Una de las frases con que el Presidente Boric suele acompañar sus mensajes en redes sociales, cuando se trata de mostrar algún (presunto) logro de su administración es "¡avanzamos!". Como chileno, debería sentir gran alegría porque el país avanza, pero al terminar este año no puedo sino preguntarme, ¿avanzamos realmente? Mis dudas comenzaron el día antes que asumiera el actual gobierno. Horas antes de asumir, se anunció que después de un trabajo conjunto entre Izkia Siches (ex ministra del Interior y Seguridad Pública) y Marcela Ríos (ministra de Justicia en ejercicio), se retirarían 139 querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado presentadas por la anterior administración, en el marco de los numerosos delitos cometidos a partir de las protestas de octubre de 2019. Claramente, una mala señal.
Pero no fue la única, en abril, la ex Ministra Siches protagonizó aquel bochornoso incidente en el cual acusó a la administración anterior de no haber podido realizar una expulsión, volviendo el avión con las mismas personas expulsadas. No pasaron muchos días antes que tuviera que disculparse. Fue "un error de información". Esta ha sido la tónica de los ministros: declaraciones lamentablemente desafortunadas. Si no, recordemos al ministro Jackson cuando, con convicción, afirmó que su generación tiene una escala de valores y principios superior a las que le antecedieron. Pero seamos justos, este no es un gobierno que se quede en las palabras.
En julio ingresó una reforma tributaria que, precisiones más, precisiones menos, constituye una importante alza de impuestos antes que una iniciativa que busque generar más recaudación mediante la creación de mayor riqueza. Y en noviembre, una nueva reforma de pensiones que establece una nueva cotización que no va a nuestras cuentas propias, sino a un sistema de reparto manejado por políticos. Todo ello, en un contexto económico complejo, con la inflación anual disparada, casi llegando a un 13% y con un desempleo que comienza a expandirse, de la mano de la recesión. Con todo, la mayor ausente este año fue la seguridad, aún a pesar de que en abril, el Subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, afirmaba que "Chile está viviendo el peor momento en seguridad desde el retorno a la democracia".
El gobierno durante este año no ha presentado ninguna iniciativa relevante que apunte a fortalecer la seguridad, siendo especialmente olvidados los carabineros, quienes siguen sin contar con el necesario respaldo que, en materia legislativa, les daría el estatuto de protección de las policías, el cual introduce modificaciones para asegurar que ellos no sean perseguidos penalmente si realizan su trabajo. Este proyecto sigue durmiendo en el Senado y sin urgencia por parte del gobierno. Quizás, el golpe de realidad llegó con el plebiscito del 4 de septiembre, donde el rechazo a la propuesta de nueva constitución se impuso por amplia mayoría; pero aún a pesar de eso, y de que realizó un cambio de gabinete necesario, el gobierno de Boric persiste: contra toda lógica (y a pesar de que en campaña señaló que "no se puede indultar a una persona que quemó una iglesia, una pyme o saqueó un supermercado") se anunció el indulto, es decir, la puesta en libertad, de trece delincuentes condenados, entre ellos un ex frentista.
Sin embargo lo que más decepciona es que el Presidente de la República, aún contradiciendo lo resuelto por los tribunales de justicia, señaló que "estos jóvenes no son delincuentes". Esto es grave, porque el Presidente emplea sus potestades por la simple razón de que, a su juicio, la justicia se equivocó. ¿Avanzamos, entonces? La verdad es que seguimos donde mismo. 2023 no parece ser un buen año para los chilenos, pero un cambio real (y no una voltereta) podría hacer que fuera distinto.
Frank Sauerbaum,
diputado RN por Ñuble
