Por su parte, el vicedecano de Ingeniería Comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez, Alejandro Montecinos, indica que la propuesta puede ser analizada tanto por el incentivo a la productividad y la perspectiva del balance fiscal. Respecto de lo primero, detalla que "elevar la tasa marginal a todos los tramos desde 70 UTA, tiene el riesgo de reducir el incentivo a trabajar (producir) particularmente en aquellas personas más productivas. Desde este punto de vista, un margen de preocupación es el incentivo dinámico a maximizar la producción del país, que por supuesto en niveles muy altos de PIB puede ser discutible".

En cuanto a la otra arista, el académico de la Escuela de Negocios UAI dice que "elevar tanto la tasa marginal a los tramos altos de la distribución del ingreso y establecer una nueva forma de impuesto a la riqueza, claramente contribuye a elevar la recaudación fiscal en el corto plazo y probablemente en el largo plazo", lo que a su vez servirá para afrontar el aumento del gasto fiscal, tanto el asociado a la pandemia como el vinculado a la arista social del proceso de reforma constitucional.

Desde otra arista, el economista y director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Valparaíso, Diego del Barrio, subraya que "una de las críticas que se está haciendo es que si bien cuatro millones de pesos es un buen sueldo, el problema no está en esas personas (3% hacia arriba), sino que la mayor parte de los ingresos que no tributan de buena forma es en el 1% más rico; es ahí donde este proyecto no llegó, en este grupo que tiene la mayor cantidad de riqueza acumulada en el país".

Dudas en medidas antielusión

El contador auditor y académico del Departamento de Ingeniería Comercial de la Universidad Santa María (USM), Zócimo Campos, señala que hay aspectos positivos, mientras que en otros se deben buscar consensos. En ese sentido, cita el caso de la eliminación de la exención para el arriendo de viviendas DFL 2, tras lo cual "entra una regla general y que se entiende por renta todos los beneficios que obtiene una persona, independiente de su origen".

"En ese aspecto hay muchos que han criticado esta medida, en parte, porque estamos viviendo una recesión y las personas, junto con tener los mismos ingresos, ven disminuir su poder adquisitivo producto de la alta inflación", señala el magíster en Planificación y Gestión Tributaria.

Antonio Faúndez, abogado y docente de la Escuela de Comercio de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), en cambio, cuestiona las medidas para combatir la elusión y evasión, puntualizando que si bien son necesarias, "cuando el foco es solamente coercitivo puede generar un distanciamiento con los mecanismos de cooperación de parte de los contribuyentes. Se extrañan herramientas que incentiven a los contribuyentes a ejercer voluntariamente medidas de transparencia fiscal, como excluir la aplicación de normas antielusivas cuando informen sus estrategias fiscales".

Complejo escenario económico

Uno de los puntos que más se ha discutido con respecto a este proyecto, dice relación con la pertinencia de su aplicación en un momento bastante complejo para la economía nacional: de acuerdo con el último Informe de Política Monetaria (IPoM) presentado por el Banco Central, la inflación podría llegar a 13% durante el tercer trimestre; y por si fuera poco, la expansión del PIB durante el presente año llegaría apenas al 1,5%, mientras que en 2023 podríamos entrar en recesión. Todo esto, además, mientras algunas potencias mundiales como Estados Unidos y Europa también atraviesan por un difícil escenario fiscal.

"Conjugando el escenario externo, la situación interna por problemas de inestabilidad social, expectativas económicas, salida de capitales y carencia de inversión extranjera; vinculado con un proyecto de reforma tributaria que utiliza herramientas de recaudación de dudosa efectividad, creo que no tenemos un futuro muy alentador", lamenta Pinto.

Una mirada similar es la que tiene Montecinos, quien pone el acento en los eventuales efectos sobre la inversión. En ese sentido, estipula que como Chile necesita ser una economía abierta para asegurar un mayor crecimiento, "un impuesto a la riqueza genera un incentivo para que los altos patrimonios salgan del país, restándole profundidad al mercado financiero, encareciendo el costo de financiamiento doméstico (tanto para las familias como para las empresas) dificultando la inversión especialmente para los pequeños y medianos empresarios que tienen más dificultades para financiarse con créditos o levantamiento de fondos desde el extranjero".

Del Barrio, en cambio, tiene una percepción un tanto más esperanzadora. "Cuando estamos en crisis económica, nunca es bueno modificar o generar mayor ruido. Pero esta reforma está pensada para financiar el programa de gobierno del Presidente Boric, por lo cual, si bien el momento no es el adecuado, es algo que se tiene que hacer y que se ha venido postergando por bastante tiempo", argumenta el economista.

En la misma línea, duda que los inversionistas lleven sus recursos a otro país, ya que aún ven en Chile un territorio con mejor estabilidad económica y política en el contexto latinoamericano; incluso ad portas del plebiscito: "La jugada de hacer la reforma tributaria en este momento, que puede ser riesgosa, tiene este componente económico-político de que todas las agencias de riesgo ven con buenos ojos una nueva Constitución para tener un aspecto político estable en el país. Y eso, más el componente económico que Chile siempre brinda al inversionista extranjero, no hará esta fuga".

