La provincia de Lima amaneció ayer martes entre la sorpresa y el desconcierto de sus habitantes en las primeras horas de un toque de queda ordenado poco antes por el Gobierno del presidente Pedro Castillo, una medida que la Defensoría del Pueblo y diversos políticos consideraron inconstitucional.
Aunque la medida afectó a unas diez millones de personas que viven en las dos provincias, excepto a los trabajadores de actividades esenciales, al amanecer de ayer martes numerosos ciudadanos se mostraron sorprendidos y se reunieron en paraderos, sobre todo en las zonas periféricas de la ciudad.
A las paradas en grandes avenidas en la ciudad solo llegaron algunos autobuses de la Policía Nacional para recoger a personas que buscaban un transporte, como en el distrito de Santa Anita, en el este de la capital peruana.
La Carretera Central, la principal autopista que une a Lima con el centro del país que, fue bloqueada el lunes en algunos tramos por manifestantes, también lucía desierta y con personas esperando la eventual aparición de alguna medio de transporte.
A pesar de ello, la emisora RPP reportó que el Mercado Mayorista de Santa Anita, el más grande de Lima, inició sus actividades con normalidad y que decenas de vehículos ingresaban para comprar productos para abastecer sus puestos y tiendas.
Defensoría reclama
En medio de ese escenario, la decisión del Ejecutivo fue calificada de "inconstitucional" por la Defensoría del Pueblo, que en un pronunciamiento remarcó la "ausencia de una debida motivación y por ser absolutamente desproporcionada en relación a los hechos de protesta social registrado en Lima y Callao".
El toque de queda fue adoptado por el Consejo de Ministros en respuesta al paro de transportistas que cumplió una semana el lunes pasado, una jornada durante la que se vivieron cortes puntuales y temporales en algunas de las carreteras del país.
Castillo detalló que la inmovilidad ciudadana (toque de queda) se mantendría desde las 2 de la mañana hasta la medianoche de ayer "para resguardar los derechos fundamentales de todas las personas, lo cual no impedirá el abastecimiento de los servicios esenciales".
Asimismo, decretó el estado de emergencia en Lima y Callao, "suspendiendo los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y tránsito".
La norma solo exceptúa de la inmovilización al personal de servicio de salud, agua, saneamiento, energía eléctrica, combustibles, telecomunicaciones, limpieza, servicios funerarios, transporte de carga y mercancías.
Además, solo se permite la atención de las farmacias y el trabajo de la prensa debidamente acreditada, así como la movilización para la atención de urgencias médicas.
Al respecto, la Defensoría del Pueblo aseguró que esta medida no toma en cuenta los "severos impactos" que causará a las trabajadoras y los trabajadores de la capital peruana, por lo que pidió al Ejecutivo que la deje sin efecto de forma inmediata.
La primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones, manifestó su desconcierto ante la decisión y rechazó que el Ejecutivo tome "estas decisiones tan insensatas, que da claras muestras de incapacidad".
Durante estas protestas han fallecido cuatro personas, por circunstancias derivadas de los bloqueos, mientras que al menos otras veinte han sido detenidas.
