Insistiendo en la necesidad de "iniciar un camino de superación del modelo de desarrollo actual", que transite "hacia una base productiva que deje el extractivismo y pueda basarse en la agregación de valor, generación de conocimiento y tecnología, con empleos de mejor calidad y con mejores salarios", la economista Javiera Petersen ahondó en el programa económico del candidato presidencial Daniel Jadue (PC).

La asesora del abanderado, en entrevista con Pulso TV, precisó los dichos del alcalde de Recoleta, cuando señaló que las empresas "incapaces de pagar sueldos dignos" no deberían existir. "No hizo referencia particularmente a las pymes", señaló aclarando que se refería a empresas mineras, por ejemplo, que ganaron en el "superciclo" de las materias primas a costas de productividad, pocos salarios y sobreuso de recursos naturales.

"Entonces, empresas que hoy día solo son viables porque pagan pocos salarios, probablemente no van a ser parte del modelo de desarrollo económico, pero esas no son las pymes. Vamos a hacer un apoyo sustantivo no solo para que puedan hacer pie al pago del salario mínimo, sino que también un programa muy importante de aumento de capacidades productivas, tecnológicas que hay dentro de este segmento económico", explicó.

La experta, además, enumeró los pilares que compondrían la reforma tributaria contenida en el programa de gobierno del PC: cambio de impuesto a la renta; reducción de exenciones y otros privilegios tributarios; royalty a la gran minería; impuestos patrimoniales y fortalecimiento de medidas contra la evasión .

COREA DEL SUR

Consultada sobre el modelo de desarrollo que buscan importar, desde la experiencia internacional, Petersen mencionó el caso de Corea del Sur como emblemático, al transitar desde una agricultura de subsistencia a una economía tecnologizada y de valor, aunque precisó que "una de las cosas que hay que tener en claro en cuanto a políticas desarrollistas es que no hay una receta universal. Uno tiene que adecuarse a las especificidades políticas, históricas, de la matriz productiva actual de cada país (…) No vamos a inventar la rueda, vamos a seguir lo que hicieron todos los países que condujeron un desarrollo exitoso", agregó la economista.

En la hasta ahora jornada más tensa desde el inicio de la Convención Constitucional, y con una discusión y votación que acaparó la agenda del día, finalmente la mayoría de los convencionales (105 contra 34, y 10 abstenciones) aprobó emitir una declaración sobre los detenidos en el marco de la revuelta social de 2019, haciéndola extensiva para clamar por la llamada "desmilitarización del Wallmapu".

Tras una votación fallida de una propuesta inicial de declaración emanada desde la Lista del Pueblo, se sometió a escrutinio un texto elaborado por representantes del Frente Amplio, Partido Comunista, Partido Socialista e independientes, que fue finalmente aprobada.

La declaración

En ella, la Convención declara que el órgano "sin pretender interferir ni arrogarse las competencias o atribuciones de otros poderes del Estado, tiene la responsabilidad política de pronunciarse frente al país en relación con estas situaciones contingentes que, claramente, contravienen el espíritu que guía su trabajo: asentar un camino de paz y justicia social para todas y todos los habitantes de nuestra comunidad política".

En concreto, en el pronunciamiento, piden la "máxima celeridad" a la tramitación del proyecto de Ley de Indulto General en el Senado; además, que el Gobierno dé suma urgencia a la iniciativa.

Junto con un proyecto de ley de Reparación a Víctimas de DD.HH. también piden la "inmediata desmilitarización" del territorio mapuche; el retiro de las querellas en base a la Ley de Seguridad del Estado; aplicación retroactiva desde 2001 del indulto para presos mapuche entre Biobío y Los Ríos; y la implementación de una política de justicia que "contribuya a la reparación integral de los perjuicios y los daños sufridos, de forma individual y colectiva, para quienes han sido víctimas de persecución, prisión política y vulneración sistemática a los derechos humanos".

declaración de "los 37"

Tras el inicio de la sesión, enmarcada por las disculpas por los "errores" de la jornada del miércoles en palabras del vicepresidente, Jaime Bassa, la mañana estuvo marcada por un intenso debate previo sobre la declaración.

Mientras convencionales como Fernando Atria señalaban que la misma Convención "se debe a los presos de la revuelta", calificando como "incoherente" celebrar el proceso constituyente sin al menos revisar la situación procesal de quienes la hicieron posible durante el estallido; otros, sobre todo de Vamos por Chile, reiteraban que el pronunciamiento requerido excedía las atribuciones del órgano. "El mandato es claro: redactar una nueva Constitución. Hemos hecho el soberano ridículo", clamó Arturo Zúñiga.

De hecho, el conglomerado profundizó su posición y en una declaración firmada por los 37 representantes del sector, indicaron que "nunca aceptaremos que en Chile existan presos políticos", agregando que les parece "injusto decir que estamos aquí por la ´revuelta'. Hacer de la violencia la única verdad no solo es excluyente, agresivo y sectario, sino profundamente injusto".

"Cada constituyente puede solicitar, individual o colectivamente, el respeto de un derecho humano como es el justo y debido proceso. Sin embargo, a la Convención Constitucional no le corresponde invadir facultades de otros poderes del Estado ni adjudicarse atribuciones que no le ha entregado la ciudadanía", indican "los 37".

SQuELLA, MEDIADOR

Agustín Squella trató de moderar posiciones ante la tensión. "No procede que el sector conservador del país repruebe a todos los privados de libertad. Pero tampoco procede que otro sector del país aplauda y absuelva a todas esas personas sin conocer la situación particular de cada una de ellas", dijo, sugiriendo -junto a otros representantes- pedir más antecedentes de los casos al Poder Judicial, tal como en la víspera había solicitado la Comisión de Constitución del Senado.

Tras la aprobación de la declaración, el subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli, criticó a la Convención: "Decían que había que indultar a las personas que estaban privadas de libertad para dar señales políticas. ¿Acaso vamos a declarar impunes a aquellos que entraron a saquear a una ferretería y golpearon a los trabajadores allí presentes? Creo que las señales tienen que ser claras".

105 votos a favor tuvo la segunda declaración revisada por la Convención, elaborada por uno de los bloques.

Tras el anuncio del PC de que acusará constitucionalmente al ministro de Segpres, Juan José Ossa, el secretario de Estado dijo que "es momento de trabajar y no de invertir horas legislativas en acusaciones" y agregó que "ojalá no prospere". Además, defendió el criticado nombramiento de Catalina Parot como secretaria ejecutiva de la Convención. Desde el Senado también golpearon al ministro. "El país está cansado de que estos ministros incapaces de hacer las cosas mínimas para que funcione la Convención vengan a echarle la culpa a otros", dijo el vicepresidente Jorge Pizarro, profundizando el quiebre con el Gobierno, tras el impasse del martes.