Un gran remezón electoral generó la resolución del Servicio Electoral (Servel) conocida la noche del jueves que rechazó 226 candidaturas inscritas por los conglomerados políticos para las elecciones parlamentarias y de consejeros regionales de noviembre próximo.

La definición del ente electoral afecta a aspirantes de un amplio espectro de fuerzas políticas, pero especialmente a los de Apruebo Dignidad (96) y del Frente Social Cristiano (90), donde se incluyen nombres del Partido Republicano.

A través de un comunicado, ayer el Servel señaló que tras notificar la impugnación a los partidos, las colectividades "disponen de un plazo adicional de cuatro días hábiles para efectuar las correcciones", instándolos -según sea el caso- a corregir, retirar o declarar nuevas candidaturas.

Entre las causales de rechazo de las candidaturas estuvo que algunas declaraciones no fueron realizadas por todos los partidos de un pacto; la falta de declaraciones juradas ante notario; o falta de información sobre cuentas bancarias.

fuertes CRÍTICAS

Como un "atentado contra la democracia" y sabotaje" calificó ayer el Partido Republicano, en una vocería del exdiputado Rojo Edwards, la resolución del Servel, apuntando a su Consejo Directivo como un espacio "cuoteado políticamente por los viejos partidos".

"Apelaremos al Tricel y nos reservamos todas las acciones legales para que se asuman responsabilidades (…) hicimos las cosas bien, a tiempo, inscribimos el Frente Social Cristiano con más de dos semanas de anticipación. No podemos aceptar responsabilidades por errores que no son nuestros", añadió el candidato a senador.

Desde el bloque que agrupa al PC, al partido FRVS y al Frente Amplio, en tanto, a través de un comunicado apuntaron también contra a Servel, instándolo "a rectificar esta grave situación producto un error inexcusable de su parte, por cuanto a pesar de ser informados y advertidos, oportunamente, de la falla de la plataforma, igualmente se dictaron resoluciones que afectan gravemente nuestras candidaturas".

Añadieron que ayer se entregó al Consejo Directivo y al director del organismo "un requerimiento detallado de reposición de las candidaturas de Apruebo Dignidad que fueron rechazadas".

"Ley corta"

La postura del bloque había sido reforzada por el candidato presidencial Gabriel Boric, quien aseguró que "todas las candidaturas de Apruebo Dignidad se inscribieron en forma y tiempo y por lo tanto no me cabe duda que esto se va a resolver", descartando -aunque al mismo tiempo reconoció que habría que evaluarlo- la posibilidad de solucionarlo legislativamente a través de una ley corta: "Hay que seguir las instancias que correspondan en el Tricel".

El presidenciable de Chile Podemos +, Sebastián Sichel, dijo creer la versión de los partidos en cuanto a que "hubo un error del Servel", y pidió al organismo pronunciarse y no impulsar soluciones con leyes especiales. "Los privilegios no pueden existir", apuntó.

La senadora Yasna Provoste, candidata de Nuevo Pacto Social, desdramatizó los hechos, señalando que son hitos de "un proceso normal". "Lo que se tiene que hacer aquí es hacer cumplir todos los pasos", pidió.

Previo al inicio de su gira por Europa, el Presidente Sebastián Piñera, firmó ayer un proyecto de ley que crea el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, que se enmarca en los esfuerzos por impulsar una reforma a Carabineros.

Esta nueva repartición nacerá de la separación del Ministerio de Interior y, según explicaron las autoridades presentes en la ceremonia desarrollada este viernes en el Palacio de La Moneda, busca impulsar un nuevo paradigma de seguridad acorde al siglo XXI, "poniendo a las personas en el centro de la seguridad, precaviendo riesgos, peligros y amenazas que puedan afectar la integridad física y psíquica de las personas y sus bienes personales".

El mandatario aseguró que, en materia de seguridad pública, "la respuesta del Estado debe ser anticipativa y reactiva", reaccionando "ágil y eficazmente cuando se afecta la seguridad de las personas".

En la instancia, en la que estuvieron los ministros de Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, y de Justicia, Hernán Larraín, se explicó además que el objetivo de este nuevo ministerio será promover la coordinación interinstitucional del Estado, más allá de una mirada solo en torno a los delitos, añadiendo un foco de evaluación permanente de los riesgos del país en la materia.

"Requerimos una respuesta estatal completa, que supere la lógica que entiende a las policías como las exclusivas encargadas de la seguridad, y que parta de la base que esta función debe recaer en un sistema de seguridad pública, encabezado por un ministerio especializado y técnico", añadió el jefe de Estado.

La nueva repartición, que debe ser tramitada en el Congreso, sumará autoridades a nivel regional, pues contempla la existencia de seremis de Seguridad Pública. A ellos se sumarán Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, la Agencia Nacional de Inteligencia de Chile y la Agencia Nacional de Ciberseguridad que dependerán de este ministerio.

Por su parte, el ministro Delgado explicó que hoy "Interior tiene un triple rol: jefe de gabinete político, un rol que tiene que ver con gobierno interior y además el tema de seguridad", añadiendo que "en el futuro, se separan los roles y queda un ministro exclusivamente para el tema de seguridad", ello con el fin de "profundizar el esquema de seguridad a nivel nacional" y "fortalecer las estrategias de prevención".

"La seguridad no tiene color político y la delincuencia no se va de vacaciones cuando termina un gobierno. Llegó la hora de que actuemos unidos y con el sentido de urgencia para hacer que la delincuencia retroceda y la seguridad avance", cerró el Presidente.

Aunque en la víspera el canciller chileno, Andrés Allamand, había señalado que prefería no entrar en "un debate público", ayer el Presidente Sebastián Piñera se refirió una vez más a la actual discrepancia con Argentina tras la actualización de la carta oceánica. "Estamos ejerciendo nuestros legítimos derechos, como una política de Estado que la hemos conversado con todos los expresidentes, en plena conformidad con el derecho internacional, con la Convención del Mar y con el Tratado de Paz y Amistad con Argentina", dijo, señalando que existe una "sobre oposición" con el país trasandino que debe resolverse "como lo hacen países que actúan con sabiduría y con prudencia: a través del diálogo y los acuerdos".