El número de muertos por las inundaciones en el centro y este de Kentucky, ascendió a quince personas, indicó ayer el gobernador de ese Estado, Andy Beshear.

Entre los fallecidos hay ancianos y "probablemente niños", dijo Beshear, y advirtió que esta cifra subirá y podría ser "ser más del doble".

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció a primera hora la declaración de Kentucky como zona de "desastre mayor" para confirmar la ayuda federal que el Gobierno del país dará al estado para hacer frente a estas inundaciones, informó la Casa Blanca.

Al amanecer de este viernes, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), el tramo del río Kentucky en la ciudad de Jackson alcanzó la cota más alta jamás registrada con 13 metros, superando un récord establecido en 1939.

Beshear declaró el jueves el estado de emergencia en todo Kentucky y ayer las advertencias de inundaciones seguían para la mayor parte de la región.

La orden de Beshear incluye la movilización de tropas de la Guardia Nacional de Kentucky para el uso de camiones y helicópteros en el rescate de personas atrapadas por las aguas.

Muchas personas han quedado atrapadas por las aguas en los techos de sus casas y en los árboles. "La cifra de muertos sigue creciendo", dijo el gobernador, "y muchas familias allí han perdido absolutamente todo".

La noche del jueves, las autoridades de Kentucky recomendaron a la población que evacuara sus casas en torno al Lago Panbowl, cerca de Jackson, debido a la crecida de las aguas del río Kentucky y "una descarga de fango" observada cerca de la presa del lago.

Los meteorólogos esperaban ayer más lluvias en el área anegada por los torrentes que han descendido de las montañas y desbordado los ríos y arroyos en Appalachia, dañando puentes e inundado casas, negocios y carreteras.

En la localidad de Whitesburg, las aguas anegaron Appalshop, un centro de artes y educación renombrado por la promoción, mientras que las crecidas rápidas de ríos se concentraban en el este de Kentucky, el oeste de Virginia y el sur de Virginia Occidental. Entre ambas regiones, habúa casi 31 mil hogares sin energía.

Jerry Stacy, jefe de Gestión de Emergencias en el Condado Perry, en Kentucky, describió el evento como "catastrófico. Hay inundaciones repentinas y aluviones casi en todas partes".

La jueza Sara Cockerill del Tribunal Superior de Londres falló este viernes a favor de la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) designada por el opositor Juan Guaidó en el caso del oro de Venezuela depositado en el Banco de Inglaterra.

Tras un juicio de cuatro días que finalizó el 18 de julio, Cockerill, de la división Comercial, considerado que no puede dar por buenas las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano que anularon los nombramientos de Guaidó a esa junta, al no haber base legal en el Reino Unido para hacerlo.

Sin embargo, la jueza no autorizó al equipo opositor acceder a las reservas -debe determinarse en otra audiencia-, a pesar de que su junta se considera válida y Guaidó es reconocido por el Gobierno británico como el único presidente legítimo, de forma interina, del país latinoamericano.

La junta del BCV designada por Nicolás Maduro indicó a Efe que se plantea recurrir el dictamen, para lo que tendría que pedir permiso en agosto, tras lo cual la magistrada daría su opinión en septiembre.

Se espera además que haya una audiencia adicional en septiembre u octubre para cerrar otros aspectos del caso, incluido si puede concederse a la junta de Guaidó la orden que solicitó para gestionar los activos venezolanos depositados en Inglaterra.

El dictamen de ayer se produce después de que en 2021 el Tribunal Supremo británico ya decidiera sobre varias cuestiones preliminares.

Así, la máxima instancia judicial del Reino Unido estableció que el Ejecutivo de Londres solo reconoce a Guaidó, y no a Maduro, al frente de Venezuela, y que, por tanto, los actos y decisiones del opositor deben considerarse soberanos, en base a la doctrina legal inglesa de Una Sola Voz, que obliga a los estamentos del Estado a proceder unificados en política exterior.

Cockerill debía determinar si la Justicia inglesa podía aceptar las sentencias del Supremo caraqueño que invalidaban los nombramientos de Guaidó a su junta "ad hoc", puesto que han de verse como actos "soberanos".

Poco convincente

En su dictamen, la jueza precisa que esos fallos, pilar de los argumentos legales del bando de Maduro, efectivamente invalidan los nombramientos de Guaidó, pero concluye que carece de base en su jurisdicción para aceptarlos.

Apunta que, aunque pudieran ser reconocidos, hacerlo "entraría en conflicto" con la doctrina de Una Sola Voz.

El reconocimiento significaría también -agrega-, tal como adujo el abogado del bando de Guaidó, una vulneración del derecho de los opositores a un juicio justo, puesto que no estuvieron presentes ni fueron citados cuando el TSJ se pronunció sobre su caso.

Cockerill sí observó no obstante que la parte de Guaidó no aportó "pruebas convincentes" que demuestren que el Tribunal Supremo venezolano no es independiente ni imparcial.

Sarosh Zaiwalla, del equipo legal del bando de Maduro, consideró "desafortunado" que la magistrada "se viera constreñida por normas técnicas", desarrolladas "en diferentes contextos" -en alusión a la jurisprudencia inglesa-, a la hora de reconocer las sentencias del TSJ que ilegalizaban los actos de Guaidó.

"El BCV continuará litigando este caso en los tribunales para garantizar que los activos soberanos de Venezuela se preservan y salvaguardan en beneficio del pueblo de Venezuela", afirmó este abogado.

Reacciones

El Gobierno de Venezuela rechazó la decisión "insólita" e hizo un llamado al Gobierno británico a "rectificar" y de "no seguir con esta payasada de pretender" que Guaidó es presidente del país, dijo la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.

"Hago un llamado al Gobierno británico, tienen la oportunidad de corregir, (...) de retomar un rumbo correcto apegado al derecho internacional público (...) en relación a Venezuela, tienen que rectificar y esta es la oportunidad", dijo.

El BCV también rechazó "el insólito pronunciamiento" que "socava las legítimas potestades de administración de las reservas internacionales de la República Bolivariana de Venezuela", dijo en un comunicado y agregó que el dictamen "violenta el Estado de Derecho Internacional y el orden constitucional y legal venezolanos al pretender desconocer las autoridades legítimas" del emisor para "justificar el entramado criminal que permita la apropiación indebida de las reservas internacionales de Venezuela".

Guaidó, en tanto, expresó que la decisión tomada por la jueza Sara Cockerill "representa un paso más en el proceso de protección de las reservas internacionales de oro de Venezuela y su preservación".

El opositor, citado en una nota de prensa, lamentó que este tipo de proceso judicial "honesto y transparente no exista en Venezuela, porque al régimen de (Nicolás) Maduro le importa más el poder y el dinero que el pueblo".

El pleito sobre el acceso al oro se inició el 14 de mayo de 2020, cuando el presidente de la junta oficial del BCV, Calixto Ortega, acusó al Banco de Inglaterra de infringir contrato al no cumplir su orden de transferir 930 millones de euros de las reservas, valoradas en casi 2.000 millones de dólares, a un fondo de la ONU para que fueran usados en la lucha contra el covid-19 en su país. La eventual resolución de este caso servirá para zanjar también un litigio planteado por Deutsche Bank en la misma época, sobre cuál de las partes puede reclamar 120 millones de dólares derivados de la terminación de un contrato de permuta de oro.