consiguiente colapso para las redes asistenciales de salud.

El llamado es, entonces, a que especialmente los jóvenes respondan a sus turnos y concurran a los centros de salud.

La campaña es voluntaria, pero también constituye una responsabilidad colectiva para enfrentar de mejor manera la crisis sanitaria, que ya se prolonga por un año y medio, trayendo todas las graves consecuencias sociales y económicas que la comunidad completa ha enfrentado y ya conoce perfectamente.

Con el fin de mejorar la calidad de la oferta de los programas del Estado, la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y la División de Control de Gestión de la Dirección de Presupuestos presentaron los resultados del monitoreo y evaluación de los programas vigentes al año 2020.

Esta iniciativa se realiza desde el año 2012 y permite identificar los elementos de la oferta programática que pueden mejorar y así, avanzar hacia una asignación más eficiente de los recursos fiscales. Los resultados de este proceso son insumos fundamentales para la formulación del Presupuesto 2022 y para mejorar la coordinación y oferta de los programas de la política social.

En los resultados del monitoreo y evaluación se evidencia que existe una gran disparidad en las problemáticas que buscan abordar los programas y los grupos que atienden. Este proceso permite entender de forma comprensiva la oferta programática y fundamentar de forma objetiva decisiones, tales como reasignar recursos o rediseñar programas, lo cual es especialmente necesario dado el creciente aumento del gasto social del último año. Además, contribuye a una discusión más informada, aumenta la confianza de la ciudadanía y del Parlamento, como contraparte de la discusión del presupuesto, respecto de las decisiones que afectan a poblaciones prioritarias.

En este estudio se dieron a conocer los resultados del proceso de monitoreo y evaluación de los 684 programas vigentes al año 2020. Del total, 469 (69%) corresponden a programas sociales y 215 (31%) a oferta no social. El costo de estos 684 programas es de US$ 34.633 millones. Los resultados de este proceso son insumos fundamentales para la formulación del Presupuesto 2022 y para orientar una mejor oferta pública del Estado, coherente en la materia.

Los programas se evaluaron en las dimensiones de eficacia, eficiencia y focalización. Un 52% de los programas declara que su desempeño fue afectado por el contexto sanitario por el Covid. A su vez, existen 15 programas que representan el 68% del gasto de la oferta pública, de los cuales 12 presentaron observaciones en el proceso. Debiera ser prioritario que en futuras evaluaciones estos programas no presenten observaciones dada la magnitud del gasto involucrado, habiéndose superado las actuales.

Ante el creciente aumento del gasto social gatillado por los requerimientos de la emergencia sanitaria, este tipo de iniciativas son muy necesarias para que se evalúe el correcto uso de los recursos públicos y se cuente con una oferta programática del Estado que contribuya a un mejor cumplimiento de los propósitos que se plantean y se generen las mejoras oportunas que los programas requieren. Es muy importante que este tipo de información técnica y objetiva permita mejorar la toma de decisiones en los servicios públicos y en la discusión en el Parlamento para que, de esta forma, se rediseñe y reasigne la oferta programática del Estado.

Finalmente, dado la relevancia que tiene este tipo de proceso para mejorar la eficiencia del Estado, se debe velar porque el esfuerzo de contar con las evaluaciones para toda la oferta programática, trascienda a la administración de turno.

Frank Sauerbaum Diputado por Ñuble

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