A pesar de que México debía entregar en febrero pasado la presidencia por tempore de la Alianza del Pacífico a Perú, ayer el mandatario azteca, Andrés Manuel López Obrador, reiteró sus críticas al Gobierno de Dina Boluarte de Perú y anunció que discutirá este asunto con el presidente Gabriel Boric, y Gustavo Petro, su homólogo colombiano, también miembros del grupo. Anoche, hasta el cierre de esta edición, aún no se producía esta cita.

El Presidente mexicano reveló en su conferencia de prensa matinal que más tarde tendría una videollamada con Boric, Petro y otros jefes de Estado, la que tenía lugar ayer. "Yo voy a aprovechar ahí para hacerles un planteamiento, a ver si llegamos a un acuerdo para ver qué hacemos", expuso.

López Obrador rechazó en febrero pasado entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a Perú, tal y como le corresponde, al considerar que el Gobierno de Boluarte es "espurio".

"Yo sostengo que el Presidente legal y legítimo del Perú es Pedro Castillo, que está injustamente en la cárcel. Lo están acusando, desde que entró lo empezaron a acusar, y lo tienen en la cárcel", reiteró ahora.

La crisis peruana y la respuesta de López Obrador afectan desde el año pasado a la Alianza del Pacífico, un bloque comercial de Chile, Colombia, México y Perú que representa más del 40% del producto interior bruto (PIB) de Latinoamérica y supone la octava economía del mundo.

En un principio, México debía entregar la presidencia pro tempore a Lima en la Cumbre de la Alianza del Pacífico prevista para México en noviembre pasado, pero se suspendió porque el Congreso peruano no permitió salir del país al entonces Presidente Castillo.

Pese a que la Cumbre se pospuso y se trasladó a la capital peruana para diciembre, semanas después el Congreso destituyó a Castillo, a quien encarcelaron tras dar un fallido autogolpe de Estado.

López Obrador se ha alineado desde entonces con el ex Presidente peruano, otorgó asilo a su mujer e hijos y denunció que fue un golpe de Estado en su contra orquestado por la oligarquía.

"Padeció de un golpe de Estado de quienes dominan en el Perú, la llamada clase política del Perú, defensora de intereses económicos, de las grandes corporaciones nacionales y extranjeras, con un añadido, que es el que más me indigna, me molesta: el racismo", remarcó ayer López Obrador.

Mientras tanto en Perú, el expresidente Castillo afirmó este que las autoridades judiciales de su país lo mantienen en prisión preventiva mientras es investigado por corrupción "para cumplir una consigna", aunque no aclaró quién pudo emitir esa orden.

"La Fiscalía pidió prisión preventiva en mi contra, no porque exista un peligro para el proceso, sino para cumplir una consigna de mantenerme en prisión a como de lugar", dijo al intervenir en una audiencia en la que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema evaluó un recurso de apelación en la investigación abierta por corrupción.

Por ese caso, la Justicia impuso prisión preventiva de 36 meses que se suma a otra orden 18 meses por la presunta comisión del delito de rebelión durante su intento fallido de autogolpe de Estado.

En este caso, es investigado por presuntamente encabezar durante su Gobierno una organización criminal dedicada a obtener dinero a cambio de licitaciones fraudulentas de obras públicas.

"Hoy, más que nunca, vuelvo a rechazar enfáticamente que jamás he liderado o sido parte de una red criminal, jamás he sido cómplice de un delito sin autor", aseguró el ex jefe de Estado.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llamó a consultas al equipo de gobierno que negocia con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), después del ataque de ayer contra una unidad del Ejército en la región del Catatumbo que dejó nueve militares muertos y nueve heridos.

"He convocado a consulta a la delegación del Gobierno en la mesa del ELN, países garantes y acompañantes. Un proceso de Paz debe ser serio y responsable con la sociedad colombiana", anunció el mandatario.

Este llamado "no implica un congelamiento de los diálogos", explicó Presidencia, ni que el Gobierno se vaya a "levantar de la mesa", pero sí una reunión para el próximo lunes "con negociadores y países garantes para evaluar decisiones respecto de los hechos recientes".

