Microsoft anunció que despedirá a 10.000 empleados, menos del 5 % de su plantilla, y que ya empezó a notificar algunos de los despidos.

El presidente ejecutivo, Satya Nadella, detalló que la empresa está pasando por "cambios significativos". Nadella detalló que cuando se reúne con los clientes nota que ya no "aceleran sus gastos digitales", como se vio durante la pandemia, sino que optan por "optimizar su gasto digital para hacer más con menos".

"También estamos viendo organizaciones en todas las industrias y geografías que actúan con cautela, ya que algunas partes del mundo se encuentran en una recesión y otras partes la anticipan", agregó. Las acciones de Microsoft han caído un 23 % en los últimos 12 meses.

En vísperas de la llamada "toma de Lima", una manifestación convocada por líderes opositores a la presidenta interina Dina Boluarte y partidarios del depuesto mandatario Pedro Castillo, el Gobierno de Perú instó llamó a los empleadores a "facilitar la acción remota de sus trabajadores" durante la jornada de hoy, como medida de prevención ante las marchas antigubernamentales convocadas en la capital, hasta donde se desplazaron miles de manifestantes de varias regiones del país.

"Exhortamos a los empleadores que faciliten la acción remota de sus trabajadores durante las próximas 24 horas. Ello en el sentido que mañana (hoy), jueves, van a existir algunas manifestaciones y no sabemos si van a continuar o no actos que podrían desbordar en actos de violencia", declaró el ministro de Trabajo, Luis Adrianzén.

Adrianzén reiteró la voluntad del Gobierno de Boluarte de trabajar en favor de la "paz social" y pidió a la población "retomar el diálogo" para que "el país recupere estabilidad".

"Pedimos calma al país, pero pedimos también productividad, empleo, derecho a que la gente trabaje", señaló.

En el mismo sentido se expresó la titular de la cartera de Salud, Rosa Gutiérrez, quien urgió a los manifestantes que cierran carreteras a permitir el trabajo de su sector para evitar que más ciudadanos mueran debido a los bloqueos.

Por su parte, el ministro del Interior, Vicente Romero, hizo un llamado a la "calma y a la tranquilidad" y a tener "plena confianza con las fuerzas del orden".

Aseguró que la Policía Nacional, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, darán "la seguridad necesaria" a los manifestantes. "A los que van a las protestas, mi recomendación va en el sentido de que cumplan la ley, cumplan las medidas de seguridad que se están adoptando. No queremos más muertes, no queremos más heridos. Basta de sangre, basta de enlutar a las familias en el Perú", declaró Romero.

Desde que se iniciaron las protestas en diciembre, tras el fallido autogolpe de Castillo, el Perú suma 50 fallecidos.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, pidió ayer en su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos que Estados Unidos y China dejen de fomentar con su creciente división lo que él denomina "Gran Fractura", que le podría costar a la economía global 1,4 billones de dólares.

"Nos arriesgamos a una desconexión de las dos mayores economías del mundo, una grieta de dimensiones tectónicas que podría crear dos normativas comerciales, dos divisas dominantes, dos redes de internet y dos estrategias de inteligencia artificial en conflicto", alertó Guterres, cuyo discurso coincidió con la reunión entre la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, y el viceprimerministro chino Liu He, que fue calificada como "sincera, sustantiva y constructiva".

Agencias

El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, elevó el tono contra su predecesor, Jair Bolsonaro, a quien culpó directamente de "instigar" el "intento de golpe" de Estado que perpetraron sus seguidores más radicales el 8 de enero pasado.

"Lo que pasó aquí fue una tentativa de golpe por gente preparada. No sé si el ex Presidente lo ordenó, pero lo que sé es que tiene culpa porque se pasó cuatro años instigando odio", denunció Lula.

El mandatario progresista también responsabilizó a Bolsonaro de "mentir a la sociedad", porque insistió en que "el pueblo tenía que estar armado para garantizar la democracia".

"La democracia se garantiza con cultura, con libros, con debate, con educación, con comida, con empleo", enumeró el gobernante, que asumió el poder el 1 de enero.

Bolsonaro, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos sin una previsión oficial sobre su regreso a Brasil, fue incluido, a petición de la Fiscalía General, en la lista de investigados de la Corte Suprema por "incitar" la calificada como intentona golpista.

Ese día, una masa de miles de bolsonaristas radicales invadió y causó graves destrozos en las sedes del Congreso, la Presidencia y la Corte Suprema, en un intento para derrocar a Lula y devolver al poder por la fuerza a Bolsonaro.

Como respuesta, el Presidente Lula intervino el área de seguridad del Distrito Federal de Brasilia y convocó rápidamente a los jefes de los poderes Legislativo y Judicial, así como a los 27 gobernadores del país, para dar una imagen de unidad frente al violento ataque a las instituciones.

En el plano judicial, la Suprema apartó temporalmente al gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, y ordenó la prisión del exsecretario de Seguridad, Anderson Torres, quien fue ministro de Justicia en el Gobierno de Bolsonaro.

La policía halló en la casa de Torres, un próximo aliado de Bolsonaro, un borrador de decreto presidencial para intervenir el Tribunal Superior Electoral y "corregir" el resultado de los comicios de octubre, documento que, según el oficialismo, evidencia intenciones golpistas de Bolsonaro.

Silencio de torres

En este contexto, Torres -investigado por omisión- permaneció en silencio durante el primer interrogatorio al que fue sometido por las autoridades en la última jornada, tras haberse entregado el fin de semana.

"El silencio de Anderson Torres durante el interrogatorio es un fuerte indicio. Es una pésima señal y demuestra que hay personas grandes involucradas en los actos terroristas de Brasilia", declaró el vocero del Gobierno en la Cámara de Diputados, José Guimarães.

El Presidente colombiano, Gustavo Petro, exigió a Guatemala respeto para él y para su ministro de Defensa, Iván Velásquez. "Nuestro ministro de Defensa se respeta y el Presidente se respeta. Nosotros no vamos a arrodillar la soberanía nacional ante una acción corrupta", aseguró desde Suiza, en el marco del Foro Económico Mundial de Davos.

Las declaraciones se enmarcan dentro de un conflicto entre Gustavo Petro y el Presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, quienes están enfrentados a raíz del anuncio del Ministerio Público de Guatemala de procesar a Velásquez por actuaciones relacionadas con hechos de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht cuando estuvo al frente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, entre 2013 y 2017.

El Presidente colombiano advirtió el martes a Guatemala que la relación bilateral se verá afectada si la Fiscalía de ese país insiste en emprender acciones contra su ministro, ante lo cual Giammatei lo llamó a la cordura. "Voy a dejar que el presidente Petro siga cometiendo el error de un guerrillero, pero que es poco político", dijo el guatemalteco.

"Esas venganzas de politiqueros y de corruptos no la vamos a aceptar más", insistió Petro. "Ellos toman sus decisiones y nosotros tomamos las nuestras, pero deben tener un mensaje claro: la soberanía nacional se respeta, y nuestro deseo de que la transparencia pública ocurra no solo en el Estado colombiano sino en todos los Estados del mundo es genuino", agregó.

La ONU recordó ayer a las autoridades de Guatemala que los funcionarios extranjeros que formaron parte de la citada Comisión siguen gozando de inmunidad en virtud del acuerdo por el que se estableció ese órgano.

Naciones Unidas respondió así a las medidas anunciadas por la Fiscalía de Guatemala contra exmiembros de la Cicig, incluido el que fuera su máximo responsable, Iván Velásquez.