Redacción

Dos nuevos hechos de violencia se produjeron este miércoles en la macrozona sur, a menos de 24 horas de los ataques armados que el martes cobraron la vida de un trabajador forestal en Cañete y de un agricultor en Angol.

El conductor de un camión que circulaba en la ruta que une Lumaco con Los Sauces, en la región de La Araucanía, fue atacado a balazos por un grupo de encapuchados, resultando herido con impactos de bala en su rostro.

Según la información disponible al cierre de esta edición, el hombre identificado como Mauro Paolo Aguilar Reyes, de 23 años, logró mantenerse a bordo del vehículo llegando por sus medios al Cesfam de Lumaco. Desde ahí fue trasladado al Hospital de Victoria y posteriormente al Hospital de Temuco.

En otro hecho, un ataque incendiario afectó a una faena forestal en el sector de Quetre, comuna de Galvarino, en La Araucanía. El martes en la noche seis encapuchados ingresaron a un fundo, amenazando con armas largas a los trabajadores y al dueño del predio.

De acuerdo a Carabineros, los sujetos efectuaron disparos y quemaron cosechas, maquinarias y vehículos. Las personas que trabajaban en el lugar lograron escapar sin resultar heridas.

Frente a los hechos violentos de los últimos días, el fiscal nacional, Jorge Abbott, aseguró que el Ministerio Público está haciendo su trabajo en coordinación con las policías. Pero advirtió que el problema requiere un tratamiento que va más allá de la persecución penal.

"Hay allí un problema de fondo mayor, que requiere una solución que excede por mucho la respuesta del sistema penal. Nuestra obligación, nuestro compromiso, es llevar adelante las investigaciones de modo tal de poder sancionar a quienes incurren en actos de tanta violencia como los que hemos presenciado en los últimos dos días, pero eso no va a solucionar el conflicto que afecta a la macrozona", afirmó.

El martes en Cañete, región del Biobío, el trabajador forestal César Millahual Cayupe (22) falleció tras ser baleado por desconocidos que ingresaron a una faena donde manejaba una máquina.

El mismo día en Angol, el agricultor Joel Ovalle (68) murió producto de los disparos que le propinaron desconocidos cuando viajaba en su camioneta.

En ambos casos la Fiscalía ordenó una serie de diligencias a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hay detenidos.

Durante los últimos dos años el funcionamiento del sistema de educación superior ha estado marcado por los efectos de la pandemia, que obligó a los planteles académicos a implementar plataformas digitales para seguir educando a sus alumnos.

No obstante, a comienzos del segundo semestre del 2021, las casas de estudio comenzaron a normalizar la situación y pasaron de las clases online a un gradual regreso a las presenciales, debido a los altos niveles de vacunación y al control sanitario de la pandemia.

Esa es una de las razones que explica la caída en el número de reclamos y denuncias presentadas contra las casas de estudios en los últimos 12 meses, según indicó la Superintendencia de Educación Superior (SES), que desde 2019 es la institución encargada de resolver los conflictos que surjan al interior del sistema.

En este sentido, en 2020 la plataforma digital de Atención Ciudadana de la SES, www.sesuperior.cl, recibió un total de 4.148 casos, mientras que en 2021 ingresaron 4.056, registrando una baja de 2,2% respecto al año anterior, con un promedio de 338 requerimientos mensuales y un peak de 587, que se produjo en marzo debido a los problemas asociados al inicio del año académico.

"En los últimos tres meses de 2021 el promedio de casos cayó en un 33%. Esto, sin duda coincide con que, a partir de agosto del año pasado, las instituciones de educación superior comenzaron a retomar las actividades presenciales", señaló el superintendente de Educación Superior, Jorge Avilés.

Universidades lideran

La universidades lideraron el ranking de reclamos en contra de planteles académicos, con el 60,5% del total de los casos, mientras que institutos profesionales bajaron 10 puntos porcentuales su nivel de conflictividad frente a 2020.

Asimismo, seis de cada 10 presentaciones que ingresaron a SES en 2021 culminaron con resultado favorable para el reclamante. Cabe destacar que los problemas académicos fueron los temas más reiterado entre los reclamos.

Finalmente, la Región Metropolitana concentró el 62,8% del total de reclamos y denuncias ingresadas a SES, con una baja en 2021 de casi cuatro puntos porcentuales respecto a 2020. Le siguió Valparaíso, con 8,36% y Biobío con 7,35%.

Tres instancias de la ONU pidieron al Estado chileno "reparar" a las 200 mujeres que quedaron embarazadas tras consumir anticonceptivos defectuosos entregados por el sistema público de salud, informó este martes la ONG internacional Women's Link Worldwide.

Se trata del Grupo de Trabajo Contra la Discriminación de las Mujeres de Naciones Unidas, la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la salud física y mental y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de Naciones Unidas.

"Los tres mecanismos le solicitaron a Chile adelantar un estricto control para garantizar la calidad y eficacia de las pastillas anticonceptivas y ampliar el marco legal para el acceso a los servicios de aborto en el país, especialmente en casos como este, derivado de una negligencia del Estado", afirmó María Cecilia Ibáñez, abogada de la organización.

En cuanto a las mujeres afectadas, "pidieron acompañar las maternidades no planeadas, a través de ayudas económicas que les permitan a las mujeres retomar sus proyectos de vida y la crianza de los niños y niñas", añadió Ibáñez.

El escándalo se hizo público hace un año cuando los medios de comunicación se hicieron eco de los testimonios de varias mujeres que denunciaron haber quedado embarazadas pese a estar sometidas a tratamientos anticonceptivos con Anulette CD en centros de salud públicos.

El Instituto de Salud Pública (ISP) impuso semanas después una multa de 66 millones de pesos a dos laboratoratorios por fabricar y distribuir las píldoras defectuosas.

Demanda al estado

Paralelamente, la Corporación Miles, que representa a las mujeres afectadas, inició una mediación con el Estado chileno, que ha terminado fracasando "ante el rechazo de nuestro piso mínimo de negociación", indicó la organización este mismo martes en la noche.

"Tras la frustración de la mediación, en Corporación Miles presentaremos una demanda contra el Estado, en busca de que los tribunales de justicia le obliguen a tomar medidas de reparación y no repetición en este tipo de casos", añadió la entidad.

Muchas de las afectadas son mujeres de escasos recursos a las que se les negó la posibilidad de abortar por no cumplir ninguna de las tres causales por las que se permite la interrupción voluntaria del embarazo en nuestro país: riesgo vital de la madre, inviabilidad fetal o violación.