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Los TLC han sido muy beneficiosos para nuestro país. Muchas veces se piensa que benefician solo a las grandes empresas. Pero no es así. Es evidente que su suscripción permitió llegar a personas que pudieron, por ejemplo, comprar electrodomésticos y vestuario mucho más barato".
Defensa a grossman
- En su calidad de excanciller, ¿qué opinión le merece que, pese a una serie de reparos de distintos sectores políticos, desde el Gobierno hayan decidido no respaldar la candidatura del abogado Claudio Grossman como juez de la Corte Internacional de Justicia de La Haya?
- Me llama la atención. Claudio Grossman es un gran jurista, con un currículo académico y profesional impresionante, experto en Derecho Internacional. Un gran candidato. Tener a un juez chileno en la CIJ es muy importante luego de 67 años en que no hemos estado allí y debiera ser un objetivo en nuestra política exterior. Más aun cuando el Gobierno ha declarado que el multilateralismo y los derechos humanos son una prioridad a nivel internacional.
- Enrte los motivos esgrimidos desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, está el complejo sistema de intercambio de apoyos y además, el mismo Grossman dijo en una declaración a El Mercurio que "la prioridad del Gobierno es la elección del país en el Consejo de DD. HH. de las Naciones Unidas. ¿Cree que Cancillería necesariamente debía optar por una sola?
- Solo tengo información que ha entregado la prensa. Es importante que Chile esté en el Consejo de Derechos Humanos, pero ello no sería incompatible con la presencia de un jurista en la CIJ. Además, son candidaturas distintas y en varias ocasiones hemos concretado con éxito, candidaturas a cargos o instancias diversas. También se trata de elecciones diferentes. En la Comisión se vota por países y en la CIJ por persona.
Riesgos de retroceso
- El subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada, quien a comienzos de su gestión anunció una consulta ciudadana para "legitimar" los TLC, afirmó hace poco que "los acuerdos comerciales han sido beneficiosos para Chile", pero que deben modernizarse. ¿Qué cree usted?
- Los TLC que ha suscrito Chile, se lograron luego de años de complejas rondas comerciales, con participación de destacados profesionales expertos en cada tema, y de privados (empresarios y trabajadores) que acompañaron a la Cancillería en cada una de las reuniones. Concluido el Acuerdo, lo firmaban los Presidentes y luego iban al Congreso Nacional. La aprobación de ellos se logró casi por la mayoría absoluta del Congreso chileno. (…) Los TLC han sido muy beneficiosos para nuestro país. Muchas veces se piensa que benefician solo a las grandes empresas. Pero no es así. Es evidente que su suscripción permitió llegar a personas que pudieron, por ejemplo, comprar electrodomésticos y vestuario mucho más barato. Por otra parte, fruto de la apertura se generaron fuentes de trabajo para chilenos(as) ante el crecimiento de las exportaciones; como el vino, que generó una gran industria y logró crear fuentes laborales en nuestro país.
- ¿Entran en conflicto las palabras del subsecretario por su reciente reunión con "Chile Mejor sin TLC", agrupación que cuestiona el TPP-11 y el proceso de modernización del acuerdo de asociación con la Unión Europea?
- Las autoridades pueden recibir a diferentes agrupaciones. Lo complejo en el caso del subsecretario Ahumada, es que públicamente ha manifestado como autoridad su visión negativa respecto de los TLC, coincidente con "Chile sin TLC". Respecto del TPP 11, el Gobierno comete un error. Las ventajas de suscribirlo permiten llegar a países de gran importancia. El no hacerlo, nos deja con desventajas respecto de países de la Región de América Latina que sí lo han hecho. (…) Lo de la Unión Europea me parece muy grave. Con dicho bloque suscribimos un Acuerdo de Asociación muy amplio. Se trata de un acuerdo integral, que contempla una dimensión económica, pero además es una Asociación política y comercial. Gracias a ello, hemos estrechado vínculos con una Región tan importante en el mundo como es Europa, con la que tenemos coincidencias en materias sustantivas, como son la promoción y defensa de la democracia y de los derechos humanos. Se denota en estas conductas un intento de ideologización de nuestras relaciones internacionales. Y no se da cuenta del cambio de condiciones que posibilitaron estos acuerdos beneficiosos para Chile. La nueva realidad anuncia proteccionismos, abrir lo acordado corre graves riesgos de retroceso.
- ¿Cuánto de las determinaciones que está tomando el Ejecutivo podrían estar influenciadas por el artículo 14 de la propuesta constitucional, el cual establece que "Chile declara a América Latina y el Caribe como zona prioritaria en sus relaciones internacionales"?
- No corresponde poner en la Constitución una prioridad que debe ser definida por las autoridades de Gobierno respectivas, que se renuevan cada 4 años. No es una materia que debe regularse constitucionalmente. Hay que diferenciar las materias constitucionales de los programas de Gobierno. Pareciera que el Gobierno no conversó con los convencionales al momento que debatían definiciones trascendentales y muchas de las decisiones tomadas, a mi juicio, son erróneas. Esta es una de ellas. Las relaciones con China, India, Europa, Norteamérica, Australia entre otros, son muy importantes y no pueden quedar excluidas de nuestras relaciones internacionales.
