Hace algunos días se promulgó la Ley de Trastorno de Espectro Autista, que busca promover y resguardar los derechos de las personas diagnosticadas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), asegurando su inclusión, atención integral y debida autonomía. Se trata de un proyecto que incluyó el trabajo y participación de distintas organizaciones sociales, algunas de ellas lideradas por personas autistas, padres, madres, personas cuidadoras, y que contó con un apoyo parlamentario transversal en el Congreso Nacional.
Dentro de los principios de la ley, se encuentran el trato digno, autonomía progresiva, perspectiva de género, intersectorialidad, participación y diálogo social, neurodiversidad, detección temprana y seguimiento continuo, los cuales serán los pilares para la aplicación de este cuerpo legal. Por su parte, se reconoce la existencia de personas cuidadoras de quienes presentan TEA, y también contempla medidas en contra de la discriminación arbitraria, entre otros aspectos relevantes.
Esta ley permitirá avanzar en un atención médica, social y educativa de quienes tengan este diagnóstico, para su adecuada protección e inclusión. Lo anterior, sin duda resulta un gran paso para avanzar e ir acortando brechas en este tema, lo que no sólo es fundamental para los niños, niñas y adolescentes que se encuentran diagnosticados con Trastorno del Espectro Autista, sino también para sus padres y cuidadores.
De esta forma, entre otras cosas, en el ámbito de la salud, uno de los principales objetivos es avanzar en el fomento de la detección temprana del TEA, debiendo el Ministerio de Salud desarrollar y promover la detección de señales de alerta de este trastorno, dentro de las atenciones y prestaciones que se realicen a niños, niñas y adolescentes con este diagnóstico, incluidas en el Plan de Salud Familiar. Además, previa consulta al Ministerio de Educación, elaborará un protocolo en virtud del cual los establecimientos educacionales derivarán a niños, niñas y adolescentes con sospecha de TEA para el proceso de diagnóstico.
Sin duda constituye un gran e importante avance, pero será clave el rol de las autoridades y actores relevantes encargados de su implementación y aplicación, para que además del importante hito legislativo, lo sea también en la práctica, entregando la tan esperada ayuda y apoyo que durante mucho tiempo han esperado cientos de familias en nuestro país.
María Paz Olavarría, abogada y
magíster en Derecho Privado