Un atentado suicida en el interior de una mezquita dentro del cuartel general de la policía de Peshawar, en el noroeste de Pakistán, dejó ayer al menos 61 muertos y 157 heridos, en su mayoría miembros de las fuerzas de seguridad, en uno de los peores ataques contra la policía en la historia del país asiático.

El vocero del hospital Lady Reading de la ciudad de Peshawar, Asim Khan, dijo a Efe que la mayoría de las muertes correspondían a "policías".

Agregó que "157 resultaron heridas. Estamos compilando la lista de fallecidos y podremos confirmar el número final de policías en cuanto la completemos".

El centro médico se vio obligado a hacer un llamado a donar sangre para tratar a las decenas d e fallecidos.

El atentado ocurrió al mediodía en una mezquita en Police Lines, un centro residencial y de entrenamiento para policías, lo que explica el alto número de víctimas dentro de este cuerpo, dijo el comisionado de Peshawar, Riaz Mehsud.

"A la gente de fuera no se le permite entrar en el centro", agregó.

La fuerte explosión producto del ataque se produjo cuando la mezquita se encontraba especialmente concurrida durante una de las oraciones.

Por su parte, el ministro de Defensa paquistaní, Khawaja Asif, reveló que el atacante suicida se encontraba en primera fila durante los rezos, y reivindicó que el Estado debe actuar contra los terroristas. "Es hora de que volvamos a combatir la guerra contra el terrorismo", dijo en el canal paquistaní Geo TV.

Asimismo, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, condenó el "brutal asesinato de musulmanes cuando rezaban ante Alá".

Hasta el cierre de esta edición, y mientras seguía la búsqueda de restos entre los escombros y agujeros que quedaron en el lugar, ninguna formación insurgente había reivindicado la autoría del ataque.

El último atentado contra un centro religioso en Pakistán tuvo lugar en la misma ciudad de Peshawar en marzo de 2022, cuando un atacante suicida detonó sus explosivos en una mezquita de la minoría chií dejando 56 víctimas fatales y alrededor de 200 heridos.

157 heridos

Un contingente de las Fuerzas Armadas llegó ayer al departamento de Ica, para apoyar a la Policía Nacional en la liberación de la carretera Panamericana Sur, bloqueada por manifestantes , informaron fuentes oficiales. El contingente se trasladó desde Lima hacia la base área de la ciudad de Pisco, a bordo de camiones de transporte de tropas, para liberar los tramos de esta vía, en particular en los sectores conocidos Barrio Chino y Expansión Urbana. "La acción de nuestros militares, en apoyo de la Policía, tiene como marco su deber primordial de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y la protección de la población", dijo el Ministerio de Defensa.

Entre fuertes presiones para adelantar las elecciones, ayer el Congreso aprobó una petición para reconsiderar la votación que el viernes pasado rechazó un proyecto para que estos comicios se realicen en octubre de este año en lugar de 2024, al tiempo que la Organización de Estados Americanos (OEA) le solicitó al Gobierno peruano que convoque prontamente a las presidenciales y manifestó su preocupación por el uso excesivo de la fuerza durante las protestas contra la presidenta Dina Boluarte.

La decisión del Legislativo, que fue tomada con 66 votos a favor, 44 en contra y seis abstenciones del pleno, contó con el voto decisivo del presidente del Congreso, el derechista José Williams, para alcanzar el mínimo necesario para ser aceptada.

De esta forma, el Parlamento volverá a debatir para buscar un consenso que permita alcanzar los 87 votos necesarios para aceptar el adelanto de elecciones, lo que implicaría elegir un nuevo Parlamento y a un nuevo presidente, así como atender una de las principales exigencias de las protestas que ya se han cobrado la vida de 65 personas.

De ser aprobado, deberá ser votado nuevamente en la siguiente legislatura, por tratarse de una reforma constitucional. En el documento se pide que se adopten "medidas efectivas" para la rendición de cuentas sobre los "actos de violencia" ocurridos en Perú.

OEA hace un llamado

Paralelamente, la OEA pidió al Gobierno que pronto llame a elecciones generales.

Por medio de una resolución, adoptada por todos los países miembros, con la excepción de El Salvador, el Consejo Permanente del organismo pidió al país vecino "la pronta realización de elecciones justas, libres y transparentes".

El documento fue presentado ante el pleno del organismo por la misión permanente de Colombia, con apoyo de Haití, Honduras y Antigua y Barbuda.

Los países de la OEA también señalaron su preocupación por el uso excesivo de la fuerza en respuesta a las protestas en el país.

En el texto se pide que se adopten "medidas efectivas" para la rendición de cuentas sobre los "actos de violencia" ocurridos en Perú.

A su vez, solicitó al Gobierno peruano que se respete el debido proceso para las personas que han sido arrestadas durante las manifestaciones.

Precisamente ayer, según una encuesta de la empresa privada CPI que fue publicada ayer por la emisora RPP, se conoció que el 70,9% de los peruanos considera que "lo mejor" es que las elecciones se adelanten. Además, el 62,8%, cree que Boluarte debe renunciar a su cargo.

La canciller peruana, Ana Cecilia Gervasi, viajaba ayer a Washington para reunirse con "altas autoridades" del Gobierno de EE.UU. y con legisladores del Congreso estadounidense.

En tanto, la Fiscalía de Perú anunció el sábado que estaba investigando la muerte de un manifestante en Lima como presunto homicidio en el contexto de "violación de los derechos humanos" durante las protestas. Esta muerte elevó a 65 los fallecidos desde que en diciembre pasado comenzaron las protestas antigubernamentales que exigen la renuncia de la presidenta, el cierre del Congreso, elecciones generales anticipadas y la convocatoria a una asamblea constituyente.

Pérdidas económicas

Por otra parte, las seis semanas de protestas están dejando pérdidas por más de 500 millones de dólares en la mayoría de actividades económicas del país por los bloqueos y paros, según el ministro de Economía, Alex Contreras.

Las regiones más afectadas son Cuzco, Madre de Dios y Puno, que presentan bloqueos en las carreteras desde diciembre y ya sufren desabastecimiento de combustibles y un elevado precio en los alimentos.

Contreras estimó que si no se consigue una diálogo rápido entre las partes y el conflicto se mantiene, la economía peruana solo crecerá 2% en el primer trimestre de 2023, pero si hay una reactivación como consecuencia de un consenso político, el alza del PIB sería de al menos 3%.

Las protestas comenzaron tras la destitución del expresidente Pedro Castillo, quien intentó dar un autogolpe de Estado y fue enviado a prisión.

65 personas

70,9 han muerto en Perú desde que en diciembre pasado comenzaron las protestas.