Tras el anuncio del indulto presidencial a diez detenidos por su participación en las protestas del 18 de octubre de 2019, acusados de saqueos, incendios y el intento de homicidio de un funcionario de Investigaciones (PDI), junto a un exfrentista condenado por el asalto de un banco, los partidos de oposición comunicaron ayer de manera unánime el quiebre de la mesa de diálogo por el acuerdo de seguridad.

La bancada de diputados UDI calificó la decisión del Presidente Gabriel Boric como "equívoca, inaceptable e inexcusable, puesto que desconoce que desde hace más de un mes que los distintos partidos políticos con representación parlamentaria se encuentran trabajando -en conjunto con el Gobierno- en un acuerdo transversal por la seguridad".

Los legisladores subrayaron además que el proyecto de indulto a los "presos de la revuelta", como se ha llamado a quienes fueron detenidos tras el 18-O, "no concitó el apoyo democrático en el Senado", por lo que llamaron al Mandatario a utilizar sus facultades con "prudencia, cautela y espíritu republicano, no para satisfacer un deseo personal o ceder ante presiones del sector más 'afiebrado' de la coalición" de Gobierno.

El gremialismo declaró la suspensión de "forma indefinisa" de su participación en la mesa de seguridad, decisión a la que se sumó el Partido Republicano, este último agregando el término "irrevocable", ya que "no estamos disponibles a avalar la impunidad", razón por la que acusó "deshonestidad" de parte del Ejecutivo.

La líder de Evópoli y exministra, Gloria Hutt, señaló en Twitter que "es inexplicable la decisión presidencial, (...) una señal muy equivocada ante la crisis de seguridad".

Acusación constitucional

El secretario general de RN y diputado, Diego Schalper, respondió al anuncio del Ejecutivo que "hemos tomado la decisión de impulsar una acusación constitucional contra la ministra Marcela Ríos, con la convicción de que no podemos seguir avalando un Ministerio de Justicia que es inoperante e ineficaz y que básicamente no hace bien su trabajo".

Su compañero de tienda, el senador Manuel José Ossandón dijo que "no me voy a retirar de la mesa de seguridad, porque es un compromiso país que no puede estar condicionado a nada, pero ya que está indultando a delincuentes, espero que ahora revise los casos de carabineros y de personal militar involucrado, porque la ley pareja no es dura".

El subjefe de la bancada UDI en la Cámara, Juan Antonio Coloma, junto a Cristián Labbé y Cristhian Moreira, pidieron la renuncia de Ríos o "nos obligará a impulsar distintas acciones en contra de ella".

Pocos minutos después de la vocería del último comité de ministros de este año, el Presidente Gabriel Boric anunció en un comunicado el indulto de 11 personas, diez de ellas detenidas tras manifestaciones en el contexto de octubre de 2019, junto al exfrentista Jorge Mateluna. Una hora más tarde, el Ejecutivo reconoció que "por error" se omitieron dos nombres, también vinculados al estallido social, elevando a 13 el número de indultados.

El Mandatario, cinco horas después del primer anuncio, y mientras comenzaban a dejar sus centros de reclusión los primeros indultados, Boric afirmó desde las ruinas del incendio en Viña del Mar ocurrido hace unos días, que se trató de "una decisión muy meditada, algo que no es sorpresa. Es un compromiso y yo cumplo mis compromisos", dijo en relación a que era una de sus promesas de campaña.

"En el primer comunicado que se emitió hubo dos que no sé por qué no se incluyeron en el listado, pero eso se solucionó inmediatamente. Así que pueden tener la tranquilidad de que esto es una decisión difícil, pero lo hago pensando en el bien de la patria", recalcó el jefe de Estado.

Boric luego agregó, en referencia a los detenidos tras el 18 de octubre, que "tenemos que sanar estas heridas. Acá vivimos un proceso que fue tremendamente complejo y en donde estos son jóvenes no son delincuentes. Es un compromiso personal, son decisiones complejas, pero las asumo responsablemente".

El preámbulo

En los últimos días la oposición ya había anunciado un quiebre en la mesa de seguridad si el Mandatario indultaba a parte de los llamados "presos de la revuelta", debido a las acusaciones que pesaban en su contra por saqueos, incendio de inmuebles y ataques contra agentes de orden y seguridad. Por esto, a primera hora de ayer la ministra vocera Camila Vallejo señaló que Boric tenía "un compromiso y una palabra empeñada que es conocida desde el día uno por todos. (...) A nadie debiera sorprenderle este tema".

El indulto a los detenidos en manifestaciones fue una promesa de 2021, razón por la que frecuentemente se veía a sus familias protestar en torno a actividades oficiales, como el punto de prensa tras el consejo de gabinete realizado ayer, donde participó la ministra de Justicia, Marcela Ríos, quien no realizó declaraciones al respecto.

Minutos después, el Ejecutivo publicó una lista con once indultados y equipos de prensa informaron la decisión a quienes se manifestaban en La Moneda. Una hora más tarde, el Ministerio de Justicia reconoció en un comunicado que "por error" se emitió "de manera incompleta la nómina" y, "al advertir que faltaban dos nombres en el listado final, se envió la información correcta a Presidencia".

Boric en el pasado

Uno de los indultados que apareció ayer en la primera lista fue el exmiembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Jorge Mateluna, cuya defensa por parte del Presidente no es nueva, ya que cuando era diputado, en 2018, publicó en Twitter que el condenado por el robo de un banco "no es frentista desde mediados de los 90. Está preso por un asalto que no cometió, del que autores están confesos y descartaron su autoría. PC no tiene nada que ver".

Este comentario fue en respuesta a una publicación del exdiputado PPD Jorge Schaulsohn, quien escribió que "para mí lo más notable fue la negativa de (el exministro de Justicia, Jaime) Campos a firmar indulto del frentista Mateluna. El PC se quedó con los crespos hechos por partida doble".

Campos no suscribió la idea de la ex Presidenta Michelle Bachelet en 2018, ya que Mateluna fue indultado también por el ex Mandatario Ricardo Lagos en 2004, cuando cumplía pena por formación de organización terrorista, desde los 90. Nueve años más tarde, en 2013, el exfrentista nuevamente fue aprehendido al ser acusado del asalto a una sede del Banco Santander.

El indulto presidencial es una facultad que está consagrada en la Constitución y en la Ley 18.050.