El Presidente de Argentina, Alberto Fernández, reiteró sus cuestionamientos hacia la justicia chilena por el caso abierto por financiamiento irregular de campaña contra el ex candidato presidencial Marco Enríquez Ominami.

Esta vez, el jefe de Estado abordó el tema en una carta que envió a su par de Ecuador, Guillermo Lasso, en la cual lamentó la decisión del gobierno ecuatoriano de expulsar al embajador argentino en Quito por otorgar asilo a María de los Ángeles Duarte, una ex ministra del gobierno de Rafael Correa que es buscada por corrupción.

Desde la embajada argentina, Duarte huyó hacia Venezuela, lo que motivó la reacción de la cancillería ecuatoriana. Ante ello, Fernández explicó a Lasso que "en nuestra embajada se encontraba refugiada una persona que gozaba de plena libertad. No tenía la Argentina ni el deber de custodia ni ninguna capacidad de acotar sus movimientos".

"La salida de la señora Duarte de la sede de la embajada escapa absolutamente a la voluntad de las autoridades diplomáticas. La reacción desmesurada de expulsar al embajador es lo que verdaderamente lastima el buen vínculo que argentinos y ecuatorianos mantendremos a pesar suyo", afirmó.

Fernández añadió que "sabe también que quiero que la institucionalidad ecuatoriana se preserve. Pero quiero que sepa también que a todos debe lastimarnos que su Patria, como en la mía, como en Brasil o como en Chile la Justicia se haya puesto al servicio de quienes persiguen opositores".

La reacción de Fernández se originó luego de que Lasso comentara a través de Twitter que "me apena mucho que el Presidente de Argentina haya puesto por delante su amistad personal e identidad política con Rafael Correa por sobre la relación fraterna entre los pueblos de Argentina y Ecuador".

El caso ME-O

En febrero, el líder argentino firmó una carta junto a otras figuras de izquierda latinoamericanas para respaldar a Enríquez-Ominami, quien aún enfrenta un juicio en su contra por los aportes ilegales que habría realizado SQM a su campaña presidencial, el cual a juicio de su defensa se ha extendido más allá de lo normal.

"Una justicia dilatada es una justicia denegada", señalaba el texto, en el que acusaron que "fiscales con dedicación exclusiva, y con gran apoyo mediático y financiero, han ido dilatando el juicio. Incluso, a pocas semanas de por fin iniciarse el mismo, después de 8 años de investigación, volvieron los fiscales a pedir suspensión".

Ante esa postura, Boric, quien se encontraba monitoreando la respuesta ante los incendios forestales, respondió que "yo respeto las instituciones, espero lo mismo de mis colegas (...) Entiendo que mi ministro de Justicia ya se refirió al tema, pero no voy a escalar en polémicas cuando las urgencias están en otra parte".

Ayer en radio Cooperativa la fiscal Claudia Perivancich, quien lidera la investigación en el caso SQM, afirmó que "me parece muy graves las imputaciones" y añadió que el fiscal nacional, Ángel Valencia "me dijo, 'ustedes trabajen tranquilos en su equipo' y eso es lo que estamos haciendo. Me parece que no merece mayores comentarios".

La Cámara Baja rechazó ayer el proyecto que buscaba permitir un "autopréstamos" desde los fondos de pensiones, al cual el Gobierno le había impuesto discusión inmediata con el fin de facilitar su rápida votación para que se descartara la incertidumbre que podría generar ese fantasma que amenazaba con hacer subir nuevamente la inflación, tal como lo hicieron los retiros de fondos en 2020, cuyos efectos aún se sufren en la economía nacional.

La iniciativa, que requería de 89 apoyos para avanzar, obtuvo 96 votos en contra, 10 abstenciones y sólo 39 votos a favor, de manera que una moción en la misma línea no podrá ser discutida por un año.

Sin embargo, algo de preocupación generó en el Gobierno que entre quienes aprobaron la propuesta hubiera 12 diputados oficialistas: más que por el impacto actual, causa cierta inquietud lo que pueda pasar cuando se reponga el proyecto del sexto retiro de fondos de pensiones, el próximo 18 de abril, cuando ya haya pasado un año desde su rechazo en el Congreso.

Gobierno celebra

Una vez conocida la votación, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseguró que "ha primado la responsabilidad", y manifestó que "con esto podemos volver a centrar la discusión en materia de pensiones, en lo que es realmente importante que es el proyecto de reforma previsional".

"Hemos sido bastante claros en cuanto a que los retiros de fondos de pensiones, en este caso el autopréstamo, no constituyen realmente una ayuda por que son recursos de los propios trabajadores y no un apoyo de parte del Estado", añadió.

También recordó que recientemente el Congreso despachó un nuevo paquete de ayudas para las familias, y recalcó que "vamos a seguir evaluando la situación y en la medida de que se requiera y justifiquen nuevos apoyos a sectores que corren el riesgo de quedarse atrás en la recuperación, lo seguiremos considerando".

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, se sumó a esta opinión y reafirmó que "el proyecto de reforma a las pensiones contempla una modificación que saca a Chile del extremo en el que se encuentra y allega el concepto de la seguridad social a nuestro país. Estamos en un momento muy importante, porque este es el tercer gobierno en el que estamos tratando de sacar adelante esta reforma y tenemos una oportunidad, como país, para poder construir un buen acuerdo en esa materia".

Fin de la discusión

El debate generó posiciones muy divergentes entre los parlamentarios. La diputada Paula Labra (de la bancada RN), que votó a favor, argumentó antes de sufragar que "aprobamos medidas de ayuda por parte del Gobierno a las familias más vulnerables, que son bienvenidas, pero siguen siendo insuficientes. ¿Qué pasa con la clase media? Una vez más queda relegada y necesita ayuda".

Mientras que el diputado Gonzalo Winter (CS) aseguró que "algunos aquí se ponen choros para hablar de los ahorros de los trabajadores, pero titubean cuando hablamos de la plata de los ricos. Finalmente, están dispuestos a decirle a la gente que se arregle con sus ahorros, pero no se atreven a tocarle el bolsillo al dueño de las AFP".

Desde el PDG, el diputado Gaspar Rivas defendió la moción y argumentó que "la plata es de la gente y ellos pueden hacer con su plata lo que se les cante y no que venga un gobierno, este o cualquiera a decirle que es lo que tienen que hacer con su dinero".

Alberto Undurraga (DC) aseguró que "debiéramos dejar esta discusión en el marco de la reforma de pensiones donde sí se propone un autopréstamo que es acotado y con claridad en la forma de pago".