Grupos a favor de los inmigrantes criticaron ayer el nuevo "alivio" migratorio temporal del Gobierno de Joe Biden para venezolanos, especialmente porque recurre a la expulsión expedita en la frontera con México bajo el polémico Título 42 creado por su antecesor Donald Trump.

El programa, anunciado el miércoles, busca favorecer durante dos años a unos 24.000 venezolanos que entren al país por avión y que tengan familiares con estatus legal migratorio que los patrocinen, pero devuelve de inmediato a los que lleguen por la frontera sur.

Yael Schacher, directora de Refugees International para las Américas y Europa, señaló a Efe que los migrantes más vulnerables quedarán fuera del programa, como los que ahora están en tránsito en países como Honduras y Guatemala, especialmente si carecen de pasaporte.

"Este programa beneficiará a los venezolanos menos vulnerables", lamentó Schacher, mientras que el antichavista Miguel Pizarro aseguró que "fortalece riesgos como el tráfico de personas. Los migrantes venezolanos huyen del país por hambre, por la destrucción institucional, por la represión, no 'por gusto'. (...) Deportar venezolanos es un acto inhumano".

El Título 42 es una herencia del Gobierno de Donald Trump considerado como "inhumano" por grupos migratorios, porque permite la expulsión de extranjeros en la frontera argumentando peligro de covid-19.

Más de 6,1 millones de venezolanos han salido de su país, en la segunda crisis migratoria más grande del mundo, superada sola por la de Siria, según Refugees International.

Nueva york

Paralelamente en Nueva York, políticos y activistas criticaron al alcalde Eric Adams, quien anunció que ubicará en carpas a los miles de inmigrantes que están llegando a la ciudad.

El grupo, entre los que había legisladores demócratas, dijo que la decisión de Adams" es inaceptable", "inhumana" y exigieron que "a corto plazo" sean llevados a hoteles como se hizo con otros que los precedieron.

Agencias

El presidente de Perú, Pedro Castillo, denunció ayer que un sector del país, al que no mencionó de manera directa, está "politizando" a la Fiscalía, que presentó una denuncia constitucional en su contra, para "impulsar un golpe de Estado" en su país.

"Entiendo que hay un sector que está en un error, no se puede impulsar un golpe de Estado politizando a otro poder como es el Ministerio Público", dijo Castillo en una declaración al canal estatal TV Perú.

El martes pasado, la fiscal general peruana, Patricia Benavides, envió una denuncia constitucional al Congreso contra Castillo como presunto autor de los presuntos delitos de formar parte de una organización criminal, agravado por su condición de líder; contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias agravado y como presunto cómplice del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión o fraude.

Inmediatamente, el mandatario denunció que "se ha iniciado la ejecución de una nueva modalidad de golpe de Estado en el Perú", y poco después el primer ministro, Aníbal Torres, replicó que "se pretende desconocer el artículo 117 de la Constitución", que establece que el presidente solo puede ser acusado, durante el ejercicio de sus funciones, por cuatro casos concretos, que no contemplan los delitos de corrupción.

En este sentido, Castillo prosiguió ayer su defensa al decir que es "totalmente demócrata" y respetuoso de la institucionalidad. "Siempre hemos convocado abiertamente a los demás poderes del Estado y los seguimos convocando. Por nuestra parte no va a haber ninguna intención de quebrar esta parte democrática, pero no se puede forzar la voluntad popular del pueblo peruano, no se puede pretender llegar al Gobierno si no hubo el voto popular", sostuvo.

A su juicio, "se ha vuelto monótono" que "todos los días" se hable de él, "de las faltas, de los errores, se habla de acusaciones, de denuncias, de testigos o de colaboradores" con la Justicia.

"Basta, es un tema trillado, empecemos a ver el país a ver qué cosas necesita", concluyó.

El Parlamento peruano comenzará a revisar hoy la acusación constitucional contra Castillo y su trámite podría durar incluso meses.

La acusación presentada contra el gobernante fue respondida por la ministra de Cultura, Betssy Chávez, quien también presentó una denuncia constitucional contra la fiscal Benavides por supuesta infracción a la Constitución, abuso de autoridad y prevaricación.

El Parlamento iraquí eligió ayer al kurdo Abdelatif Rashid como el nuevo presidente de Irak por mayoría de la Cámara y designó a Mohamed Shia al Sudani para formar Gobierno, paralizado desde las elecciones legislativas de 2021.

Rashid fue elegido en la segunda ronda de la votación en el Parlamento con 162 votos, de los 329 escaños que conforman la Cámara, mientras que Barham Saleh, que asumió el cargo de presidente en octubre de 2018, obtuvo 99 votos y otras 8 papeletas fueron declaradas nulas, según medios oficiales iraquíes.

A la sesión del Parlamento, el cuarto pleno para elegir al jefe de Estado después de tres fracaso previos por falta de quorum y otros impedimentos derivados profundas divergencias entre los principales grupos políticos, acudieron 269 diputados.

Además, durante la primera ronda de votación, nueve proyectiles impactaron cerca del edificio del Parlamento y dejaron tres heridos, entre ellos un miembro de las fuerzas de seguridad, según el ministerio de Interior iraquí.

Ningún grupo se había atribuido, hasta el cierre de esta edición, el ataque contra la fortificada Zona Verde, donde están también las sedes del Gobierno y embajadas occidentales.

Poco después de la elección de Rashid, designó a Al Sudani para formar Gobierno, un político que se presentó recientemente a candidato a primer ministro, provocando protestas hasta el punto de casi causar un conflicto civil en el país con los partidarios del influyente clérigo chií Muqtada al Sadr, que anunció su retirada "definitiva" de la política el pasado 30 de agosto.

Rashid es opositor al régimen del partido Baaz, del dictador iraquí Sadam Husein, y próximo a la Unión Patriótica del Kurdistán (UPK), uno de los dos principales partidos que controlan la región semiautónoma situada en el norte iraquí, es ingeniero civil y hasta 2010 fue ministro de Recursos Hídricos, para luego convertirse en asesor principal de la Presidencia.

Nikolas Cruz evitó la pena de muerte y pasará el resto de su vida en prisión, tras la recomendación dada a conocer ayer por parte de un jurado que no alcanzó unanimidad en ninguno de los 17 cargos por homicidio que afrontaba el autor de la matanza en 2018 en una escuela secundaria en el sur de Florida, Estados Unidos. El joven de 24 años enfrentaba dos posibles sentencias, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte.

En el último caso se requería la unanimidad de los 12 miembros del jurado en al menos uno de los 17 cargos por homicidio.

El padre de Joaquín Oliver, uno de los fallecidos en el tiroteo, declaró decepcionado que la pena propuesta del jurado es porque "el sistema tiene una falla. Falta algo que le dé sentido al veredicto".

Corea del Norte lanzó ayer al menos un misil no identificado al mar de Japón, el noveno lanzamiento de este tipo en los últimos 20 días y un paso más en la escalada de tensión que se vive en la región.

El lanzamiento llegó apenas una hora después de que al menos diez aeronaves norcoreanas realizaran maniobras cerca de la frontera con el Sur, lo que obligó a Seúl a desplegar aviones para una posible interceptación, y un día después de que Pionyang anunciara que efectuó otro lanzamiento de prueba de misiles de crucero al mar Amarillo.

Un vocero militar norcoreano dijo que el Ejército surcoreano realizó el jueves "disparos de artillería durante unas 10 horas" cerca de su frontera común y que "tomó fuertes contramedidas militares" en respuesta a la "acción provocadora".