Un ciudadano español fue detenido ayer en Lima por su supuesta participación en una red corrupta que presuntamente fue liderada por el expresidente encarcelado Pedro Castillo (2021-2022), en una operación por la que también se intervino una oficina de la Policía Nacional del Perú (PNP) y viviendas de otras personas vinculadas con el caso.

El Ministerio Público informó en Twitter que el español Jorge Ernesto Hernández Fernández fue "detenido preliminarmente", durante 10 días, en su domicilio del distrito limeño de La Molina durante un operativo a cargo del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, que fue liderado por el coronel de la PNP Harvey Colchado.

Hernández, conocido como "El español" y natural de Alicante, está investigado en Perú por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y corrupción de funcionarios en el marco de las pesquisas de una presunta organización criminal vinculada a Castillo.

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Fuentes vinculadas a la investigación confirmaron a EFE la detención de Hernández y señalaron que "habría sido contratado para atentar contra la vida de la fiscal (general) de la Nación, Patricia Benavides, el coronel de la Policía Nacional Harvey Colchado y los integrantes del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder".

"Las diligencias fiscales realizadas -de manera simultánea en 6 distritos de Lima y Callao con apoyo del Equipo Especial policial- incluyen allanamientos a domicilios y una oficina de la Policía Nacional, así como la incautación de documentos", añadió la Fiscalía en Twitter.

En cuanto a los demás allanamientos, medios locales informaron de otras detenciones de presuntamente vinculados a la supuesta organización criminal, entre ellos el exasesor de Castillo Henry Shimabukuro y un coronel de la Policía.

Además, las fuentes vinculadas al caso señalaron a EFE que se dispuso la detención preliminar de otro ciudadano español pero su arresto no fue confirmado por la Policía.

Precisamente, ayer martes el juez supremo Juan Carlos Checkley evaluaba un pedido de la Fiscalía para que imponga 36 meses de prisión preventiva contra Castillo por presuntamente encabezar la organización corrupta que, según el Ministerio Público, era "captar el poder, copar entidades estatales y obtener ganancias ilícitas con licitaciones".

Durante la audiencia, la fiscal señaló que a Castillo se le considera presunto autor del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal, de tráfico de influencias y como cómplice del delito contra la administración pública, en la modalidad de colusión simple.

El exmandatario, quien ganó las elecciones presidenciales de 2021, ya cumple 18 meses de prisión preventiva, mientras el Ministerio Público lo investiga por la presunta comisión del delito de rebelión tras su fallido autogolpe del 7 de diciembre pasado.

Interrogan a Boluarte

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, declaró ayer durante poco más de una hora ante la fiscal general peruana, Patricia Benavides, como parte de la investigación preliminar que se le abrió por las muertes que se han producido durante las manifestaciones antigubernamentales que comenzaron en diciembre pasado en su país.

"Se informa que la presidenta de la república, Dina Boluarte, culminó su presentación ante la Fiscalía de Perú, donde brindó declaraciones respecto a las investigaciones que sigue el Ministerio Público", señaló la Presidencia peruana en Twitter.

Boluarte ingresó a la sede del Ministerio Público a bordo de en un vehículo oficial, que una hora y cuarto después salió rumbo al Palacio de Gobierno, ubicado a pocas cuadras, sin que la gobernante ofreciera declaraciones a los medios.

La jefa de Estado fue citada por Benavides como parte de la investigación por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, abierta contra las máximas autoridades del Gobierno peruano tras las decenas de muertos que se han producido en las protestas.

En esta investigación preliminar se ha incluido al actual primer ministro, Alberto Otárola, y a su antecesor, Pedro Angulo, así como al ministro de Defensa, Jorge Chávez, y a los exministros del Interior Víctor Rojas y César Cervantes.

El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, aseguró ayer en Bagdad que sus tropas continuarán en el país a petición del Gobierno iraquí, pese a que el Parlamento de Irak ha pedido su retirada, en un viaje sorpresa que realiza a pocos días de que se cumplan 20 años de la invasión de EE. UU. al país árabe.

