La Fiscalía Local de Chillán inició una investigación por presunto tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, para aclarar la situación que afecta a un grupo de haitianos y bolivianos que fueron hallados en condiciones de hacinamiento y que trabajan en la recolección de arándanos en un predio del sector Camino Las Mariposas, Chillán.
El fiscal Florentino Bobadilla se constituyó en los lugares de alojamiento de estas personas extranjeras en compañía de funcionarios de la PDI quienes están a cargo de las indagatorias.
"Iniciamos una investigación que tiene como finalidad determinar si existe delito en la situación que les afecta y si es así determinar eventuales responsables. Estamos tomando declaraciones a las víctimas y otras personas de interés investigativo", precisó el fiscal Florentino Bobadilla.
El jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Chillán, subprefecto Víctor Morales, planteó que se logró Fiscalizar la cantidad de 126 personas, entre los cuales se encontraban 32 chilenos, 10 haitianos y 84 bolivianos. "Verificada su documentación, de los 10 haitianos, ocho tenían situación irregular en territorio nacional; uno con notificación pendiente de expulsión y siete infringiendo el artículo 71° de la Ley de Extranjería, por no renovar visa. Además, había 84 bolivianos que están infringiendo el artículo 69° de la Ley de Extranjería, por ingreso clandestino", dijo el oficial de la PDI.
Respecto a las personas oriundas de Bolivia, se determinó que recogían arándanos, por el cual recibirían un pago de acuerdo a los kilos de frutos que obtuviesen en su jornada laboral, ubicándose también los dos inmuebles en que habitaban, constatando que, en una vivienda, habilitada con un galpón, estaban pernoctando los inmigrantes, "sin tener las condiciones higiénicas básicas", según describió el subprefecto Morales.
Denuncia
Christian Maldonado, seremi (s) de Salud de Ñuble precisó que la fiscalización se originó luego de una denuncia ingresada vía OIRS a la Autoridad Sanitaria, la cual refirió condiciones laborales deficientes y presencia de trabajadores extranjeros irregulares.
Todos estos hechos fueron denunciados por la PDI a la autoridad administrativa, en tanto informaron al Ministerio Público, que entregó una orden de investigar para determinar el origen del ingreso de las personas inmigrantes. Asimismo, la Seremi de Salud cursó un sumario en la vivienda ubicada en el Parque Lantaño donde vivían los ciudadanos bolivianos.
Empresa
A través de una declaración pública, la empresa Carsol Fruit S.A. precisó que "el día miércoles 19 de enero, la SeremiI de Salud de Ñuble y la Policía de Investigaciones de Chile llevaron a cabo un procedimiento de fiscalización en un predio de propiedad de nuestra compañía", agregando que "en dicha fiscalización se dio inicio a una investigación por la autoridad competente, respecto de trabajadores de una empresa contratista que aparentemente se encontrarían en situación migratoria irregular."
"Al respecto, nos vemos en la necesidad de informar a la comunidad que esta circunstancia escapaba completamente del conocimiento de Carsol Fruit S.A, por cuanto estos trabajadores estaban contratados por una empresa contratista externa.Debemos hacer presente que es absolutamente falso que trabajadores, cualquiera sea su condición, pernocten en dependencias de la compañía. Lamentamos profundamente vernos involucrados en este asunto, por cuanto Carsol Fruit S.A. como empresa mantiene un compromiso irrestricto para con todos y cada uno de nuestros colaboradores y colaboradoras y la calidad de sus estándares laborales - estándares que hemos mantenido desde hace 30 años, y por los que hemos recibido múltiples reconocimientos dentro de la región de Ñuble", recordaron desde la firma, quien junto con manifestar su preocupación por las personas que fueron fiscalizadas y esperar que su situación se normalice lo antes posible, "reiteramos nuestra absoluta disposición para colaborar con las autoridades en el desarrollo de las investigaciones en curso", indicaron.
"Iniciamos una investigación que tiene como finalidad determinar si existe delito en la situación que les afecta".
Florentino Bobadilla, Fiscal a cargo de la investigación
