Igualdad de género
Las universidades, institutos y CFT han avanzado en políticas y protocolos internos.
Hace un año la Sala del Senado aprobó el proyecto de ley que sanciona el acoso sexual, la violencia y discriminación de género en la educación superior, iniciativa que en los días posteriores fue promulgada y el 15 de septiembre de 2021 publicada en el Diario Oficial. Es posible recordar el momento de su aprobación como un hecho positivo, que en ese instante se celebró con aplausos por parte de las representantes del mundo académico presentes en el Congreso, que veían en ello la consolidación de una extensa labor destinada a que la temática fuera considerada como prioridad y que fuera aplicada de forma transversal a cada uno de los estamentos que forman la Educación Superior.
El objetivo central, según se definió, es "promover políticas integrales orientadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, y proteger y reparar a las víctimas en el ámbito de la educación superior, con la finalidad de establecer ambientes seguros y libres de acoso sexual, violencia y discriminación de género, para todas las personas que se relacionen en comunidades académicas de educación superior, con prescindencia de su sexo, género, identidad y orientación sexual".
Un año después de este hito, la vigencia de la ley 21.369 está a punto de comenzar y los recientes datos entregados por la Superintendencia de Educación Superior, revelan que universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica han avanzado en políticas y protocolos internos.
Si la normativa no se cumple a cabalidad y se detectan infracciones, las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica arriesgan tres tipos de sanciones, pero la más grave de ellas es que no podrán acceder a la acreditación institucional.
Faltan poco cinco semanas para que el plazo dado para el inicio de la vigencia de la ley 21.369 se cumpla, que corresponde al 15 de septiembre, y no deja de ser una buena noticia que las instituciones hayan avanzado con anterior a la fecha límite. Es clave ahora que sigan en el mismo camino, pero en el ámbito de la prevención, ya que siempre será mejor evitar que los hechos asociados a violencia y discriminación de género ocurran y no solo que tengan una sanción de forma posterior al daño que ya produjeron en sus víctimas.