Luego de una serie de ataques incendiarios y armados en la macrozona sur durante las últimas horas, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, encabezó un comité policial de emergencia en la Región del Biobío con el fin de coordinar medidas destinadas a la prevención y al combate de los hechos de violencia que aquejan a esos sectores, como ordenó en la víspera la Corte Suprema al gobierno.

La visita del subsecretario se coordinó por solicitud de la ministra del Interior, Izkia Siches, quien anunció la presentación de una querella criminal por el ataque incendiario que dejó una casa patronal destruida en la comuna de Tirúa, en la provincia de Arauco.

Monsalve aclaró que la acción interpuesta por el Gobierno será una "querella criminal por un ataque incendiario y volvemos a reiterar lo que hemos conversado en el comité policial, siempre se genera un debate respecto al estado de excepción versus la ausencia del estado de excepción. Quiero decir que el problema principal detrás de delitos de esta naturaleza es la presencia de crimen organizado".

El subsecretario planteó que en estos casos la labor del Estado es fortalecer las "capacidades de las policías para identificar y desarticular a las organizaciones criminales que están detrás del robo de madera, detrás del narcotráfico, detrás del robo de vehículos que es lo que ocurre en esta zona, así como en otros lugares".

Críticas de oposición

El viaje urgente de Monsalve obligó a suspender una reunión que estaba fijada con un grupo de diputados de oposición, quienes igualmente llegaron hasta La Moneda para entregar una carta en la que expresaron su molestia por la cancelación.

En la misiva manifestaron su "indignación porque una vez más el drama de miles de chilenos y chilenas que nosotros representamos no es prioridad para el Gobierno".

El diputado Miguel Mellado (RN) dijo que "no nos dejaron entregar la carta y tuvimos que cambiar el destinatario directamente al Presidente Gabriel Boric (...) Como no existe ministra del Interior, (el subsecretario) asume como ministro casi de facto y tiene que ir a la zona sur a hacer caso a lo que dijo la Corte Suprema y llevar algo de tranquilidad en un plan que no existe".

Y paralelamente, los diputados de la UDI Sergio Bobadilla y Flor Weisse cuestionaron la decisión del Gobierno de reactivar el proceso de compra de tierras para entregárselas a las comunidades mapuche, por tratarse de una "política fracasada".

Al cierre de esta edición, Carabineros reportó un nuevo atentado incendiario en la ruta R-49 (Collipulli / Pemehue), donde alrededor de 15 encapuchados con armas largas intimidaron a los conductores y procediendo a quemar tres camiones madereros y un camión con baños químicos.

Redacción

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, anunció ayer que el próximo miércoles 27 de abril iniciarán los "diálogos tripartitos" para definir los principios del proyecto de reforma al sistema de pensiones.

"Tenemos adelante una tarea muy relevante", dijo la secretaria de Estado para resaltar la necesidad de mejorar las actuales y futuras pensiones en Chile.

Entre los detalles que entregó acerca del trabajo que tiene por delante, Jara destacó la creación del Consejo Superior Laboral, conformado por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el Ejecutivo.

Este organismo, dijo la ministra, ha tenido dos importantes hitos en el momento de su constitución. En primer lugar se ha designado a quienes lo van a dirigir en este periodo de dos años: en la vicepresidencia doña Silvia Silva, dirigenta nacional de la CUT, y en su viecepresidencia Juan Sutil, presidente de la CPC"..

Jara agregó que el programa de Gobierno sobre la materia contempla "un sistema de pensiones que sea moderno, de financiamiento tripartito, que incorpore la cotización del empleador. El Estado ya financia una parte muy importante del sistema de pensiones contributivo y no contributivo".

Jara recalcó que el sistema que empujará el Gobierno "debe tener componentes de solidaridad y abandonar la lógica individual que ha regido en nuestro país por tanto tiempo". Tras lo cual afirmó que "este modelo debe ser mixto, debe ser sustentable en el tiempo, debe contar con institucionalidad pública y debe contar con el cumplimiento de estándares internacionales".

No interferirá en afp

La titular del Trabajo apuntó que "por sobre todo, el sistema que salga de este trabajo requiere contar con legitimidad, a fin de que la contribución, la cotización a la seguridad social, les dé sentido a las personas".

Tras ello detalló que el diseño en el que trabaja el Gobierno tiene tres pilares: uno solidario que permita avanzar hacia "una pensión básica universal para toda la población de 250 mil pesos, para lo cual la PGU (Pensión Garantizada Universal) sin duda va a servir como una base importante".

"La seguridad social se tiene que instalar en el país y es un desafío ponernos de acuerdo en cuánto va a ser esa solidaridad, en cuánto va a ser esa transferencia intergeneracional, que sin duda debe resguardar que el sistema debe ser financieramente", planteó Jara.

Se suma un pilar contributivo, que contempla la incorporación de un "ente público técnicamente idóneo" y una mayor contribución del empleador que será gradual, sumado al "reconocimiento del trabajo no remunerado y también abordar las brechas que se nos producen por la mayor esperanza de vida de las mujeres".

Habrá también un pilar voluntario en los términos en que funciona actualmente, "y habrá que buscar a lo mejor algunos elementos que lo puedan potenciar como complemento a la futura pensión".

"Esta nueva ley no interferirá en la propiedad de los fondos ahorrados hasta la fecha en el sistema de capitalización individual. Aunque se ha dicho varias veces, no está de más reiterarlo", cerró la ministra.

La morosidad de los chilenos anotó su quinta baja trimestral consecutiva en el periodo enero-marzo 2022 y el monto de estas deudas hoy es el más bajo en 48 meses, de acuerdo con un nuevo Informe de Deuda Morosa desarrollado por la Universidad San Sebastián y Equifax.

La mora promedio también continúa a la baja: descendió a $1.901.338, el menor monto de los últimos 36 meses. Con respecto a la cantidad de morosos, se produjo un alza de 1,8%, llegando a un total de 4.114.649 personas.

Nuevos morosos

Durante los meses de medición se sumaron cerca de 280 mil nuevos morosos, que equivalen al 6,9% del total de deudores.

"Si bien los nuevos morosos aumentaron su participación en los últimos 12 meses, la cifra global es muy positiva, pues tanto el número de morosos como los montos totales involucrados se ubican por debajo de lo observado previo a la pandemia y al estallido social, con un descenso del 17% de deudores morosos y del 26% de los montos observados en el peak de la pandemia", detalló Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián.

Por su parte, Ignacio Bunster, gerente Legal y de Asuntos Corporativos de Equifax Chile, comparó los datos de esta entrega con la de marzo de 2021: "Si hacemos un análisis estacional de las cifras, 135 mil personas lograron salir del registro de morosidad en el último año, lo que equivale a una caída del 3,2% en el número total de morosos, con una deuda morosa total cayendo en un 16%. Si bien se trata de datos positivos no podemos soslayar el hecho de que, como ya habíamos anticipado, ya se empieza a ver una tendencia al alza en el número total de morosos".

Finalmente, también advirtió la presencia de una masa de "deudores estructurales''. En este sentido apuntó que "la cantidad de morosos permanentes post retiros de fondos de AFP y aportes del Estado nos permite concluir que hay deudores que, tengan o no recursos, igual no pagan. Ellos corresponden al 34,1% del total de morosos a marzo de 2022".