"Las tropas de EE. UU. permanecerán aquí a petición del Gobierno iraquí, pero estas tropas ofrecerán apoyo y asesoramiento", afirmó el jefe del Pentágono en una rueda de prensa en Bagdad. Austin, el cargo de mayor rango de la administración de Joe Biden que visita Irak, quiso agradecer al primer ministro, Mohamed Shia al Sudani, y al ministro de Defensa, Thabet al Abasi, por "su compromiso para garantizar que las fuerzas de la coalición aquí en Irak sigan a petición del Gobierno iraquí".

El objetivo de este viaje a Irak, que se enmarca en la gira de Oriente Medio que comenzó hace dos días en Jordania, es el de reafirmar la asociación estratégica entre ambos países para que Irak sea una nación "más segura, estable y soberana".

"Seguiremos trabajando con nuestros socios iraquíes para una vida mejor para el pueblo iraquí y me siento muy optimista respecto esta relación iraquí-estadounidense (...) EE. UU. seguirá ampliando esa asociación para apoyar la seguridad, la estabilidad y la soberanía de Irak", aseveró. La misión en la que están centrados es la de "acabar" con el grupo yihadista Estado Islámico (EI) y ese es el único objetivo, aclaró.

Estados Unidos lidera una coalición antiyihadista que se creó para derrotar al EI, que autoproclamó un "califato" en el verano de 2014 y se expandió rápidamente e incluso llegó a las puertas de Bagdad.

Aunque la organización yihadista fue derrotada territorialmente en 2017, sus remanentes todavía siguen llevando a cabo ataques, sobre todo contra las fuerzas de seguridad iraquíes y particularmente en la frontera con Siria y el norte y centro del país. Se estima que el Estado Islámico cuenta con entre 5.000 y 7.000 miembros y simpatizantes repartidos entre el Irak y Siria, de los cuales aproximadamente la mitad son combatientes, según datos recientes de la ONU.

El viaje de Austin se produce a menos de dos semanas del vigésimo aniversario de la invasión estadounidense de Irak, iniciada en 2003, que derrocó al régimen del exdictador Sadam Husein y llevó al país a una espiral de inestabilidad.

Al menos 60 personas han muerto en solo 8 días y 50 están desaparecidas a causa de los enfrentamientos entre bandas armadas en Puerto Príncipe, según datos de la ONG Reseau National de Defense des Droits Humains (RNDDH).

El lunes seguían los choques en la capital haitiana y se escuchanba disparos, por lo que las cifras de la RNDDH son únicamente un balance provisional de las muertes ocurridas entre el 24 de febrero y el 4 de marzo por los choques entre dos coaliciones de grupos armados que luchan por el control del territorio, el G9 y el GPEP. De acuerdo con el director ejecutivo de la RNDDH, Pierre Esperance, aún no hay datos de la violencia registrada en el barrio de Solino, una zona hasta ahora pacífica que el G9 quiere conquistar.

El centro de la capital haitiana vive desde hace días un recrudecimiento de la tensión, debido a esta guerra entre bandas.

Cientos de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares para huir de los enfrentamientos, decenas de las cuales se han refugiado en casas de familiares, ante el temor de que se creen "campos de desplazados" que puedan ser atacados más tarde. Conforme a los videos que circulan por las redes, cientos de casas han sido quemadas y, además de los muertos, hay personas con quemaduras como resultado de estos incendios provocados.

Ante ello y el aumento de los secuestros, en Puerto Príncipe varias escuelas cerraron sus puertas desde este lunes hasta nuevo aviso. En la última semana se registraron decenas de secuestros, entre ellos de estudiantes, padres de alumnos e incluso de personas que se encontraban en sus propias casas.

A pesar de la tensión, las autoridades haitianas no han hecho declaraciones y no han anunciado medidas para hacer frente a las batallas entre bandas. Este deterioro de la situación se produce después de meses marcados por un recrudecimiento de la crisis socioeconómica y política en Haití, una espiral de violencia y la reaparición del cólera.