Acuatro años desde que fuera publicada la ley 21.064, que otorga mayores atribuciones de fiscalización a la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas y al mismo tiempo para sancionar los incumplimientos al Código de Aguas, en Ñuble existen 300 expedientes con denuncias de terceros y también de oficio o por propia iniciativa de la DGA. A nivel nacional, la cifra llega a los 5.507.

Paulo de la Fuente, Seremi de Obras Públicas de la región de Ñuble, reveló que "de los 300 expedientes que nuestra dirección General de Aguas a abierto, el 82% ha sido resuelto y tenemos solo un 12% en trámite, lo que indica que en promedio la resolución de los expedientes tiene un plazo aproximado de 6 meses. Nuestra región es la con mayor cantidad de expedientes abiertos por denuncia a nivel nacional, junto con Coquimbo, Metropolitana, Maule, General Bernardo O'Higgins y Los Lagos. De esta cifra podemos precisar además que 126 expedientes han sido abiertos de oficio y 174 por denuncias".

El año 2018 se cursaron 48 expedientes, todos resueltos, el 2019 fueron 56 expedientes con un alza de un 17%; en 2020 fueron 99 expedientes, un alza de 77%, y el año 2021 fueron 97, de los cuales 52 han sido resueltos y 42 se mantienen en trámite. De la Fuente Paredes precisó que "de los tipos de infracción más recurrentes en estos 4 años podemos indicar que en primer lugar tenemos las obras no autorizadas en cauces con un 54% (163), extracción de aguas no autorizada con 27% (81), extracción de áridos no autorizada 10% (31), otras 8% (24) y monitoreo de extracciones efectivas con 1% (1). Una vez que se resuelven los expedientes, existe un plazo de 30 días para interponer un recurso de reconsideración, y en este tema, tenemos un 93% de expedientes no impugnados y un 7% han sido impugnados".

En cuanto a las multas aplicadas desde la entrada en vigencia de la ley 21.064, a fines del año 2021 se habían cursado un total de 73 por 4.009 UTM. A nivel nacional son 1.393 multas, que equivalen a 15 mil millones 818 mil 86 pesos. Cabe señalar que las regiones con más multas cursadas son Araucanía (199), Antofagasta (176), Coquimbo (160), Valparaíso (160) y O'Higgins (102).

Tatiana Aular Aguirre

La Sesión del Pleno de la Convención Constitucional presentó la tarde de ayer el borrador de la nueva Carta Magna desde el Parque Cultural Ruinas de Huanchaca en Antofagasta. Ante este documento de carácter trasversal para el país, algunos de los constitucionalistas electos en Ñuble discreparon sobre los resultados obtenidos.

Para el constituyentista César Uribe, líder ambientalista, la tarea encomendada por los electores el pasado mayo del 2021 fue lograda. "Nosotros estamos muy contentos por lo que hemos podido construir, no ha sido fácil, evidentemente que no, por distintas razones, por el miedo al cambio que algunos tiene, sobre todos los que se ven beneficiados con el modelo que actualmente tenemos, en ese sentido me refiero a los grandes empresarios, a los dueños de los derechos de agua, de quienes reciben muchos beneficios de este modelo", apuntó Uribe.

Reconoció que "hacer una Constitución en un año no fue fácil, sobre todo por la manera inclusiva que nosotros la hicimos, abriendo muchos espacios para poder generar participación ciudadana, involucramiento real de la ciudadanía, entre medio una Consulta Indígena, y un año, es un plazo súper acotado, creo que desde el Congreso se debió tener una visualización previa de entregarnos un poco más de tiempo, pero esas fueron las condiciones".

El también cofundador del Movimiento Ñuble Libre, señaló que "logramos entregar, hoy día un texto de 499 artículos, bastante contundentes en relación a lo que requiere la ciudadanía".

En tanto el constitucionalista Felipe Harboe, ex senador por Ñuble, señaló de manera directa que en esta propuesta de Constitución se está proponiendo categorarización de los ciudadanos, además que existen aspectos que pueden afectar la gobernabilidad.

"Creo que se trata de un texto Constitucional que hace un esfuerzo para avanzar en derechos sociales, en conjunto con otras materias, pero el problema que tenemos en la práctica es que hay otros elementos que pudiera afectar la gobernabilidad", aseguró el político.

Ante este caso, Harboe precisó que "por ejemplo el llamado a establecer un sistema multiidentitario, es decir donde los derechos que se entreguen no van a poder ser ejercidos por todos, por igual, como se establece hoy en día, como se estable en las constituciones occidentales. Se hace mucha distinción entre quienes son miembros de los pueblos originarios y quienes no, quienes son mujeres y quienes no, quienes son grupos excluidos de los que no lo son. Allí hay un tema que hay que mirar al momento de la evaluación final".

Desde su visión de ex parlamentario, indicó que "es muy delicado que tengamos en la práctica una sola Cámara (...) porque la Cámara de Regiones no va a tener muchas potestades, eso es un problema, sobre todo para las regiones que tienen menor densidad poblacional".

Desde el lado de la oposición, el constituyente Martín Arrau realizó un balance del trabajo que realizó la CC ante lo cual manifestó estar "triste porque no cumplimos ni el mandato, ni la oportunidad de hacernos cargo de los temas que dieron origen a esta Convención y que hoy son las principales preocupaciones de la ciudadanía".

El ex intendente argumentó que se perdió el momento para "por ejemplo robustecer los sistemas de seguridad para darle tranquilidad a las personas en un país cada día más violento, o la posibilidad de regular una migración que hoy es un caos, o la urgencia de dar mayor estabilidad y certeza a nuestra economía para que Chile crezca y genere empleo".

Para Arrau, "por el contrario, no generamos un proyecto de unión, sino de división, con un eje transversal de plurinacionalidad, que dividirá nuestra soberanía en más de 10 naciones, que consagrará la desigualdad ante la justicia, que creará un Estado gigante y más burocrático que será un paraíso para operadores políticos, y que consagró los derechos sociales con mucha letra chica, como en el caso de la salud, donde sobrecargaremos el sistema público impidiendo la libertad de elección salvo para aquellos pocos que puedan pagar ambos sistemas".

"El problema que tenemos en la práctica es que hay otros elementos que pudiera afectar la gobernabilidad"

Felipe Harboe, Constituyente