"Esta manera de alertar (de la OMS) a los países significa que la población debe estar más informada y los sistemas sanitarios más preparados".
— María Begoña Yarza — Ministra de SaludPor alerta sobre viruela del mono
"Es un llamado a la acción, pero no es el primero…"
Mike Ryan (OMS)
Por alerta sobre viruela del mono
Dictamen ratificó las resoluciones dictadas en mayo por el Tribunal Electoral y desató disputa por Alcaldía en Ch. Viejo. Abogado Julio Díaz afirmó que el efecto será nulo, "ya que el juicio por el que fue inhabilitado terminará en dos semanas". El concejalJorge del Pozo corre con ventaja para asumir el cargo.
Acusan que no se considera la visión del municipio, de expertos en tránsito o la del gremio del transporte. Cuestionan efecto de la medida y como tal sugieren endurecer las restricciones para disminuir la movilidad. Medida se inserta en el marco del Plan Ñuble te Cuida, contempla restricción por dígitos durante los fines de semana y festivos.
Gremio destaca alta demanda de visitantes, mientras municipio explicó la ordenanza que regula el ascenso y descenso desde el valle por la ruta N-55. En Cobquecura, autoridades se coordinan frente a mayor arribo de turistas y piden responsabilidad. Comunas apuestan por reactivacióneconómica.
El año pasado, las autoridades de Salud informaron que casi dos millones de pacientes del país estaban en las listas de espera del sistema público, de los cuales poco más de un millón 700 mil requerían desde hace años atención de especialista y 286 mil aguardaban por una intervención quirúrgica. La larga lista de personas que esperan por años una intervención quirúrgica o atención de especialistas se ha convertido en uno de los problemas más difíciles de resolver para Salud. De hecho, en 2020 hubo 31.736 personas de la lista de espera que fallecieron; mientras que el año pasado, a pesar de que el Ministerio de Salud (Minsal) destinó 150 millones de dólares para licitar la realización de cirugías, sólo se realizaron 6.096 de esas intervenciones en el país, de la meta de 40 mil.
Se estima que los promedios de espera en Chile son de 17 meses para ver un especialista y 20 meses para poder tener una intervención quirúrgica. El aumento de la lista de espera no GES de pacientes que requieren una intervención quirúrgica sigue siendo uno de los principales problemas que se agravó con los más de dos años de pandemia.
Previo a la pandemia, el Ministerio de Salud dispuso una reasignación de recursos, para financiar parte de este programa, junto con hacer funcionar algunos establecimientos los siete días de la semana o incluso en algunos lugares con la derivación de pacientes a centros asistenciales de las Fuerzas Armadas, para avanzar en la meta de bajar las cirugías que estaban pendientes. Pese a las inversiones en personal y en equipos, el sector público de salud no ha podido hacer frente a la gran demanda de una población que vive más años y que, por lo tanto, lucha contra las secuelas de la edad avanzada.
Asimismo, a la falta de médicos especialistas se suma la mala o desigual distribución de ellos a lo largo del país. Si bien la inversión pública en salud se ha incrementado fuerte en las últimas dos décadas, la percepción de la gente es que los problemas se acentúan.
Reducir las listas de espera en consultas médicas y cirugías debería estar en el centro de las preocupaciones del Gobierno, a fin de empezar por aminorar la brecha que creció luego de la llegada de la pandemia.
Ninguno de los artículos del proyecto de nueva constitución se refiere a las viviendas "propias". Esto, a pesar de que durante el periodo de discusión fueron ingresadas una serie de indicaciones que buscaron que el derecho a la vivienda promoviera la propiedad. Así, lo que la eventual nueva constitución garantizaría es asegurar la tenencia, bajo arriendo u otro título legal, pero ello no incluye la facultad de disponer del bien (por ejemplo, para vender, heredar, etc.), tal como es la expectativa de las familias que postulan hoy a subsidios estatales.
De hecho, el proyecto establece que el Estado deberá tomar todas las medidas necesarias para "asegurar la tenencia" de una vivienda. Ello plantea riesgos para los propietarios de terrenos o inmuebles que son utilizados por terceros. ¿Cómo interpretará la justicia la colisión entre estos derechos? Cabe hacer presente que al igual que en otros derechos sociales que pudieran incorporarse en la Constitución, será finalmente la política pública y la disponibilidad de recursos fiscales la que determinará su alcance y cobertura.
No obstante, lo que establezca la norma constitucional pudiera definir o bien determinar el tipo de política social que se adoptará a futuro. En materia de acceso a la vivienda, la propuesta plantea un camino donde se profundizan las soluciones habitacionales en donde las familias le arriendan al Estado, lo que también es hoy un pilar de la política habitacional que está impulsando este gobierno. Ejemplo de ello es la ya conocida "inmobiliaria popular" de Recoleta que ofrece arriendos de propiedades municipales.
El riesgo que conlleva este tipo de políticas es la generación de una población más dependiente de las ayudas gubernamentales y, por ende, menos libres. A su vez, resulta cuestionable si el Estado será capaz de administrar estos inmuebles de manera eficiente, pudiendo generarse una mayor degradación de los inmuebles cuando el propietario es el Estado. Sin duda que el arriendo estatal conlleva una serie de elementos que deben ser tomados en cuenta.
En Reino Unido existe una lista de espera de más de un millón de hogares para ser beneficiado con un arriendo (debido a la escasez) y en abril de 2020 se aumentó el alquiler a cinco millones de beneficiarios trayendo consigo una serie de protestas. Uno de los mayores desafíos que presentan las ciudades chilenas es generar más viviendas accesibles localizadas en barrios con buenos atributos urbanos. Sin embargo, el introducir el derecho a la vivienda en la Constitución puede que no tenga ningún efecto práctico en disminuir el actual déficit habitacional. Por el contrario, gran parte de las normas aprobadas podrían generar una serie de perjuicios al desarrollo de nuevos proyectos y, de esta forma, un menor acceso a la vivienda propia. Además, se observa que existen distintos entes que estarían a cargo de la planificación urbana, con una importante dispersión de las normas, lo que podría generar una mayor descoordinación de los entes encargados de planificar las ciudades. Todo ello puede terminar por limitar la oferta habitacional, especialmente si esta proviene de privados. En suma, la Constitución propuesta genera mayores impedimentos para el desarrollo de viviendas en vez de avanzar en resguardar la propiedad y generar una institucionalidad clara para promover un mayor acceso.
Frank Sauerbaum diputado por Ñuble