Tras la bullada salida de Marcela Ríos, ayer el Presidente Gabriel Boric presentó con un fuerte abrazo en La Moneda al nuevo ministro de Justicia, Luis Cordero.
El nuevo secretario de Estado fue consultado rápidamente por los 13 indultos que concedió el año pasado el mandatario, por las desprolijidades y errores que aún no se aclaran y por el escándalo que produjeron, pero el nuevo titular de cartera señaló que históricamente estos mecanismos son complejos, polémicos y que esta vez se trata de "una figura legítima".
Sin dar muchos detalles, dijo que "quiero llegar al Ministerio de Justicia, conocer a todo el mundo. Una vez que tenga todos los antecedentes yo podría responder cada una de las preguntas".
"Le voy a responder como un viejo profesor de la práctica profesional de la Corporación de Asistencia Judicial: papelitos primero; miramos los papeles y luego yo le puedo responder esa pregunta", insistió Cordero tras las constantes preguntas que aún nadie en el Gobierno, a más de 10 días de los perdones equivocados, ha sabido explicar por qué se otorgaron y qué ocurrirá con ellos.
Sobre la figura, recordó que "los indultos en Chile, si ustedes revisan su aplicación desde la década de los 90 hasta hoy, habitualmente han sido conflictivos respecto del ejercicio, cómo se ejercen, la fundamentación. Simplemente basta ver la discusión pública".
"Todos esos decretos están fundados. Otra cosa distinta es si uno comparte o no comparte los fundamentos. Pero esa es una discusión que yo prefiero tener con detención más adelante", expresó el ministro entrante.
Nuevos antecedentes
Según reveló el medio Ex-Ante, fuentes en el ministerio de Justicia aseguraron que funcionarios que participaron del proceso le habría hecho notar a la jefa de Asesores de la ministra, Natalia Arévalo, que algunos de quienes no iban a ser indultados no cumplían con los requisitos.
De hecho, agregan que funcionarios que firmaron los decretos "fueron obligados por su responsabilidad como funcionarios administrativos".
El medio indica que llegaron 13 carpetas y no tienen explicación para que en primera instancia se anunciaran solo 11 indultos. "Las consultas y decisiones se adoptaron en coordinación con el jefe de gabinete del Presidente, Matías Meza-Lopehandía", afirmó Ex-Ante.
Pensión de gracia
En otra arista del sonado caso, el subjefe de la bancada UDI, Juan Antonio Coloma, y los diputados Henry Leal, Cristián Labbé y Flor Weisse, oficiaron al ministerio del Interior para que transparente si alguno de los condenados por delitos en el "estallido social" recibieron o solicitaron la pensión de gracia que otorgó el Gobierno a quienes sufrieron menoscabo laboral en aquella ocasión.
Los parlamentarios señalaron que, hasta octubre de 2022, 367 personas se encontraban recibiendo la pensión según información conseguida tras una solicitud por Transparencia.
Indicaron que el Gobierno "tiene la obligación de transparentar, a la brevedad posible, si alguno de estos delincuentes recibieron o no una pensión de gracia, lo que sería extremadamente grave".
La corte suprema
Por su parte, la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, dejó atrás la polémica sobre las declaraciones del Presidente Boric, quien habló de "irregularidades" en el proceso de Jorge Mateluna y recibió un "recordatorio" del Poder Judicial.
"Creo que tenemos que quedarnos con la explicación que el propio Presidente dio y que, como digo, creo que se tomó el tiempo de detallar y de demostrar un especial aprecio y preocupación con el Poder Judicial, cosa que evidentemente se valora", destacó.