El expresidente de Perú, Pedro Castillo, destituido por el Parlamento el miércoles y detenido tras intentar un "golpe de Estado", ratificó ayer desde el penal en el que está recluido su solicitud de asilo a México, mientras que la nueva mandataria, Dina Boluarte, afirmó que "si la situación lo amerita", puede haber adelanto de elecciones generales en el país, en lugar de mantener su decisión de seguir en el cargo hasta el 2026.
Desde el penal limeño de Barbadillo, el mismo donde el exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) cumple una condena de 25 años de cárcel, el destituido presidente ratificó ante el embajador de México en Perú, Pablo Monroy, su solicitud de asilo al Gobierno mexicano, según manifestó el canciller mexicano Marcelo Ebrard en un mensaje en su cuenta de Twitter.
"El embajador Pablo Monroy me reporta desde Lima que pudo entrevistarse a las 13.20 horas (locales) con Pedro Castillo en el Centro Penitenciario. Lo encontró bien físicamente y en compañía de su abogado", escribió Ebrard.
"Hemos procedido a iniciar consultas ante las autoridades peruanas. Les mantendré informados", añadió.
Sobre el pedido de asilo, la nueva presidenta de Perú sostuvo que "lo que diga el derecho de asilo para el expresidente y su familia ya lo tendrá que validar el Gobierno mexicano".
La jefa de Estado agregó que Castillo dio "un golpe de Estado", que sorprendió incluso a sus ministros, quienes renunciaron "en cascada", pero que ella "quisiera en algún momento visitarlo y saber qué pasó".
El ahora expresidente fue arrestado por su propia escolta el miércoles inmediatamente después de que el ahora exmandatario se dirigía a la Embajada de México en Lima, y la entonces vicepresidenta Boluarte asumió la presidencia del país vecino tras ser proclamada por el Congreso que horas antes intentó disolver Castillo.
Ayer la nueva presidenta de Perú, respondió que la Constitución Política indica que su administración debe ser "hasta 2026" para concluir el periodo de Castillo, elegido el año pasado.
No obstante, "si la sociedad y la situación lo amerita, adelantamos elecciones, en conversación con las fuerzas democráticas y políticas del Congreso, nos sentaremos a conversar", apuntó.
La mandataria añadió que el jueves mantuvo reuniones con las diferentes bancadas del Parlamento, "tanto de derecha, como de izquierda" y planteó seguir en encuentros con el Acuerdo Nacional, el Consejo Nacional de Estado y "todas las organizaciones vivas del país" para poder dar "una salida pacífica" a la crisis.
Por otro lado, Boluarte pidió ayer a los manifestantes que han bloqueado algunos tramos de las carreteras en el sur del país que se calmen porque está "asumiendo esta responsabilidad en esta crisis política", que no ha sido provocada por ella, sino que está cumpliendo "el rol constitucional".
En el país vecino se han organizado una serie de manifestaciones, en su mayoría, solicitando un adelanto de las elecciones para volver a elegir a las autoridades que representan a los peruanos en los poderes del Estado. A su vez, otros grupos han salido a las calles para manifestar su apoyo a Pedro Castillo.
Injerencia
En el flanco diplomático, la Cancillería peruana convocó ayer al embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy, para transmitirle su rechazo por las "expresiones de las autoridades mexicanas" que, a juicio del Ejecutivo, "constituyen una injerencia en los asuntos internos del Perú y no resultan consistentes con los acontecimientos que se han sucedido en días recientes", reza un comunicado de la Cancillería, que también expresó su "extrañeza" por las palabras del presidente colombiano, Gustavo Petro.
El texto no entrega detalles, pero habla de "expresiones del presidente Andrés Manuel López Obrador y del canciller Marcelo Ebrard, con respecto a los procesos políticos en el país".
Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, señaló que la destitución y arresto del expresidente Castillo,"es resultado de un proceso dirigido por las oligarquías dominantes para subvertir la voluntad popular".
Paralelamente en Perú, los exintegrantes del último gabinete de ministros acudieron a la sede del Ministerio Público para responder como testigos en la investigación abierta contra el destituido expresidente por el presunto delito de rebelión, tras haber ordenado la disolución del Congreso y por el que se encuentra en prisión preventiva hasta el próximo jueves.
Ayer acudieron a la Fiscalía los exministros de Defensa Gustavo Bobbio, de Trabajo Alejandro Salas, de Salud Kelly Portalatino, de Comercio Exterior Roberto Sánchez, de Justicia Félix Chero y de Relaciones Exteriores César Landa.
Algunos de ellos declararon a la prensa y reiteraron que desconocían la decisión de Castillo de cerrar el Congreso e instaurar un Gobierno de emergencia, así como la intervención del sistema judicial.
