En prisión preventiva quedaron los cuatro ciudadanos venezolanos que el martes agredieron a dos funcionarios de Carabineros en el sector de Cavancha, en Iquique, en medio de un procedimiento por presunto tráfico de drogas que fue registrado en el video de un celular en el cual se observa una fuerte agresión de puños y pies a los uniformados.

Uno de los policías resultó con fractura nasal y dental al ser golpeado con una manopla, por lo que debió ser trasladado por vía aérea al hospital de la institución en Santiago.

Los cuatro detenidos fueron formalizados ayer por los delitos de tráfico de drogas y maltrato de obra a Carabineros. El magistrado del Juzgado de Garantía de Iquique, Vicente Muratori Quezada, aseguró que los individuos "actuaron de forma concertada" y que "querían evitar la incautación" de un bolso con sustancias ilícitas.

Al fundamentar la decisión de dejarlos en prisión preventiva, el juez dijo que "la forma de comisión del delito, haber actuado en grupo pandilla, el ser imputados por más de un delito, causa una inseguridad tremenda en la sociedad (…) Los ciudadanos de Tarapacá tienen miedo de caminar por ese mismo lugar donde fueron detenidos".

El gobierno condenó la agresión y aseguró que los involucrados serán devueltos a sus países de origen, independiente de lo que ocurra con la causa penal.

"He dado instrucciones precisas al delegado presidencial de Tarapacá de que inicie el proceso de expulsión de estas cuatro personas que fueron detenidas por agresión a Carabineros", dijo el ministro del Interior, Rodrigo Delgado.

"No vamos a permitir que se les falte el respeto a nuestros carabineros", agregó el secretario de Estado, señalando que "estas personas serán expulsadas de igual manera, vale decir si tienen condena o no la tienen". Más tarde insistió en que "la decisión de expulsar a estas cuatro personas es a todo evento" y que los trámites para concretarlo se realizarán "lo antes posible".

Lo anterior, sin embargo, choca con los tiempos judiciales, ya que el tribunal decretó un plazo de 90 días para realizar la investigación.

Boric: "inaceptable"

El presidente electo, Gabriel Boric, también se refirió al hecho, calificándolo como "inaceptable". El futuro mandatario añadió que "el tema de la seguridad es prioritario para las familias, quieren recuperar los barrios".

Boric aseguró que ha conversado sobre el tema con el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. "Tenemos que dotar de mayor eficacia a las policías en las denuncias, fortalecer los aspectos culturales de vida comunitaria para quitarle las calles a la delincuencia y al narco también", indicó.

En tanto, la máxima autoridad policial se comunicó con los funcionarios afectados para manifestarles el respaldo de la institución y ofrecerles apoyo jurídico. "No puede salir gratis pegarle a un carabinero", planteó en esa conversación.

Tras los hechos del martes, el alcalde de Iquique, Mauricio Soria, viajó a Santiago para intentar reunirse con el ministro del Interior. Sin embargo, Rodrigo Delgado no pudo recibirlo, ni tampoco el subsecretario Juan Francisco Galli. Finalmente sostuvo un encuentro con la subsecretaria de Prevención del Delito, María José Gómez.

A su parecer, el problema está íntimamente relacionado con la migración irregular que se produce en la Región de Tarapacá. "El problema que tenemos como país, es que están entrando y saliendo personas sin ningún tipo de control", planteó en radio Biobío.

El edil aseguró que el Departamento de Extranjería no ha realizado una adecuada labor en la zona, donde se produce un "embudo" de ingresos ilegales. "Se tiene que considerar a Iquique y Alto Hospicio como ciudades fronterizas porque hay tráfico de personas, armas, drogas y autos", declaró en Chilevisión.

Estado de Excepción

La bancada de diputados de la UDI solicitó al gobierno que decrete Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en la Región de Tarapacá, ante los hechos de violencia en que se han visto involucrados ciudadanos extranjeros. "Es la única alternativa que tenemos para enfrentar esta ola de delincuencia y de violencia que nos afecta", dijeron los diputados Juan Antonio Coloma y Renzo Trisotti. A su juicio "en Iquique estamos viviendo una situación tan igual o incluso peor" que en la macrozona sur.

