La reciente encuesta Plaza Pública de Cadem consignó que el 86% de los chilenos cree que la delincuencia ha aumentado durante el presente año y menciona, entre otras causales, que los tribunales de justicia y la fiscalía no funcionan, que ha aumentado la inmigración, que Carabineros no tiene las atribuciones necesarias, que ya no se respeta a Carabineros como antes, que hay un aumento de bandas narcotraficantes, y que han aumentado la pobreza y las necesidades de las personas post pandemia. Además, el 72% de los consultados tiene temor de ser víctima de un delito.

En los últimos años, diversos sondeos han registrado que la delincuencia es el problema más urgente que enfrenta el país, superando incluso al desempleo y a las dificultades de acceso a la salud, como es el caso de la encuesta desarrollada por el centro de estudios Espacio Público y la empresa Ipsos.

En efecto, se han hecho frecuentes las balaceras, los robos cada vez con más violencia y los portonazos, en los cuales los atacantes actúan armados, dejando a víctimas fatales y heridos. La delincuencia se potencia por la gran cantidad de armas que están en manos de antisociales y, sobre todo, de bandas de narcotraficantes. Ya no son extrañas las balaceras entre traficantes que pugnan por el control de los barrios, así como los ajustes de cuentas. Se entiende entonces la preocupación que existe entre los habitantes, por la extremada violencia, que muchas veces tiene que ver con el consumo y tráfico de drogas.

La delincuencia se ha transformado en una constante en algunos barrios, por lo que aumenta la sensación de inseguridad de la gente.

Se entiende la preocupación que existe entre los habitantes, por la extremada violencia en las acciones delictuales, que muchas veces tiene que ver con el consumo y tráfico de drogas. La inquietud pública se acrecienta cuando quienes delinquen son niños o adolescentes que quedaron al margen de sus familias, de la escuela y de la atención del Estado. Por el contrario, hay mayores probabilidades de que estos jóvenes reincidan y con creciente violencia.

Hace 3 años | 13 de junio 2019

C. Chillán será la 1° en disponer de vacunas contra influenza

Recinto recibirá hoy nuevas dosis, mientras que en Clínica Las Amapolas y Farmacia El León, a partir de este sábado. Seremi de Salud comenzó la distribución de 2.100 vacunas "Influvac" en los 29 Cesfam y cinco hospitales públicos de la región. Hasta el momento en la región hay vacunadas más de 145 mil personas.

Hace 2 años | 13 de junio 2020

ONGs de Chillán realizan labor solidaria ante crisis por covid

Fundaciones como "Somos Ñuble" y "Ayuda Ñuble", entregan cajas de alimentos a familias tras el trabajo en terreno incluso con un asistente social. Organizadores estiman que ayuda debe incluir el apoyo psicológico y en lo material preocuparse de la calefacción. Colegios se suman a labor.

Hace 1 año | 13 de junio 2021

Llaman a participar en 1° elección de gobernador

85 establecimientos hay dispuestos para votar en la región. Autoridades informaron que 1.163 efectivos velarán hoy por la seguridad del proceso.

Expertos destacan el valor de la jornada en materia de descentralización y la labor de la nueva autoridad frente al futuro delegado presidencial.

Muchos creemos que la Nueva Constitución propuesta por la Convención Constitucional no es buena. Sin embargo, algunos argumentan que debe aprobarse porque establece ciertos derechos sociales. Este argumento es engañoso por, al menos, dos motivos. Por un lado, la Constitución vigente ya establece varios de los derechos sociales aludidos. Pero también, lo hacen de mejor manera que lo establecido en la propuesta.

Veamos el caso del derecho a la salud. Este derecho ya está establecido en la Constitución actual, por lo que la propuesta lo incluya no significa una innovación en ese sentido. Sin embargo, su contenido sí es de consideración. Actualmente, la Constitución establece que: "Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias".

"Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado". Debido a que la persona tendrá derecho a elegir el sistema de salud, la Constitución actual entrega garantías para la existencia del sector privado en la salud, que cumple un rol insustituible en la prestación de servicios de salud para la población en Chile. En contraste, la propuesta de la Convención Constitucional hace dos referencias al sector privado: "El Sistema Nacional de Salud podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. La ley determinará los requisitos y procedimientos para que prestadores privados puedan integrarse al Sistema Nacional de Salud." Además, "Corresponderá exclusivamente al Estado la función de rectoría del sistema de salud, incluyendo la regulación, supervisión y fiscalización de las instituciones públicas y privadas."

Al decir que el sector "podrá" prestar servicios en el Sistema Nacional de Salud, por lo que no se debilita la garantía constitucional a los proveedores de salud. En cuanto a la relevancia del sector privado en el sistema de salud en Chile debe considerarse, entre otros aspectos, que el sistema Isapre tiene más de tres millones de afiliados y 40% de ellos no pertenece al quintil de más altos ingresos. Los prestadores privados de salud atendieron la mitad de las prestaciones entregadas por médicos el año 2018, mientras que 43% de las prestaciones otorgadas por prestadores privados fueron a afiliados de Fonasa en la Modalidad Libre Elección.

En una encuesta de la Superintendencia de Salud, los usuarios de Isapre se muestran más satisfechos que los usuarios de Fonasa con su sistema de salud. De acuerdo a información de la Oficina de Información Económica en Salud del MINSAL, desde el 2017 el gasto per cápita en salud es mayor en el sector público que en el privado. Pretender que los privados no tengan un rol en Salud por simple ideología solo perjudicara a los millones de Chilenos que perteneciendo a Fonasa se atienden en Clínicas privadas dependientes de Isapres, ¿por que cambiar lo que funciona bien ?.

Si el sistema público requiere modificaciones se deben hacer ahí sin perjudicar a otros que prefieren la atención en el sistema de Salud Privado, ¿de toda lógica o no?.

Frank Sauerbaum Diputado por la región de Ñuble