Redacción

La Cámara Nacional de Comercio (CNC) y el Colegio de Abogados son algunas de las organizaciones que, a días de su entrada en vigencia, piden al Gobierno y al Congreso que no se aplique la modificación al IVA, que desde el 1 de enero se aplicará a diversos servicios como cuidado de ancianos y centros de rehabilitación de drogas, condominios que pagan por seguridad y mantención de los jardines, pago en cementerios por mantención de las sepulturas o servicios profesionales prestados por empresas cuyos socios no son profesionales.

La autoridad debe "revisar el artículo 6 de la Ley 20.420 que modificó el IVA a los servicios, gravando aquellos que antes no se encontraban afectos a este impuesto. Creemos que debiera modificarse dicha norma en términos de restringir su aplicación solo respecto de las operaciones que se realicen con contribuyentes que pagan ese impuesto", planteó la CNC.

"Aunque las empresas no quieran trasladar el valor del IVA al precio de los contratos se verán obligadas a hacerlo, porque la base sobre la cual se cobra ese impuesto es el precio acordado", aseguró el gremio.

A ello se sumó el Colegio de Abogados, que envió una carta al ministro de Hacienda, Mario Marcel, en la que cuestionan que "la forma legal en que se organice un profesional determina si aquél, como contribuyente, se encuentra o no afecto a IVA. Creemos que esta definición atenta contra la equidad horizontal".

"Dada la crisis económica que está viviendo el país, los profesionales que se verán gravados con IVA difícilmente podrán traspasar este impuesto al beneficiario de los servicios, con lo cual el margen de utilidad de los prestadores de servicios en muchos casos se vuelve negativo", plantean los abogados.

"Solicitamos se postergue la entrada en vigencia de esta normativa legal", remata la misiva.

Marcel: Sorprendente

El ministro Marcel respondió que esto corresponde a materias tributarias tramitadas al final de la administración anterior: "Demuestra que no es buena idea legislar en los últimos meses de un Gobierno sobre temas importantes, no es bueno hacerlo de manera apresurada. Pero también me parece sorprendente que, cuando quedan quince días para terminar el año, haya algunos gremios que recién estén planteando este tema".

"Desde que se aprobó esto, tuvimos diez meses para prepararnos. Entonces, por qué gremios que uno esperaría que en términos de sus competencias profesionales deberían ser capaces de anticipar las cosas, especialmente lo que está en materia legislativa, como son los abogados, o los contadores, esperaron a que faltaran quince días para el término del año para plantear problemas y plantear postergaciones", criticó la autoridad.

Es difícil exagerar lo que ha ocurrido en el senado a propósito de la nominación del o la fiscal nacional especialmente luego del rechazo de Marta Herrera y antes con el de José Morales.

Desde luego parece estar poniéndose de manifiesto un gigantesco malentendido. Como se sabe, en la designación participan tres poderes del estado. La Corte Suprema compone una quina, el presidente de la república escoge un nombre el que, finalmente, somete a la ratificación solicita al senado ¿Por qué participan los tres poderes?

Bien mirado, cada uno tiene funciones distintas.

La tarea de la Corte no consiste en establecer un orden de prioridad entre los candidatos (como si alguno de ellos fuera más merecedor de la designación que los otros) sino en cerciorarse que existan al menos cinco candidatos o candidatas que satisfagan los requisitos necesarios para desempeñar el cargo. En otras palabras, la Corte, desde el punto de vista del diseño, cumple las funciones de un Comité de Búsqueda: seleccionar a personas competentes para el cargo que se trata de colmar. Luego, y como es obvio, el presidente puede escoger a cualquiera de ellos, puesto que al integrar la quina cualquiera ha de ser considerado competente o calificado para el cargo. La tarea del presidente es elegir a quien, a su juicio, pueda satisfacer mejor los objetivos que en el área de la persecución criminal sean urgentes. A diferencia de la tarea de la Corte Suprema, que es, por decirlo así, técnica, la del presidente es la de emitir un juicio típicamente político puesto que la tarea de la administración del estado y la seguridad es propia de su función ¿Cuál es entonces la tarea del senado? La tarea de este último órgano no es técnica, como lo es la de la Corte Suprema, ni tampoco prudencial o política en sentido estricto como la que compete al presidente, sino que la tarea del senado es de control: cuidar que la decisión presidencial aparezca razonable o bien fundada en objetivos de política que el gobierno debiera, desde luego, explicitar. La función del senado no es elegir al fiscal, o negociar su elección con el presidente, o compartir la apreciación política del presidente. Por eso quizá fuera mejor describirla como la de ratificar o no la decisión presidencial.

