El Presidente Gabriel Boric decidió nominar a Ángel Valencia Vásquez como candidato a asumir el cargo de fiscal nacional, en el tercer intento por llenar el cupo dejado por Jorge Abbott tras los fracasos de las propuestas de José Morales y Marta Herrera, quienes no alcanzaron el quorum de dos tercios de los votos en el Senado.

Se trata del primer candidato elegido por el Mandatario que al momento de su nominación no trabaja en el Ministerio Público sino que desde 2006 se desempeña como abogado particular, a diferencia de los dos anteriores que se desempeñan en la Fiscalía. Su especialidad es la litigación de causas penales.

A causa de esa labor su nombre se vio envuelto en una polémica luego de que se anunciara como integrante de la quina de la Corte Suprema desde la primera instancia, pues la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, hizo notar que Valencia había defendido a dos imputados por delitos sexuales.

Con su nominación por parte de Boric se descartaron, de momento, los otros cuatro integrantes de la quina elaborada, por tercera vez, por el máximo tribunal: Juan Agustín Meléndez, suplente del Fiscal Nacional y jefe regional de Los Ríos; Carlos Palma, fiscal regional de Aysén; Nayalet Mansilla, fiscal regional de Ñuble; y Erika Maira, gerenta de la División de Atención a Víctimas y Testigos del Ministerio Público.

En el comunicado del Ministerio de Justicia se destaca que "el señor Valencia es abogado de la Universidad de Chile y cuenta con un Master of Laws (LLM) de la California Western School of Law. Además, se desempeña como académico de la Universidad Alberto Hurtado desde el año 2000 y ha sido docente de la Universidad San Sebastián, la Universidad Finis Terrae, la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Valparaíso".

Entre los años 2002 y 2006, Valencia trabajó en el Ministerio Público como abogado asesor de la Fiscalía Regional de Aysén y como Fiscal Adjunto en las Fiscalías de Valparaíso y Metropolitana Sur.

"Que sea la vencida"

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, dijo que en el Ejecutivo esperan "que la tercera sea la vencida" e insistió en "la importancia que tiene alcanzar un acuerdo en el Senado, es decir quorum, para poder ratificar el nombre propuesto para liderar la Fiscalía Nacional".

Hoy se cumplen 97 días con el órgano persecutor sin un líder formal, desde que Jorge Abbott dejó sus funciones en octubre. En ese sentido, Vallejo señaló que "no podemos seguir esperando, porque debilita la capacidad de conducción de un poder del Estado importante en la persecución del delito".

Ese periodo se extenderá al menos hasta el lunes 9 de enero, día en que sesionará la comisión de Constitución del Senado a las 11:00 horas para escuchar la exposición de Valencia, de acuerdo con lo adelantado por el presidente de esa instancia, Matías Walker (exDC).

El parlamentario indicó que ese mismo día en la tarde debería votarse en sala "para ratificar o no el nombre de fiscal nacional propuesto por el Presidente".

A casi una semana de los primeros 13 indultos presidenciales de Gabriel Boric, el viernes 30 de diciembre de 2022, aún no se apaga la polémica que generó tal acción y que fue avivada por los dichos del Mandatario durante su paso por Brasil, específicamente por el caso del exfrentista Jorge Mateluna, oportunidad en que afirmó que tiene la convicción de que se trata de una persona inocente y que en el juicio hubo "irregularidades". Esto generó duras respuestas de la Corte Suprema, la Fiscalía, la oposición y entre distinguidos juristas.

Ayer se sumó a la discusión el abogado que defendió a Mateluna, el exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile Davor Harasic, quien se alejó de los calificativos usados por el jefe de Estado: "Se indultó a una persona que el sistema judicial declaró culpable y que, por lo tanto, es culpable".

Mateluna fue detenido por Carabineros a dos kilómetros del asalto ocurrido el 17 de junio de 2013 en una sucursal de Banco Santander en Pudahuel, sindicado por los policías como uno de los responsables. Su defensa, encabezada por Harasic, siempre defendió la inocencia del imputado con argumentos como que la estatura del involucrado no coincidía con la suya, según las imágenes captadas en las cámaras de seguridad, y tampoco los tiempos de traslado respecto al lugar de la detención.

Eso llevó a Boric a sostener que para él Mateluna era inocente, a diferencia de lo que sostuvo el Ministerio Público, que habló de una detención en flagrancia. Ante, ello Harasic expresó que "no soy quién para comentar las declaraciones del Presidente de la República, pero yo antes de asumir la defensa de Jorge y todos los profesores que asumimos la defensa de Jorge, quedamos convencidos de que no había pruebas acerca de su culpabilidad, pero estamos en una fecha distinta, en una fecha en que los tribunales chilenos fallaron y cuando un tribunal dicta sentencia, eso es, y los abogados tenemos que acatarla".

"Podemos llegar hasta las últimas instancias, pero tenemos que acatarla. En consecuencia, ¿qué quedaba después de una sentencia que quedó ejecutoriada y en la cual a Jorge se le condenó a la cárcel? Una petición de indulto, que es la que ingresamos el 30 de agosto y el Presidente hizo uso de sus facultades constitucionales y lo indultó", añadió el abogado.

Vallejo: "Está zanjado"

Sobre el tema, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, comentó tajante que "el Presidente dio por zanjada esta polémica ayer y se dirigió al país para recalcar el respeto absoluto, ahora y siempre, de la separación de poderes, de su autonomía y su independencia y el respeto a sus facultades jurisdiccionales".

"Eso no ha estado en duda ni lo estará jamás. Entonces, independientemente de las opiniones personales, ese respeto está y está en la demostración de las acciones que hemos hecho", añadió enfática ante la reiteración de una pregunta.

La vocera de Gobierno recordó que "ha habido algunos sectores políticos que han puesto en duda incluso los indultos y las facultades que establece la Constitución respecto a los indultos presidenciales y la ley 18.050 y la verdad es que todos los indultos que se han efectuado por parte de este Gobierno, como lo han hecho otros gobiernos anteriores, todos los gobiernos desde el retorno a la democracia, se han amparado en lo que determina la Constitución y las leyes".

"No nos interesa abrir ni generar polémica con la Corte Suprema ni con ningún otro poder del Estado respecto a esto", enfatizó y añadió que "puede no satisfacer la respuesta del Presidente, pero el Presidente fue muy claro, tanto al comienzo como en el final de su declaración, que independiente de su opinión (de la periodista que insistió a la ministra por la pugna entre poderes), aquí hay una facultad que se ha ejercido con debido y absoluto respeto a la Constitución y a las leyes".