Luego de la realización de la tercera Reunión de Política Monetaria (RPM) del año, el Consejo del Banco Central resolvió, de forma unánime, incrementar en 125 puntos base la Tasa de Política Monetaria (TPM), fijándola en 8,25% como medida para hacer frente a la inflación.

Este es el mayor nivel de la TPM desde septiembre de 2008 y, entre otros factores, obedece a la incertidumbre mundial a causa de la invasión de Rusia a Ucrania y de señales de preocupación respecto a la actividad en China.

"La evolución reciente de la inflación y sus perspectivas de corto plazo se ubican por sobre lo previsto en el IPoM de marzo. Esta situación intensifica los riesgos del escenario inflacionario, por lo que el Consejo ha decidido un aumento de la TPM que la sitúa en torno al borde superior del corredor de tasa del último Informe. Una nueva evaluación de la trayectoria de la política monetaria se realizará en el próximo IPoM" de junio, expuso a través de un comunicado la entidad presidida por Rosanna Costa.

En su análisis, el Banco Central señaló que "la inflación mundial ha seguido aumentando y los bancos centrales han intensificado el retiro de los estímulos monetarios. Esto se ha dado en un escenario en que los precios de las materias primas y los alimentos se han mantenido elevados y en que los confinamientos en China han puesto presiones adicionales sobre la recuperación de las cadenas de suministro global".

Para Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián, esta medida está en línea con la que han adoptado otros Bancos Centrales en el mundo.

Sobre el impacto que tendrá en las familias chilenas, Weber aseguró que afectará a los costos de la deuda, "por ejemplo, los créditos de consumo (...) Pero también se incrementa el costo del financiamiento para la inversión. Por lo tanto, lo que tenemos que lograr es un equilibrio entre contener el consumo e incentivar la inversión".

Junto con calificar como "una buena noticia para el país" que la Convención aprobara normas que obligarán al Estado a restituir tierras a los pueblos indígenas, el Presidente Gabriel Boric respondió ayer a Marcela Cubillos (UDI), convencional que pidió abrir el debate sobre la extensión del actual período de Gobierno. "Yo estoy totalmente disponible a que se discuta el tiempo del mandato que el pueblo nos ha otorgado. No tengo ningún problema al respecto, que en las normas transitorias se dé ese debate y que se vote, porque acá nosotros no vinimos a aferrarnos al poder. Estamos disponibles al proceso de cambios que establezca la Convención Constitucional, aunque eso eventualmente cambie los plazos de nuestro gobierno", afirmó.

Chile anunció ayer su candidatura para ser parte del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a partir del año que viene y hasta el 2025.

"Para el Gobierno la candidatura de Chile ante el Consejo de Derechos Humanos es fundamental, es una muestra del compromiso que tenemos tanto a nivel internacional como a nivel interno con la agenda de derechos humanos en su amplio espectro", dijo la canciller Antonia Urrejola.

La candidatura de nuestro país "también da cuenta del interés que tiene el presidente Boric de que Chile vuelva a ejercer un liderazgo en los foros internacionales", agregó Urrejola, quien fue presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) antes de asumir como ministra del Gobierno de Gabriel Boric.

Creado en 2006 y con sede en Ginebra (Suiza), el Consejo está integrado por 47 Estados y se dedica a la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo.

Los nuevos miembros del Consejo serán elegidos el próximo octubre para un periodo de tres años por votación secreta por la mayoría de los miembros de la Asamblea General de la ONU.

La composición del órgano se basa en una distribución geográfica equitativa y los escaños se distribuirán como sigue entre grupos regionales y cada región tiene reservados una serie de escaños: África (13), Asia y el Pacífico (13), Europa Oriental (6), América Latina y el Caribe (8) y Europa Occidental y otros Estados (7).

"Vamos a trabajar para obtener todos los votos, pero no es fácil, porque es una elección que va a estar marcada por razones geopolíticas", reconoció la canciller.

Redacción

El pleno de la Convención Constitucional aprobó ayer normas sobre Forma de Estado y, entre otras, llegaron al borrador de la nueva Carta Magna una que crea medios de comunicación públicos e independientes de los Gobiernos, otras que promueve la existencia de ferias libres, una que fortalece la economía regional y la que garantiza que haya una universidad estatal por región

Se aprobó también que la ley definirá la distribución de ingresos fiscales entre entidades territoriales (art. 6), además de un Fondo para Territorios Especiales (art. 7), como los ya aprobados Rapa Nui y Archipiélago Juan Fernández, "cuyos recursos serán destinados exclusivamente a los fines para los cuales fueron creados".

Quedó visado el fomento del Estado a las ferias libres, la agricultura campesina e indígena, la recolección y pesca artesanal (art. 41). Se menciona el impulso a la conectividad regional, especialmente concerniente a territorios aislados y sectores rurales (art. 46).

En temas educacionales, alcanzó los dos tercios la norma que señala que en cada región existirá al menos una universidad del Estado y una institución de formación técnico profesional superior (art. 55).

Respecto a la economía regional, se aprobó que "excepcionalmente, la ley podrá crear tributos en favor de las entidades territoriales que graven las actividades o bienes con una clara identificación con los territorios".

Sobre la educación superior, el texto indica que las instituciones regionales "se relacionarán de manera coordinada y preferente con las entidades territoriales y servicios públicos con presencia regional, de acuerdo a las necesidades locales".

En medios de comunicación, se aprobó la norma que establece la existencia de medios públicos, pluralistas, descentralizados y coordinados entre sí.

"Existirán medios de comunicación públicos en distintos soportes tecnológicos, que respondan a las necesidades informativas, educativas, culturales y de entretenimiento de los diversos grupos de la población", indica el artículo que pasó al borrador constitucional.

Estos medios "gozarán de independencia respecto del gobierno y contarán con financiamiento público para su funcionamiento", prosigue el texto, que establece que "la ley regulará su organización y la composición de sus directorios, la que estará orientada por criterios de idoneidad y técnicos".