Conviene detenerse en ese concepto.

Ratificar en el lenguaje jurídico significa validar o confirmar una decisión o un acto previamente ejecutado. Esto parece describir bien la tarea que en esta materia compete al senado. Y es que el senado debiera, en esta materia, ser especialmente deferente con la decisión presidencial a menos que tenga poderosas razones para no serlo, en cuyo caso el senado debiera explicitarlas a fin de que la ciudadanía juzgue si se trata de razones correctas o no. Y ello porque en esta materia -la persecución del crimen y la seguridad pública- la responsabilidad la tiene el presidente. No la Corte o el senado.

Pero en este proceso ninguno de esos órganos ha estado del todo a la altura.

Desde luego, la Corte Suprema debiera componer una quina sin expresar la cantidad de votos de quienes la integran. La Corte debe actuar como un órgano cuya voluntad se forma colectivamente y no expresando una mera agregación de votos que -se persiga o no- expresa preferencias de la mayoría que la regla constitucional no le solicita.

El presidente, por su parte, en vez de hacer cabildeo en el senado (o llevar adelante conversaciones y juegos de toma y daca) debiera expresar con claridad y hacer público el juicio prudencial y las consideraciones que lo llevan a designar a tal o cual persona y a solicitar la confirmación por parte del senado.

Y el Senado, en fin, debiera ser deferente con la decisión presidencial salvo que cuente con poderosas razones para discrepar del presidente, razones que también, llegado el caso, deben ser públicas y contrastables (sobra decir que una razón es distinta a una mera preferencia, las razones justifican las preferencias).

Pero en este caso la Corte Suprema y el Senado parecieron creer -o creen- que su papel es decidir quién debe ser él o la fiscal. Y no es el caso. Ese papel le corresponde al presidente. La tarea de la Corte es componer una quina de cinco personas competentes, la del presidente elegir expresando razones, y la del senado confirmar esa nominación salvo que tenga poderosas razones (no preferencias ni motivos: razones públicas) para no hacerlo.

El Presidente Gabriel Boric recibió ayer la primera Política Nacional contra el Crimen Organizado (PNCO) del Estado de Chile, documento de 10 puntos que busca enfrentar diversos hechos de violencia que se producen en el país.

La PNCO 2022-2027 tiene como objetivo disminuir la actividad delictiva de las organizaciones criminales que operan en Chile, a través de la acción planificada y coordinada de las instituciones del Estado.

El plan, con una inversión de más de 39.000 millones de pesos, fue elaborado desde mayo por un consejo compuesto por los ministerios del Interior y Seguridad Pública, Defensa Nacional, Hacienda y Justicia; Carabineros, la PDI, el Estado Mayor Conjunto, la Dirección General del Territorio Marítimo, la Dirección General de Aeronáutica Civil y Servicio Nacional de Aduanas, entre otras instituciones.

"Luego de siete meses de arduo trabajo, estamos hoy día haciendo entrega de la primera Política Nacional contra el Crimen Organizado en la historia del Estado chileno. Este es un hito muy relevante porque estamos presentando un plan estratégico y una hoja de ruta que se hace cargo, con acciones, metas y recursos, de un vacío que teníamos como país en la lucha contra las organizaciones criminales nacionales e internacionales", dijo el Presidente Boric.

La PNCO contempla 10 ejes: el fortalecimiento institucional e inteligencia del Estado; desbaratar la economía del crimen organizado; disminuir el poder de fuego de las organizaciones criminales; el abordaje del crimen organizado en recintos penitenciarios; una agenda legislativa para mejorar la detección, investigación y persecución del crimen organizado; la actualización de equipamiento y tecnología para las instituciones competentes; la formación institucional y de capital humano de quienes enfrentan el crimen organizado; prevenir la corrupción en instituciones públicas; aumentar la eficacia para enfrentar el crimen organizado; y fomentar la cooperación y coordinación internacional, optimizando los esfuerzos conjuntos y multinivel con otros países.