Pese a que durante el martes dejaron casi listo para despacho el proyecto de ley de amnistía para los denominados presos de la revuelta, ayer se confirmó en la comisión de Constitución del Senado tras definir el periodo que se considerará para aplicar el perdón.

En la instancia se definió que será para delitos cometidos entre el 7 de octubre de 2019 y el 9 de diciembre de 2020, ambos días inclusive, y cumpliendo con todas las determinaciones que se acordaron previamente, como por ejemplo, dejar fuera el homicidio frustrado.

Las críticas por parte del senador Rodrigo Galilea (Renovación Nacional), que votó en contra, y el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, calificando el tiempo de un "periodo excesivamente largo", no fueron suficientes para evitar que se aprobara la duración propuesta.

También se dio el visto bueno al artículo 3, que establece que, para ser considerado en el antes llamado indulto, solo podrán considerarse delitos cometidos "en el contexto de manifestaciones o desórdenes públicos acontecidos en las revueltas sociales".

En tanto, se definió que, según cómo quedó redactado, se deberá contar con un respaldo de 22 votos para ser aprobado el proyecto.

Por otro lado, se considera no solo a personas que estén en prisión preventiva, sino que también a quienes ya condenadas puedan solicitar al tribunal que se revise el caso para poder acceder a esta disposición.

Además se esclareció que a quienes accedan a la amnistía no se les extingue su responsabilidad civil por los delitos a los que fueron condenados.

Fecha de votación

Aunque ayer fue despachado por la comisión, en el Senado aún no se establece una fecha para votar el proyecto, y lo más probable es que se haga en marzo, cuando retornen los parlamentarios al congreso. Ayer fue el último día legislativo y la tabla de la sesión de Sala ya estaba establecida, por lo que no se consideró.

Según el presidente de la comisión, Pedro Araya (independiente-PPD), será "resorte de los acuerdos del comité" si es que se cita a una sesión especial para revisar esta iniciativa.

El senador de la Circunscripción II aseguró que no tiene urgencia en el Gobierno, y dijo que el informe elaborado por la secretaría "estará listo en la medida que los comités lo soliciten".

Polémica causó dentro de la Convención Constitucional la postura de la Corte Suprema, que respondió a la idea de limitar la temporalidad del cargo en jueces del Poder Judicial.

La ministra Ángela Vivanco, vocera del máximo tribunal, señaló que la iniciativa vulnera el principio de inamovilidad que tienen los miembros.

Sus palabras generaron incomodidad dentro del organismo constituyente, pues cuestionaron que podía afectar la autonomía del órgano. Los constituyentes Manuela Royo y Mauricio Daza expresaron que era "intromisión indebida".

Pero ayer la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, reafirmó la autonomía que poseen: "No creo que esté en riesgo, porque todos los poderes del Estado han reafirmado la autonomía de esta Convención Constituyente".

"Valoramos y respetamos la autonomía de los poderes. Por supuesto esta Convención es autónoma y se van a dar los procesos de conversación y diálogos que se determinen en cada comisión", agregó.

Sin embargo, dijo que "nos parece positivo que cualquier actor de la sociedad presente su moción, pueda insumar a las distintas comisiones al igual que lo hacen todas las personas de este país".

En tanto, el vicepresidente del órgano, Gaspar Domínguez, señaló que "yo diría que la voz de los jueces y los ministros de la Corte Suprema, es una voz más dentro de la discusión puesto que son personas con vasta trayectoria y es razonable escucharlos".

"Lo más importante es precisar y dejar en claro que las decisiones finales de esta discusión las tendrán los propios convencionales de esa comisión, luego el pleno y la ratificación por la ciudadanía en el plebiscito", añadió.

Cabildos penitenciarios

También ayer, el ministerio de Justicia firmó un convenio de participación con la Convención para que personas privadas de libertad sean parte del proceso constituyente a través de cabildos en 38 cárceles del país.