En septiembre pasado, la democracia constitucional chilena se manifestó en las urnas a través del derecho a sufragio. Como sabemos, el pueblo como poder constituyente originario advirtió que el mecanismo y el contenido del texto constitucional que se propuso importan. Nadie puede arrogarse la soberanía ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, pero se puede deducir del proceso constituyente que vivió el país durante este período que las formas y el contenido de la Carta Fundamental importan.

Por ende, la idea de la hoja en blanco quedó derrotada y se visualizó que conforme a la tradición constitucional chilena que la propuesta que se presentó pareció inadecuada. Así, aún parece latente la pregunta sobre cómo avanzar en las demandas sociales y en la solución de ellas.

Ese problema, aún sin resolver, nos conduce a una cuestión vital en la tradición constitucional de los pueblos. Nos conduce al problema de la legitimidad democrática y de sí jurídicamente existe una sola forma de crear, modificar, o derogar una Constitución. Normalmente, el asunto se explica desde el ejercicio legítimo del poder constituyente, ya originario, ya derivado o en una fórmula mixta según la decisión político-jurídica que adopten quienes detentan el poder político en virtud de la democracia constitucional representativa.

Ese poder reside en la nación y se ejerce por el pueblo mediante mecanismos de democracia directa o representativa indistintamente con legitimidad democrática, así lo advierte la tradición constitucional chilena desde 1818 hasta hoy. Por ello, la idea de poder constituyente originario no resulta contraria al poder constituyente derivado, sino que se complementan al servicio de un acuerdo en lo fundamental conforme al bien común.

A mayor abundamiento, el acuerdo constitucional descansa esencialmente en la democracia representativa, pues la legitimidad democrática de los partidos políticos deriva de la ficción jurídica de la representación emanada del derecho a sufragio que los constituyó en actores del proceso conforme al ideario y al pluralismo político que encarnan. Dicho de otro modo, sin la representación democrática de los partidos el poder constituyente derivado no podría siquiera ser creado porque los servidores públicos representan a su electorado. Por ende, el acuerdo constitucional supone legitimar la democracia representativa como mecanismo de solución de los problemas sociales, políticos y económicos que atraviesa el país.

En ese contexto, el Parlamento es el órgano constitucional deliberativo y representativo con plena legitimidad democrática para abordar la cuestión constitucional. Sin democracia representativa el acuerdo se diluye en un continente sin contenido pues las fuerzas políticas son expresión de la diversidad social, religiosa, cultural, geográfica y de pensamiento que existe en la nación. Por ende, la democracia representativa es la expresión de la institucionalidad y legitimidad democrática del Congreso que en ejercicio del poder constituyente derivado puede establecer los mecanismos para la elaboración de una nueva constitución, o establecer enmiendas constitucionales con absoluto pluralismo y legitimidad democrática.

La política no lo puede todo ni está en todo, pero con sentido común se aprecia que el acuerdo constitucional debe ser reflejo de la democracia representativa que constituye a Chile en una república democrática. La interpretación contraria, fue rechazada en septiembre por el pueblo chileno, lo cual refleja que el poder constituyente derivado podría ser la vía de que democracia y acuerdo constitucional operen como una solución integrada a través del Congreso y de los poderes instituidos para responder a las demandas sociales aún pendientes.

Por último, la tradición constitucional chilena ha operado a través de ese tránsito constitucional en múltiples ocasiones porque un órgano electo no asegura como condición sine qua non que el asunto constitucional sea superado.

"El Parlamento es el órgano constitucional deliberativo y representativo con plena legitimidad democrática para abordar la cuestión constitucional. Sin democracia representativa el acuerdo se diluye en un continente sin contenido".

*Profesora de Derecho Constitucional e Investigadora de Polis, Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes.

Un fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema acogió el recurso de protección presentado por el dueño de un predio en Reñaca Alto que fue tomado por un grupo de personas hace más de un año, determinación judicial que puede cambiar el rumbo de la aplicación del derecho de propiedad en este tipo de casos que se han extendido por el país en los últimos años.

"Este (fallo) es un espaldarazo al derecho de propiedad", afirmó a radio Biobío el abogado Waldo del Villar, representante legal de José Massú Márquez, que sufrió la usurpación de dos parcelas por parte de un grupo de 85 personas.

Desde entonces el propietario comenzó una serie de acciones legales para retomar el control de los terrenos, los que no tuvieron apoyo de autoridades locales y del Ministerio Público, por lo que parecía que correría la misma suerte que otros casos en los que se enviaba al afectado a liderar por su cuenta la coordinación del desalojo, sin fecha exacta para la restitución.

