Resulta preocupante que existan políticos y personajes públicos que caricaturizan a las personas que vivencian algún tipo de trastorno de salud mental. Se trata de un discurso paradójico e incomprensible en los tiempos actuales, en que, como consecuencia de la pandemia, se ha observado un aumento importante de los trastornos relacionados con el estrés, la ansiedad y la depresión, además de las diversas alteraciones en los patrones de sueño y alimentación en las personas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) Chile se ubica entre los países con mayor carga de morbilidad por enfermedades psiquiátricas en el mundo. La depresión mayor y los trastornos por consumo de alcohol ocupan el 1 º y 2 º lugar en las discapacidades atribuidas entre adultos, y casi un tercio de la población mayor de 15 años ha sufrido algún tipo de trastorno psiquiátrico a lo largo de su vida. Somos el segundo país de la OCDE que más ha aumentado su tasa de suicidios durante los últimos 15 años y es una de las diez primeras causas de muerte en varones chilenos.

Por tal motivo, Chile enfrenta múltiples desafíos en esta materia. Primero, nuestro país continúa presentando un déficit significativo en el financiamiento de la salud mental si se le compara con el promedio mundial. Segundo, la cobertura de atención en salud mental en Chile alcanza aproximadamente a no más de un 20% de la población, mientras que en países de medianos ingresos la cobertura llega a un 50%. Tercero, los sistemas orientados a la promoción, prevención y tratamiento de los trastornos mentales arrastran una sobrecarga importante, lo que impacta en el personal y en la calidad de la atención que se brinda, sumado al déficit de especialistas en salud mental disponibles en la red de salud. Cuarto, existe consenso respecto a que la pandemia provocará un aumento al mediano y largo plazo de los trastornos de salud mental (depresión, estrés y ansiedad), en los grupos de riesgo (niños/as y jóvenes, mujeres, personas mayores, personas en situación de discapacidad, migrantes, etc.).

Por consiguiente, hago un llamado a la tolerancia cero con los discursos estigmatizadores en torno a las personas que vivencian trastornos de salud mental. Hoy más que nunca se requiere una sociedad que avance en el respeto y la comprensión de aquellos que experimentan este tipo de patologías. Debemos informarnos y educarnos acerca de esta realidad, para ser fuente de apoyo y orientación a quienes conviven con estas problemáticas. El sistema escolar, la sociedad civil y los medios de comunicación tienen un rol protagónico en la lucha contra la estigmatización y la discriminación de las personas con trastornos de salud mental. Se requiere un esfuerzo país para mejorar la calidad de vida de aquellos que sufren de alguna enfermedad mental, puesto que no sólo se trata de buscar mejores estrategias de prevención, tratamiento o sensibilización, sino de exigir que la sociedad propenda a la inclusión y la no discriminación de las personas por una condición de salud.

Eduardo Sandoval Obando,

Investigador asociado al Programa de Doctorado en

Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chile

Este fin semana, en nuestra región, ha estado marcado por la Fiesta de la Longaniza que, por cierto, es mucho más que eso y va más allá de la ciudad. Ocurre en las cercanías de otras fiestas y acontecimientos cívicos y, sin olvidar aquello, bien vale la pena reflexionar sobre el sentido de las fiestas. Estar en una fiesta es vivir otro tiempo, se produce una ruptura de la cotidianeidad y las rutinas. Las fiestas cambian el ánimo y mejoran nuestras relaciones. Exigen algún sacrificio, a veces económico, también renunciar a tareas, proyectos o planes. No se puede vivir en fiestas, pero tampoco se puede vivir sin ellas.. Por lo mismo hay que cuidarlas y sacar lo mejor de ellas.

Si la fiesta no se cuida puede ser tragedia, esto vale para las fiestas de la ciudad, del país y de las familias. Todo exceso, en gastos, comidas, bebidas incluso duración puede distorsionarlas y volverse en contra. También necesitan un contexto, no existen las fiestas porque sí, y entonces, siempre hay que respetar aquello que las motiva y unifica. Un país, ciudad, una familia sin fiestas se pierde una fuente de alegría y un recurso que puede mejorar la convivencia y la forma de relacionarse entre las personas. En la fiesta estamos más disponibles, se comparte, nos relacionamos y acercamos a otros. Hay trabajo, sacrificio y predisposición para que todo salga bien. Podemos inspirarnos en la fiesta para nuestra convivencia diaria. Hacer fiesta en estos días, no puede ser un paréntesis. Estamos en vísperas de un importante acto cívico que nos pide participar en un proceso de gran responsabilidad. Tenemos que sacar lo mejor de nosotros y saber mirar el futuro. Al día siguiente del día del plebiscito de salida tendremos un resultado y nos encontraremos con quienes diariamente nos relacionamos. Ese día será tan o más importante que el día anterior.

No sabemos el resultado y pocos se aventuran a dar por hecho el triunfo de su postura. Pero hay cosas que sabemos, certezas que tienen que ayudarnos y prepararnos. La primera es que votar por una propuesta constitucional es algo muy importante y que no da lo mismo uno u otro resultado. También sabemos que en nuestras familias, trabajos, grupos, iglesias no hay una sola opinión. En todos esos lugares encontramos personas que con visiones contrapuestas, en todos los ambientes unos votarán una opción y otros por la contraria. En el ejercicio democrático tenemos reglas que la sostienen, eso supone respetar el resultado. No podemos olvidarnos de quienes somos y si somos capaces de compartir y hacer fiestas, también tenemos que mantener ese espíritu en aquellas circunstancias en que no pensamos lo mismo y tenemos diferencias. Tenemos que reconocer y acoger nuestras diferencias y seguir compartiendo.

Luis Flores Quintana Sacerdote diocesano.

El 10 de febrero de 2010 entró en vigencia la Ley N°20.422 que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad.

En general, la normativa señala la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas, en condiciones de seguridad y comodidad, de la forma más autónoma y natural posible.

Se trata de una ley que vino a traer justicia e igualdad de oportunidades a más de dos millones de chilenos que tienen algún grado de discapacidad, donde la mitad de ellos tiene una disminución importante de su funcionalidad o graves dificultades para realizar autónomamente actividades esenciales de la vida cotidiana.

Por ello, la ley promovió la cooperación público-privada, entendiendo que la discapacidad es un tema que afecta a toda la sociedad y que es, por lo tanto, deber de todos contribuir a superar las barreras que impiden o dificultan la plena integración de esas personas.

Y si bien ha habido avances, aún falta mucho por avanzar para lograr plena igualdad de oportunidades. De hecho, es posible ver cómo los municipios de la Región se han preocupado de disponer los rebajes de soleras en las esquinas, para el paso de personas en sillas de ruedas. Asimismo, los edificios de servicios públicos, habitacionales y centros comerciales han construido accesos desnivelados, aunque son muchas las construcciones particulares que aún no los tienen. Deficiencias que se acentúan en los barrios de las ciudades, donde las aceras presentan desniveles y dificultan el paso de personas con problemas de movilidad.

Es cierto que la legislación sobre inclusión ha ayudado a los discapacitados, pero se debe seguir avanzando, en especial en temas como la fiscalización de cuotas de contrataciones de personas discapacitadas en empresas y en igualdad de condiciones económicas. Además, una normativa puede transformarse en letra muerta si no hay un compromiso cultural de la ciudadanía para incluir a ese importante segmento de la población, respetar sus derechos y darle las oportunidades necesarias.