¿quién paga la reforma?

Otro de los puntos en entredicho es la afectación que tendrá la clase media con la aplicación de esta reforma, particularmente por el fin de la exención a los arriendos de viviendas DFL 2. Eso sí, en una entrevista, fue el mismo Mario Marcel quien se encargó de aclarar que "la clase media no solo no pagará esta reforma, sino que se va a beneficiar de la misma. Hay beneficios bastante directos, como es la posibilidad de descontar de la base tributaria el gasto en arriendo y en cuidados a niños, adultos mayores y discapacitados".

Tomando en cuenta que la iniciativa presenta un aumento en las tasas de impuestos personales a quienes reporten ingresos desde los cuatro millones de pesos mensuales, Antonio Faúndez enfatiza que afectará solo al 3% del total de contribuyentes con superiores ingresos. En cuanto a los costos de implementación, precisa que "si bien el proyecto simplifica el sistema tributario, el menor costo de cumplimiento no depende solamente de la reducción de casilleros a declarar en los formularios de impuestos, sino que hay que considerar otros aspectos como actualización de software, capacitaciones, los denominados costos sociales que pueden afectar la producción, entre otros".

"Asimismo, siempre es importante considerar los costos de cumplimientos distinguiendo entre el tipo de contribuyente, porque de acuerdo con los informes emitidos por el Servicio de Impuestos Internos en el año 2015, una microempresa tiene un costo de cumplimiento 2,7 veces menor (aproximadamente) que una empresa mediana, en cambio, en relación a sus ventas, el costo es 5,2 veces mayor en comparación con la misma empresa", agrega el profesor de Derecho Tributario.

Respecto de los efectos de la reforma en los ciudadanos, Zócimo Campos puntualiza que "el patrimonio físico es el que permanece en el país, es decir un inmueble no se lo puede llevar una familia fuera del país; un vehículo u otros bienes tangibles, no se los puede llevar fuera del país. Pero sí quizás los capitales y todos sabemos que hay muchos capitales de familias o personas que están en territorios con menos restricción tributaria, por ejemplo, paraísos fiscales u otros países con menor carga tributaria hacia las riquezas de las personas".

Por lo mismo, el académico considera que "sobrecargar el impuesto a un solo sector, lo encuentro un poco coercitivo y un poco exagerado. Creo que se está pensando que estas rentas que son mayores que el promedio, no el 100% de lo que ganan lo destinan a consumo, por lo cual hay una parte que se va al ahorro; y de parte de ese monto, quizás también quiere tomarla el Estado a través de una mayor carga tributaria". 2

Cuando el foco es solamente coercitivo puede generar un distanciamiento con los mecanismos de cooperación de parte de los contribuyentes".

Un impuesto a la riqueza genera un incentivo para que los altos patrimonios salgan del país, restándole profundidad al mercado financiero".

Si bien el momento no es el adecuado, es algo que se tiene que hacer y que se ha postergando por bastante tiempo".

Diego del Barrio Director Escuela de Administración Pública UV

Sobrecargar el impuesto a un solo sector, lo encuentro un poco coercitivo y un poco exagerado".

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A pesar del entusiasmo con que presentó el gobierno el proyecto, la meta autoimpuesta de recaudar el 4,1% del PIB en un plazo de cuatro años -donde "la reestructuración del impuesto a la renta es un elemento muy central", de acuerdo al ministro Mario Marcel-, aparece como algo bastante complejo de lograr según la evaluación de los economistas. Germán Pinto, por ejemplo, califica el objetivo como "muy ambicioso".

"Si se piensa lograr con impuestos a los súper ricos chilenos -a la usanza europea, donde pululan millonarios que tienen saldo promedio en sus cuentas corrientes de mil millones de dólares-, creo que no podremos lograr tal meta. Por otro lado, la elusión y la evasión tributaria siempre ha sido 'estimada' y pongo énfasis en ese calificativo, pues es difícil determinar cuánto se ha dejado de recaudar a través de situaciones ocultas. Eso implica que proyectar una recaudación sobre una base incierta, resulta muy complicado", complementa el académico de la USACH.

Por su parte, Antonio Faúndez sostiene que más allá de que esta meta esté fijada para un plazo de cuatro años, "todo dependerá de la forma en que sea implementado el proyecto de ser aprobado en el Congreso. Asimismo, no hay que perder de vista factores como el precio del cobre, la elevada inflación y el pronóstico de recesión estimado por el Banco Central, lo que puede afectar el crecimiento y, por tanto, la recaudación que plantea el proyecto".

Alejandro Montecinos, en tanto, plantea que el principal supuesto que sustenta este fin es "el ritmo de recuperación de la economía chilena en un contexto de alta inflación e inestabilidad a nivel global". Ante esto, el experto hace hincapié en pensar "si esta reforma tributaria le otorga al país mayor resiliencia para enfrentar los vaivenes de la economía global a que necesitamos estar conectados además de otorgar suficiente flexibilidad para rebotar de las crisis que enfrentemos en el futuro. Desde esto punto de vista, me preocupa cómo la limitación del ahorro privado restringe la resiliencia y flexibilidad de nuestra economía". 2