Sin embargo, este fallo determinó que "se deberá hacer abandono del inmueble, disponiendo de un plazo máximo de seis meses desde que la presente sentencia quede ejecutoriada, debiendo retirar del lugar sus enseres además de las construcciones realizadas en el asentamiento". Y pidió que se oficie al Ministerio del Interior y al de Desarrollo Social sobre la decisión del máximo tribunal que añade que si no se ejecuta el abandono voluntario se debe ordenar "el desalojo inmediato, con auxilio de la fuerza pública en caso de oposición".

El fallo también apuntó a las autoridades políticas y administrativas del país al sostener que "se le debe prestar atención a la falta de celeridad en la tramitación de las distintas acciones legales previstas en nuestro ordenamiento jurídico para obtener la restitución de un bien inmueble ocupado de manera irregular por personas con precariedad".

"Los derechos de uso y goce del titular de la propiedad se verán en gran medida mermados a causa de la prolongada tramitación de los procedimientos (determinados en la legislación), su compleja notificación y otras circunstancias que dificultan la singularización de los requeridos".

Ayer se dieron a conocer los locales de rendición y mañana habrá reconocimiento de salas entre las 12:00 y 13:00 horas, pero solo para personas en situación de discapacidad. El resto no deberá realizar esta actividad. La primera prueba será la electiva de Ciencias (lunes, 15:00). El martes será el turno de los exámenes de Competencia Lectora (9:00) y Competencia Matemática 2 (15:00). Y el miércoles culminará el proceso con las pruebas de Competencia Matemática 1 (9:00) e Historia y Ciencias Sociales (15:00). Los resultados se informarán el 3 de enero de 2023 y las postulaciones durarán hasta el 6 de enero.

Redacción

Mañana debutará la Prueba de Acceso a la Educación Universitaria (PAES), que reemplaza a Prueba de Transición Universitaria (PDT), que se rindió durante dos años; y no se trata solo de un cambio de nombre, sino que tendrá varias diferencias y novedades respecto a su antecesora y a la extinta Prueba de Selección Universitaria (PSU), que fue aplicada por última vez en 2020.

Entre las diferencias de este nuevo examen con los anteriores destaca que tendrá preguntas que estén orientadas más hacia la evaluación de competencias, por encima de los conocimientos.

La subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa, explicó que "estas pruebas fueron elaboradas con el propósito de transitar hacia un sistema de acceso más equitativo y justo, que pone al centro a las y los postulantes y que, además, reconoce la diversidad de sus talentos".

También se destaca que estará basada en temarios acordes a la priorización curricular que realizada por el Ministerio de Educación, que tiene en cuenta los efectos educacionales causados por la pandemia en los estudiantes durante los últimos dos años.

Otra de las grandes novedades será que habrá dos pruebas de Matemáticas: una obligatoria para todos los estudiantes y otra con mayor dificultad y será exigida como requisito para postular a determinadas carreras.

Tres oportunidades

También hay que considerar que habrá tres oportunidades para rendir esta prueba. Así explicó a Emol TV Luis Vidal, Director Nacional de Difusión de la Universidad Andrés Bello: "La primera será ahora en noviembre, después habrá una segunda instancia en invierno para los estudiantes ya egresados, y la última será en este mismo mes, pero del 2023".

Esto se suma que quienes la den en esta oportunidad tendrán la posibilidad de combinar sus puntajes con los que obtengan en las pruebas de invierno o en la de 2023, si es que deciden rendirlas.

Nuevos puntajes

Otra diferencia es que la escala de puntajes será distinta a las pruebas anteriores, ya que el máximo no será de 850, sino que la puntuación tendrá un mínimo de 100 y un tope de 1.000 puntos positivos.

Además se reemplazará la lógica de "puntajes nacionales", los que pasarán a llamarse Distinciones de Trayectorias Educativas (DTE), en las que se valorará a cerca de 160 estudiantes a nivel nacional no solo por su desempeño, sino también por su región, el tipo de colegio al que asistían, pueblos originarios a los que pertenecen y personas en situación de discapacidad.

Una de las principales recomendaciones entregadas desde las autoridades de Educación es llegar 15 minutos antes del inicio de las pruebas, con el fin de anticiparse a posibles retrasos en el trayecto hasta el lugar de rendición. También se recuerda que todos deben llevar su carnet de identidad o pasaporte, así como un lápiz grafito N°2, una goma de borrar y su tarjeta de identificación impresa (que se obtiene en los sitios acceso.mineduc.cl y www.demre.cl).