A más de tres meses del fallo de la Corte Suprema por el uso de tabla de factores, el Gobierno sólo ha dado esbozos de cómo implementará la sentencia, apelando a que, con tiempo y exigencias de mayor eficiencia a las Instituciones de Salud Previsional (Isapre), se evitaría el colapso del sistema. Las isapres concentran a un alto porcentaje de la población que es parte de la clase media. De acuerdo a un estudio de la Universidad Diego Portales, y en base a la definición del Banco Mundial, se observa que aproximadamente el 70% de los usuarios de isapres pertenecen a la clase media. En total, sumarían más de 2,1 millones de personas en esa condición.
Medido de otra manera, los datos de la Casen 2020 muestran que, del total de los afiliados a las isapres, el 40% proviene de los ocho deciles de menores ingresos. Estos datos dan cuenta que parte importante de la población afectada, en caso que el sistema de isapres colapse, no dispondrá de recursos adicionales a las cotizaciones legales que ya pagan (el 7%) para destinarlos a seguros complementarios, que deberán ser pagados individualmente por cada persona.
Es relevante tener en cuenta esta situación toda vez que una de las alternativas que está explorando el Gobierno es que quienes migren a Fonasa contraten seguros complementarios (denominada Modalidad de Cobertura Adicional (MCA)) que operen por sobre la Modalidad de Libre Elección (MLE), que actualmente ofrece el asegurador estatal. De este modo, serán los menos favorecidos quienes serán más afectados por un colapso del sistema, ya que perderán la cobertura dada por la isapre a la que pertenecen y no tendrán los recursos necesarios para optar al MCA propuesto.
Frente a las cifras que han trascendido respecto del modelamiento que está utilizando el Ejecutivo para la implementación del fallo (US$1.400 millones), varios expertos han advertido que el sistema asegurador privado no podría continuar. En ese escenario, habría una serie de efectos directos e indirectos sobre los tres millones de afiliados al sistema privado, sobre la calidad de la atención de salud en el sector público y sobre prestadores privados y su personal médico de producirse la caída de una o más isapres. Por ello es esencial que el Gobierno logre un equilibrio entre el necesario cumplimiento del fallo y dar viabilidad al sistema de seguros privados, que, de todos modos, requiere de reformas profundas que deben ser abordadas una vez superada la crisis actual.
Pese a que la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, indicó que "jamás hemos pretendido desbaratar ni hacer caer el sistema, ni poner en jaque económico al sistema", lo cierto es que el sistema de seguros privados en salud corre un alto riesgo de pérdida de sustentabilidad. Por ello, es esencial que el Gobierno, quien ahora tiene la responsabilidad, logre un equilibrio entre el necesario cumplimiento del fallo y dar viabilidad al sistema de seguros privados, que, de todos modos, requiere de reformas profundas que deben ser abordadas a la brevedad.
Frank Sauerbaum,
diputado por Ñuble