Independencia del pjud
- ¿Cómo evalúa usted que la propuesta de nueva Constitución no se pronuncie sobre los alcances y competencias de los sistemas de justicia indígena, los cuales quedan en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia, dejando dicha labor al Congreso?
- Es un tema grave lo resuelto por la Convención de reemplazar el Poder Judicial por Sistemas de Justicia, lo que implica disminuir su importancia, dejando de ser un Poder del Estado. Esto es muy complejo para el Estado de Derecho y la Democracia. El equilibrio de tres poderes del Estado -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- es fundamental para el adecuado contrapeso y control de los poderes. La propuesta establece dos sistemas de justicia (capítulo IX). Uno es el Sistema Nacional de Justicia que va a regir a la gran mayoría del país (88% de la población) y 11 Sistemas de justicia para los pueblos originarios (12% de la población). Tendremos 12 sistemas jurídicos diferentes, cada uno de ellos regidos por sus propias normas, resolviendo en cada uno de ellos sus jueces. ¿Quién entiende esto? ¿Cómo se va a aplicar? Además, 11 de dichos sistemas de justicia no tienen normas escritas. Y ni siquiera se ha analizado la historia al respecto. El lector imaginará lo que eventualmente pudiese ocurrir. La aplicabilidad no es viable.
- Otro de los puntos críticos dice relación con la conformación del Consejo de la Justicia, sobre todo por la conformación que tendría. ¿Se pone en riesgo la independencia del Poder Judicial, considerando que cinco de sus miembros son nombrados por el Congreso?
- Sin duda que la propuesta pone en riesgo la independencia del que ahora es el Poder Judicial. La mayoría de las designaciones que se efectuarían, serían políticas, por lo que arriesga su politización. Tendría el Consejo facultades disciplinarias, que permiten revisar las actuaciones de los Tribunales. Como vemos, le entrega a dicho Consejo la revisión y sanción de los jueces. El profesor Lautaro Ríos señaló el plagio de disposiciones de las constituciones de Bolivia y Ecuador. Llama la atención que la propuesta no consideró la crítica fundada al mal funcionamiento de estos Consejos en otros países
"han dejado de gobernar"
- Ante las críticas por la entrega de ejemplares de la propuesta de nueva Constitución, el Presidente Gabriel Boric dijo que "si alguien se molesta por dar acceso, debe tener temor a algo del texto". ¿Le parecen justos los cuestionamientos?
- Me preocupa Chile. Quiero a mi país. Y espero que nuestra democracia se fortalezca, respetando a todos los seres humanos del país, generando desarrollo inclusivo, igualdad de oportunidades y desarrollo, con cambios graduales y económicamente financiados. Lo grave es que el Presidente con todo su Gobierno se transforma en jefe de campaña y de hecho se abandona su función gubernamental con una supuesta tarea de información que no tiene sustento legal. La Contraloría ha indicado que el Gobierno debe ser neutral y por tanto si quiere informar, no puede ser parcial, debiera informar ambas posiciones de Apruebo y Rechazo y no gastar recursos nacionales en beneficio de una posición. Si el Gobierno realmente quisiera informar, tendría que entregar el significado de las dos opciones: Apruebo y Rechazo, con personas que representen una y otra.
- Algunos sectores de oposición han acusado al gobierno de intervencionismo en la campaña. El exconvencional Bernardo Fontaine, por ejemplo, afirmó que "la sede del Apruebo está en el Gobierno". ¿Desde La Moneda han faltado al sentido de prescindencia?
- Aquí hay dos irregularidades. Una es el nivel de intervencionismo que vemos y el otro, que bajo una supuesta información sin sustento legal, promueve activamente y con recursos públicos su tesis del Apruebo. Lo más complejo es que se ha puesto a la cabeza de ello, el Presidente de la Republica y sus ministros. Cada vez se escucha más fuerte la crítica a ello, especialmente porque el Gobierno ha dejado de gobernar en estos difíciles momentos. El Ejecutivo tiene la obligación de abordar adecuadamente la delincuencia que ha pasado a ser la preocupación prioritaria. Es probable que tengamos una recesión económica. ¿Cómo se prepara al país frente a ello? ¿Y ante la eventual crisis alimentaria? ¿Cómo abordar los temas de salud y listas de espera? (…) Allí debiera estar el Gobierno, que ha dejado abandonadas muchas de esa sus funciones, para dedicarse a la campaña. ¿Es eso correcto? 2
Con dicho bloque (Unión Europea) suscribimos un Acuerdo de Asociación muy amplio. Gracias a ello, hemos estrechado vínculos con una Región tan importante en el mundo como es Europa, con la que tenemos coincidencias en materias sustantivas, como son la promoción y defensa de la democracia y de los derechos humanos.
La mayoría de las designaciones (de jueces) que se efectuarían (con la nueva Constitución), serían políticas, por lo que arriesga su politización. Tendría el Consejo facultades disciplinarias, que permiten revisar las actuaciones de los Tribunales. Como vemos, le entrega a dicho Consejo la revisión y sanción de los jueces".
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