Cerca de 49 millones de electores están llamados a las urnas este domingo en la primera vuelta de las presidenciales en Francia.

Según los últimos sondeos, los dos primeros serán los mismos que en 2017: el europeísta y liberal Emmanuel Macron, que lograría en torno al 26% de votos, y la ultraderechista Marine Le Pen, con cerca del 24%.

El presidente francés, favorito para la renovación en el cargo, descalificó ayer a su rival tratándola de "racista" y "mentiroso" el programa de Le Pen, quien se le ha acercado en los sondeos en los últimos días.

En una entrevista publicada en el último día de la campaña, Macron lanzó sus dardos contra la ultraderechista, a la que acusó de "mentir a la gente".

Sobre todo, dijo que la candidata de la Agrupación Nacional (RN) defiende "un programa racista que pretende polarizar la sociedad y de gran brutalidad", y al mismo tiempo usa "una estrategia muy clara de disimulación de lo que hay de brutal en ese programa".

Asimismo, insistió en que su programa social es "mentiroso porque no lo financia", por ejemplo cuando dice que aumentará las pensiones o cuando anuncia que bajará el IVA o bloqueará los precios.

Por su parte, Le Pen contrarrestó en una entrevista en la radio France Info, en la que dijo estar sorprendida de que el presidente le acuse de racismo porque en su programa no hay una sola propuesta "que discrimine a los franceses".

Le pen se explica

En cuanto a la polémica "preferencia nacional" con la que pretende dar prioridad a los franceses cuando estén en igualdad de condiciones con un extranjero de cara a un empleo o a la atribución de una vivienda social u otro tipo de ayudas, insistió en que "eso nunca se ha considerado racismo" y en que existe algo equivalente en países como Australia o Suiza.

La candidata de derecha sostuvo que el tono "agresivo" que ha mostrado Macron con ella durante la campaña delata en realidad "el nerviosismo" del actual mandatario.

Desde hace una semana diferentes expertos han señalado una rebaja de las expectativas para Macron y un aumento de las de Le Pen.

Así, por ejemplo, OpinionWay-Kéa Partners en un sondeo publicado el jueves daba al presidente un 26 % de las intenciones de voto, cuando hace dos semanas estaba en el 30 %, mientras que a Le Pena le atribuía un 22 %, dos puntos más que hace una semana.

28 de marzo

El presidente colombiano, Iván Duque, firmó ayer la extradición a Estados Unidos de Dairo Antonio Úsuga, alias "Otoniel", quien al momento de su detención era el máximo jefe del Clan del Golfo, con lo que se hace inminente el traslado del narcotraficante a Norteamérica.

"Acabo de firmar la extradición de alias 'Otoniel', el peor narcotraficante y criminal de la historia reciente de Colombia. Las instituciones del país muestran su fortaleza y contundencia", escribió el mandatario en Twitter.

De esta manera, la rúbrica del decreto que propiciará el trámite ocurre apenas dos días después de que la Corte Suprema de Justicia avalara la extradición de "Otoniel", que fue detenido en octubre pasado en una operación militar y policial ejecutada en el departamento de Antioquia y era el último paso para hacer efectiva la decisión.

Narcotráfico

El exjefe del Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, es requerido por la Justicia de Estados Unidos por una serie de delitos relacionados con narcotráfico.

En Colombia tiene 122 órdenes de captura y seis sentencias condenatorias, entre ellas dos de 40 y 50 años de prisión, por homicidio agravado, homicidio en persona protegida, desaparición forzada, desplazamiento forzado y reclutamiento ilícito de menores.

"Lo cierto es que este delincuente se irá extraditado, cumplirá las penas por narcotráfico que tiene pendiente por la Justicia de Estados Unidos por estos crímenes transnacionales, seguirá cooperando con la Justicia colombiana y una vez cumpla su condena por narcotráfico deberá venir a Colombia a cumplir las condenas por los crímenes cometidos en el país", añadió Duque posteriormente en una declaración a la prensa.

Al cierre de esta edición, "Otoniel" se encontraba preso en Bogotá en una celda de seguridad de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía colombiana.

El pleno del Congreso aprobó una moción que exhorta al presidente de Perú, Pedro Castillo, a renunciar al cargo, a consecuencia de las protestas en su contra en distintos puntos del país, aunque no tiene efectos prácticos porque no es vinculante.

Sin embargo, pese a que la medida es solamente simbólica, desestabiliza aún más la situación que vive el país vecino a raíz de la violencia y del alza en el costo de la vida.

El Parlamento aprobó este jueves por 61 votos a favor, 43 en contra y tres abstenciones la moción 2323 que propone exhortar a Pedro Castillo a "presentar su renuncia irrevocable" al cargo de presidente de la República, que asumió hace ocho meses, "de forma inmediata por el bien moral de la Nación".

No obstante, la legisladora del Partido Morado, Flor Pablo, dijo que está a favor de que Castillo renuncie, pero la moción de exhortación, presentada por la bancada del ultraderechista Avanza País, "es un saludo a la bandera".

"Tenemos mecanismos más efectivos de control político como la interpelación al premier, pero algunos deciden no apoyarla. Ese es el contrasentido del Congreso", explicó a través de su cuenta de Twitter.

En esa misma línea, Pablo agregó que "no basta con la renuncia. Debemos aprobar las reformas que cambien las reglas de juego para que nos vayamos todos".

La parlamentaria también promueve la interpelación del primer ministro Aníbal Torres.

Por su parte, el jefe de Estado encabezó el jueves un consejo de ministros descentralizado en la ciudad de Huancayo, que fue el foco la semana pasada de las protestas de los transportistas, que derivaron en bloqueos, saqueos y enfrentamientos con el resultado de seis fallecidos y decenas de heridos a nivel nacional.

En Huancayo, Castillo se disculpó por unas declaraciones en las que afirmó que "algunos dirigentes y cabecillas" habían sido pagados para realizar el paro de transportistas que comenzó hace diez días y alentó a la población a salir a las calles a protestar de forma pacífica.

"Quiero pedir no solamente disculpas, sino también expresar mis condolencias a estas familias que en estas reyertas han perdido la vida y felicito a los dirigentes y manifestantes que salen a las calles y a las plazas como siempre lo han hecho conmigo", dijo.

Paro de transportistas

El paro de transportistas, impulsado por el alza en los precios de los combustibles, arrancó el lunes 28 de marzo en varias regiones del país, pero a él se sumaron otros gremios, como los agricultores.

Las protestas se recrudecieron primero en Huancayo, pero se trasladaron el martes a Lia, donde miles de ciudadanos salieron a las calles para desafiar un polémico toque de queda que había decretado Castillo como respuesta al paro y pedir su renuncia.

Por otra parte, Amnistía Internacional aseguró ayer que el Gobierno del presidente Castillo, "debe asegurar el uso proporcional de la fuerza" en las protestas sociales que se presentan en el país "y evitar violaciones de derechos humanos".

"Pedimos que garantice el estricto apego de las fuerzas del orden a la ley y al derecho internacional en todas las regiones del país", dijo a través de un comunicado la ONG.