Día del Amor... y la Energía
Este 14 de febrero, coincidentemente con el Día del Amor y la Amistad, se celebra el Día Mundial de la Energía. Una fecha que recordamos en el sector energético con alegría, porque si vemos los últimos números del informe del Coordinador Eléctrico Nacional nos damos cuenta del buen pie en el que nos encontramos.
La capacidad instalada es de 30.862 MW, y 19.971, 6 de ellos corresponden a centrales convencionales, mientras que 10.890,4 a fuentes de energía renovable. Estos números, de acuerdo con lo señalado por todas las autoridades y observando el plan hacia el año 2035, irán en aumento para potenciar las energías limpias y convertir a Chile una potencia. Recordemos que se espera que en solo 13 años más, el país cuente con un 60% de la matriz totalmente verde.
Actualmente, el 18,1% de la generación corresponde a energía solar, mientras que el 10,2% es eólica. Cabe destacar además que a la fecha existen 58 proyectos en pruebas, de los cuales 58,9% corresponde a fuentes fotovoltaicas.
Contar con una matriz de generación limpia y moderna es un anhelo que el Estado ha transformado en ineludible con la serie de compromisos que ha anunciado desde hace al menos unos cinco años. Y es un regalo que las futuras generaciones deben saber conducir para transformar al país en un ejemplo para el continente y el mundo. Sin duda, las ERNC son el mayor acto de amor que podemos darle a la tierra que nos vio nacer.
Víctor Opazo Carvallo, CEO de Solek Chile
Alimentación como derecho
Entre las iniciativas populares de norma, a través de las cuales los convencionales han podido conocer el sentir de la ciudadanía y sus intereses para llevarlos a la nueva Carta Magna, hay tres que tienen como eje que la alimentación debe ser garantizada por el Estado. Si bien esto ya se encuentra dentro de la Declaración Universal de Derechos Humanos, no está de manera explícita en la actual Constitución.
Tanto en las propuestas presentadas a la Convención como en las definiciones de la FAO, esto va mucho más allá de una ración de comida que permita subsistir. La alimentación es una actividad vital para el ser humano, en ella se asientan, expresan y fortalecen culturas y formas de vida.
Además, es una de las mejores formas de cuidar la salud de la población. Las enfermedades producto de una mala nutrición, generan un impacto en las sociedades, por ejemplo, expertos estiman que la obesidad cuesta hoy al Estado de Chile unos 1.700 millones de dólares al año.
Más allá de que este derecho se incorpore como tal en la nueva Constitución, es importante que como país pongamos este tema como un eje central en las políticas públicas, apoyando a quienes no pueden acceder a alimentos, fortaleciendo leyes y programas que se enfoquen en educación sobre alimentación.
A su vez, el sector privado no puede alejarse de esta temática. De hecho, las empresas que generan bienestar a sus empleados son una tendencia cada vez más presente. Las organizaciones plantean la salud como una inversión y lo ofrecen como un valor añadido a sus colaboradores, lo cual es altamente valorado. En este caso, promover una alimentación saludable desde la cultura corporativa también es relevante y puede alentar a una mayor productividad, como también sentido de compromiso con la empresa.
Este es un rol que pueden y deben cumplir todos los integrantes de la sociedad, donde la alimentación, especialmente sana, se transforme en un derecho, además de un espacio desde el cual se pueda construir una mejor salud y encontrar nuestros orígenes.
Francisco Droguett, director de Marketing e Innovación de Sodexo
Plazo de la Convención
Según el artículo 137 de la Constitución, la Convención Constitucional "deberá redactar y aprobar una propuesta de texto de nueva Constitución en el plazo máximo de nueve meses, contado desde su instalación, el que podrá prorrogarse, por una sola vez, por tres meses". Es decir, dicha propuesta deberá estar terminada, a más tardar, el 4 de julio de 2022.
Algunos convencionales constituyentes han propuesto extender el precitado plazo a dos años o más. Un aumento del plazo establecido incrementaría los costos del proceso constituyente y prolongaría la incertidumbre jurídica; afectando negativamente a la inversión y, por consiguiente, al crecimiento y al empleo.
Atendido que los convencionales constituyentes fueron elegidos sólo por nueve meses extensibles a doce, en la eventualidad de que se aprobare una reforma constitucional que extendiera el plazo de la Convención, sería razonable que se llame a una nueva elección de integrantes de ella, siguiendo la lógica de la Cámara de Diputados; es decir, permitiendo la reelección en el cargo de los que se encuentran en funciones. De lo contrario se generaría un incentivo para que los convencionales prolonguen innecesariamente en su labor..
Adolfo Paúl Latorre