El ataque fue perpetrado por el ELN -según el Ejército- en Guamalito, un corregimiento del municipio de El Carmen, en el departamento de Norte de Santander, contra soldados del Batallón Especial Energético y Vial No. 10.

En el ataque con explosivos y disparos de fusil murieron dos suboficiales y siete "soldados que prestaban su servicio militar", según la información facilitada por Petro, y resultaron heridos otros nueve militares.

El presidente ya había culpado del ataque a "quienes hoy están absolutamente alejados de la paz y del pueblo", sin referencias al ELN pero adelantando que el atentado podría traer consecuencias en la mesa de diálogo.

Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, detalló que serán "conversaciones para examinar este que es un hecho realmente muy grave" y que estarán "en el examen concreto de la situación de acuerdo con los análisis que realice el presidente".

Previamente, el ministro dijo que el ataque es un acto que "muy poco contribuye a la paz, que parece más una contracción con esos propósitos de paz".

"En una situación tan complicada de esta aspiración de paz en medio de la guerra el sentimiento de repudio por estos asesinatos, de condolencias a las familias, homenaje a estos soldados que dieron su vida por todos", dijo Velásquez.

En el Catatumbo, que abarca una decena de municipios de Norte de Santander y es una de las regiones con más cultivos de coca de Colombia, operan además el frente 33 de las disidencias de las FARC, un reducto del Ejército Popular de Liberación (EPL) y bandas criminales.

China declaró que cualquier reunión entre la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, y el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Kevin McCarthy, sería una "provocación grave" a la que Pekín respondería.

La vocera de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado de China, Zhu Fenglian, afirmó que la "escala" en EE.UU. de las autoridades taiwanesas es esencialmente un acto provocativo para "depender de los Estados Unidos para la independencia".

Zhu sostuvo que con este viaje los dirigentes de la isla intentan crear incidentes que violen el principio de 'una sola China' y afiancen las ideas de 'una China, un Taiwán' y 'dos Chinas'.

Además, instó a Washington a cumplir estrictamente con el principio de 'una sola China' y no facilitar que Tsai "transite" por los Estados Unidos o incluso se comunique con funcionarios estadounidenses, con medidas prácticas para cumplir con el compromiso serio de no apoyar la "independencia de Taiwán".

La mandataria isleña hará una escala en Nueva York el 30 de marzo y otra en Los Ángeles el 5 de abril como parte de su viaje a Centroamérica, donde visitará Belice y Guatemala, dos de los trece países que todavía mantienen lazos diplomáticos con Taipéi, según la Oficina Presidencial de Taiwán.

Tsai arribará el 1 de abril a Guatemala para una visita de dos días, se reunirá con su homólogo Alejandro Giammattei.

Estados Unidos respondió al emplazamiento a través del vocero adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, quien explicó dijo que "todos los presidentes de Taiwán han hecho escalas en Estados Unidos" y que estas paradas "son privadas y no son oficiales. No hay razón alguna para que Pekín reaccione de forma exagerada o convierta esta escala en algo que no es".

El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, cerró y ordenó decomisar los bienes muebles e inmuebles de la universidad privada Rubén Darío, con lo que se elevan a 22 las ilegalizadas desde diciembre de 2021, incluidas 7 de origen extranjero.

El centro de estudio cancelado es la Universidad Rubén Darío, con sede en Diriamba, inscrito como organismo sin fines de lucro el 19 de noviembre de 2011.

La cartera de Gobernación, que es la encargada del control y registro de las ONG, explicó que disolvió esa universidad a petición del Consejo Nacional de Universidades y el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, que resolvieron que ese centro de estudio, que funcionaba desde el 13 de enero de 2011, no ha cumplido con la acreditación de los mínimos de calidad.

Además está en incumplimiento de sus obligaciones conforme Ley, ya que no reportaron sus estados financieros por cuatro años y su junta directiva está vencida desde abril de 2022.