La reciente encuesta CEP consignó que los temas de delincuencia, asaltos y robos fueron mencionados por los entrevistados como los tres problemas primordiales que debería abordar con mayor dedicación y esfuerzo el Gobierno. El 50% de las personas los mencionaron en los tres primeros lugares. En diciembre de 2019, el 26% apuntaba a esas alternativas mientras en agosto de 2021 concentraban el 42% de las respuestas. Las menciones de 50% de los problemas de delincuencia superan por lejos a las alternativas de abordar las pensiones (33%), una mejor salud (33%) y una mejor educación (28%).

Los problemas de delincuencia son los que más preocupan a la población, porque dejan una sensación de inseguridad que ya no se da solo en los tradicionales barrios peligrosos, sino en todas las comunas e incluso llega a sectores céntricos. Asimismo, es preocupante que hay comunas donde en los últimos años se han concentrado estas acciones de mayor connotación, algunos de ellos catalogados como ajustes de cuentas.

La comunidad tiene conciencia de todo el esfuerzo que realizan las policías, pero también es legítimo que la gente se exprese para requerir la ayuda cuando ven que los delitos comienzan a mostrar un aumento desmedido, sobre todo en niveles de violencia. Sus quejas deben ser tomadas en cuenta, porque la prevención es muy importante para atacar el problema.

Si se realiza un seguimiento de las informaciones sobre delitos graves que se publican en los medios de comunicación, se llega a la conclusión de que la mayoría de estos son cometidos por reincidentes y sujetos que habían pasado por los tribunales pero fueron dejados en libertad. Por una parte, se aprecia una mayor violencia en los delitos, y por otra, la participación de menores de edad, que saben que resultarán inimputables o tendrán bajas penas, amparados en leyes que los protegen. La inquietud pública ante la delincuencia se acrecienta cuando quienes delinquen son niños o adolescentes que quedaron al margen de sus familias, de la escuela y del Estado. Por el contrario, hay mayores probabilidades de que estos jóvenes reincidan y con creciente violencia.

En la última versión del Ránking de Competitividad Mundial del IMD (International Institute for Management Development) , nuestro país cae por segundo año consecutivo, ocupando el lugar número 45 dentro de 63 economías.

En esta ocasión, Chile solo retrocede un lugar, aunque esto lo posiciona en su peor desempeño desde que se elabora el índice en 2001. A nivel global, el ranking es liderado este año por Dinamarca. En segundo lugar, se ubicó Suiza y Singapur en tercer lugar.

El último de la lista es Venezuela, que se mantiene como la nación con el peor nivel de competitividad global, entre los países analizados. La competitividad de los países se mide a partir de 4 atributos, estos son: desempeño económico; eficiencia del gobierno; eficiencia de negocios y por último infraestructura. Cada uno de ellos, se compone a su vez de 5 subsectores. La caída en esta versión, se explica principalmente por el empeoramiento en el atributo eficiencia del gobierno, producto del creciente desequilibrio fiscal, lo que se concluye dado al retroceso en materia de finanzas públicas, que nos ha llevado a un sustancial aumento de la deuda pública. Por su parte, desempeño económico -el atributo con la peor posición-, fue el único que experimentó mejoras.

Sin embargo, la reforma tributaria y la revisión de tratados de libre comercio que tiene contemplado llevar a cabo el actual gobierno, nos podrían hacer retroceder nuevamente en esta materia. Si bien en eficiencia de negocios retrocedimos solo un lugar, la nueva ley de salario mínimo y el proyecto de reducción de la jornada laboral a 40 horas, generan rigideces en la regulación laboral, con lo que probablemente veremos una caída en las contrataciones, lo que finalmente se traduce en un sustancial retroceso en este atributo.

Por último, Chile está al debe con respecto a la infraestructura en la educación básica, así como también, existe un déficit en materia de infraestructura de equipamiento en salud, lo que se traduce en una gran brecha con la capacidad de atención medica estatal hacia la población. El reporte incluye recomendaciones específicas para el país, entre las que destaca, asegurar políticas fiscales y monetarias para reducir la inflación, y, por otro lado, reducir la incertidumbre institucional, mejorar la seguridad pública y garantizar el estado de derecho.

En síntesis, la caída en 3 de los 4 atributos del Ranking Mundial de Competitividad, deben generar un sentido de urgencia en el Poder Ejecutivo y Legislativo, a fin de tramitar iniciativas legales que mejoren las brechas existentes. Entre los desafíos para que el país pueda mejorar su competitividad, el informe menciona que se debe asegurar que la política fiscal y monetaria contribuyan a reducir la inflación hacia el rango objetivo. Asimismo, se debe disminuir la incertidumbre institucional, mejorar la seguridad pública y asegurar el estado de derecho. También se plantea reformar el sistema de seguridad social para asegurar mejores pensiones, basado en esfuerzos individuales y colectivos y con un amplio acuerdo social. Se propone implementar una reforma tributaria que incremente la recaudación, mejore la provisión de bienes públicos y fomente la competitividad. Y por último, se recomienda, incrementar la inversión en investigación y desarrollo e innovación promoviendo proyectos en conjunto entre las universidades y el sector público y privado. Ojala el gobierno tome nota.

Frank Sauerbaum Diputado