Redacción

Ayer fue ingresado al Senado el proyecto de reforma constitucional que busca habilitar el nuevo proceso constituyente tras el fracaso de la propuesta de la Convención Constitucional en el plebiscito del 4 de septiembre, cuando el Rechazo ganó con el 62% de los votos.

El documento de 20 páginas, que será debatido en la Cámara Alta desde el lunes de la próxima semana, fue elaborado por un equipo de abogados en el que estuvieron representados todos los sectores políticos que llegaron al acuerdo para dar luz verde a la redacción de una nueva Constitución, al que adhirieron 14 partidos y y tres movimientos con representación parlamentaria.

Se trata de la modificación del artículo 142 con un inciso que habilita el nuevo proceso y la inclusión de 17 nuevos artículos que detallan todo lo acordado por los partidos políticos en términos legales.

El artículo 144 expone que "el Presidente de la República convocará, mediante decreto supremo exento, a elección de miembros del Consejo Constitucional, la que se realizará el día 14 de mayo de 2023".

En ese mismo apartado se detalla que "el Consejo Constitucional estará compuesto por 50 personas elegidas en votación popular" y añade que "serán aplicables las disposiciones pertinentes a la elección de senadores", es decir cada región elegirá la misma cantidad de consejeros que la cantidad de representantes que tiene en la Cámara Alta".

En cuanto a la paridad plantea que "las listas integradas por un número par de candidaturas deberán tener el mismo número de mujeres y de hombres". A esto se añade que "el sistema electoral para el Consejo Constitucional se orientará a conseguir una representación equitativa de hombres y mujeres, entendiéndose esto como 25 mujeres y 25 hombres o que un sexo no supere al otro en más de uno".

Expertos y árbitros

En cuanto al segundo órgano que participará en este proceso, el artículo 145 expone que "la Cámara de Diputados y el Senado convocarán, respectivamente, a sesión especial con el objeto de elegir a los miembros de la Comisión Experta. Dicha comisión estará compuesta por 24 personas. Esta comisión deberá proponer al Consejo Constitucional un anteproyecto de propuesta de nueva Constitución y realizar las demás funciones que esta constitución le fije. Su integración será paritaria".

Cada una de las corporaciones parlamentarias elegirá a 12 integrantes de la Comisión Experta "en proporción a las actuales fuerzas políticas y partidos ahí representados".

El artículo 146 detalla la composición del Comité Técnico de Admisibilidad, conocido como el árbitro que deberá hacer cumplir los 12 puntos pactados por los partidos para avanzar en el proceso. Dicho órgano estará "compuesto por 14 personas".

Para ser parte "se requerirá el título de abogado con al menos 12 años de experiencia" y "los integrantes de esta comisión serán propuestos en una sola nómina por la Cámara de Diputados, la que deberá ser aprobada por cuatro séptimos de sus miembros en ejercicio" y luego "deberá ser ratificada por el Senado por el mismo quorum".

Entre los detalles del texto se precisa que los 50 consejeros recibirán una dieta de 60 UTM (más de 3,6 millones de pesos), la que será de 30 UTM para los 24 expertos (1,8 millones de pesos) y 10 UTM por sesión (600 mil pesos) -con un máximo de tres al mes- para los 14 juristas que serán los árbitros de las bases constitucionales.

La ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, reconoció que el proceso de elección de fiscal nacional "se ha complejizado" tras el rechazo por parte del Senado de los dos nombres propuestos por el Presidente Gabriel Boric a partir de la quina que ha elaborado ya dos veces el máximo tribunal.

Luego de que un día antes la ministra de Justicia, Marcela Ríos, apuntara a una "responsabilidad compartida" de los tres poderes del Estado en este fracaso, la magistrada Vivanco afirmó que "nosotros no hemos sido partícipes de ninguna derrota, puesto que no estamos postulando a ganar o perder. Somos un órgano del Estado que está encomendado legal y constitucionalmente para participar en la designación de un cargo pública de esta importancia".

Asimismo, ante las acusaciones de que el proceso pudo verse viciado, la ministra de corte afirmó que la mayor instancia judicial del país "en ningún momento ha considerado que éste sea un proceso viciado, pero es evidente que el proceso se ha ido complejizando".

¿Nuevo concurso?

Consultada por la opción de aplicar una "fórmula distinta" -que volver a llenar el cupo que falta para completar la quina-, Vivanco sostuvo que además de lo que está establecido en la Constitución sobre el procedimiento, "está la Ley del Ministerio Público, que dice que si un candidato es rechazado, corresponde que la Corte Suprema complete la quina o que se efectúe un nuevo concurso, de ser ello necesario".

Justamente por esa "terminología abierta" dentro de la norma legal, "es que se ha suscitado la discusión de si habría que hacer un procedimiento distinto, y justamente por eso se tomó la decisión la vez pasada de completar los dos candidatos que faltaban en la quina, uno por rechazo y uno por renuncia. Y eso se hizo con los mismos candidatos que habían postulado en el proceso original, y en consecuencia, sobre ese tema, también tenemos que pronunciarnos como pleno", señaló la vocera.

Tras el rechazo de José Morales en la primera votación del Senado y de Marta Herrera en la segunda, los cuatro candidatos que aún no han sido elegidos por el Presidente Boric son Ángel Valencia, Carlos Palma, Mayalet Mansilla y Juan Agustín Meléndez.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, insistió en que el Gobierno no postergará el inicio del cobro de IVA, desde el 1 de enero, a una serie de servicios que previamente no se encontraban afectos a este impuesto. Sin embargo, abrió la puerta a una resolución para que se amplíe el plazo a las empresas que necesiten adaptarse.

El secretario de Estado explicó que junto con sorprenderse por estas peticiones de última hora de profesionales que debían conocer las leyes, "lo que hicimos fue canalizar nuestro equipo tributario todos los antecedentes que llegaron".

Marcel contó que el Servicio de Impuestos Internos (SII) "en meses pasados envío cientos de miles de correos anticipando que venía esta norma, y tiene previsto una modalidad de implementación que va a permitir que al menos durante todo el primer semestre, quienes no estén suficientemente preparados, tengan la oportunidad para hacerlo".

"Las empresas o quienes estén afectos a esta norma tienen la posibilidad de modificar su estructura. Esto pudo haberse hecho durante todo el año 2022. El SII ha dado plazo de seis meses para que los potenciales contribuyentes o afectados por esta norma puedan adecuarse para pagar el impuesto o restructurarse para convertirse en sociedad de profesionales", detalló Marcel.

"Con esto creemos que las preocupaciones que han expresado los gremios están en buena medida satisfechos", confió.

Por su parte, el director del SII, Hernán Frigolett, sostuvo que, dada la complejidad de la situación, "se previó que en el primer semestre tengamos una condición de plena continuidad de giro para los que están y que hagan sus transformaciones y trámites sin ninguna cortapisa temporal. Los contribuyentes van a tener el plazo de todo el primer semestre para hacer los ajustes societarios necesarios para validar que van a ser como sociedades profesionales, y van a mantener la exención por los servicios profesionales que prestan".

Así se busca una solución ante los múltiples cuestionamientos de gremios, como la Multigremial Nacional, cuyo presidente, Juan Pablo Swett, planteó que la iniciativa "encarecerá la contratación de mano de obra para las mipymes, particularmente a sectores que han sido muy dañados por la pandemia. Por otro lado afectará considerablemente el empleo promoviendo la informalidad, en momentos de recesión económica que costará mucho tiempo revertir".