Tras ser aprobada en enero de este año en el Congreso, fue promulgada hace algunos días la Ley que crea el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones de Tránsito (Cati) y que permitirá implementar una red de cámaras para fiscalizar el exceso de velocidad de los vehículos y otras infracciones a la norma del tránsito.

Esta iniciativa comenzará a nivel nacional con 38 dispositivos que permitirán automatizar la fiscalización y la aplicación de multas mediante sistemas tecnológicos, algo que hasta ahora sólo podían practicar Carabineros o fiscalizadores del Ministerio de Transportes.

Se trata de una ley que busca evitar la accidentabilidad, toda vez que desde el mismo Ministerio de Transportes aclaran que al año los fallecidos en siniestros de tránsito alcanzan 1.600 personas en la última década, por lo que, con la implementación de este control automatizado de las infracciones del tránsito se podrá reducir -según las estimaciones del ministerio- en un 30% este número de fallecimientos, lo que se traduce en unas 600 personas al año.

Sin embargo, otro de los aspectos positivos de esta ley es que permitirá controlar las infracciones a la Ley de Tránsito sin la necesidad de que exista un carabinero presente, lo que ayudará a descomprimir a la policía uniformada de la serie de labores que debe cumplir. La denominada Ley Cati si bien no cambia las sanciones a quienes infrinjan las normas del tránsito, sí abre un espacio para la detección de estas infracciones, muchas de las cuales no estaban siendo detectadas y que ahora, gracias a las cámaras, quedarán sujetas a sanción.

Ahora, tras su promulgación y publicación en el Diario Oficial, en los próximos días, hay plazo de seis meses para redactar un reglamento antes de comenzar la marcha blanca.

El problema energético que lucía la hoy región de Ñuble hace unos años, ha adquirido un tamaño tal que hoy cuesta mucho manejarlo. A la precaria infraestructura energética se suma la carencia de nuevas fuentes generadoras de electricidad, pero lo más grave es que hay gestiones que no se han hecho para solucionar este problema. Si a ello se adiciona que la Comisión Nacional de Energía dejó a la región fuera de la priorización de proyectos de esta índole, el caldo de cultivo para una situación peor está en su mejor punto de sazón.

La situación demanda hoy un esfuerzo mayor por parte de las autoridades y de los principales actores del acontecer regional. Debemos ponernos en movimiento. Urge conversar con las empresas que tienen la capacidad de generar energía propia para que lo que aportan al sistema interconectado central llegue efectivamente a Chillán. Necesitamos conformar una mesa de trabajo transversal para este tema, manteniendo la situación en la mesa para evitar que la urgencia se diluya del mismo modo en que ha sucedido con otras situaciones.

El tema es simple. No sacamos nada con llenarnos de paneles solares y generar electricidad a manos llenas si la región no obtiene ningún bocado del gran plato energético nacional. Para analizar el panorama urge considerar que el sistema eléctrico en Chile está compuesto por la interconexión física de tres componentes: Generación, Transmisión y Distribución. El primero produce energía eléctrica a través de distintas tecnologías como las hidroeléctricas, termoeléctricas y solar. La transmisión lleva la energía producida en los niveles altos de voltaje a todos los puntos de distribución; mientras que la distribución transporta la electricidad, en niveles más reducidos de voltajes a los consumidores. Si lo analizamos a los ojos de Ñuble, tenemos fallas en los sectores de generación y transmisión.

Ya sabemos que hay proyectos de inversión que esperan su turno para acceder a una cuota de energía, siendo en rigor más de 200 iniciativas de diversa índole que están en carpeta. El caso es que hasta la situación del Hospital de Chillán se ha mostrado compleja al no tener hoy una fuente concreta de abastecimiento energético. Sería como tener un rey sin corona y hasta sin trono, lo que sería paradojal después de esperar tanto tiempo por la concreción de este gran anhelo ciudadano.

Aunque suene apocalíptico, el peligro real de un "black out" o apagón general es más cierto que nunca para la región. La política pública del país es tremendamente débil en materia energética, a lo que se suma la falta de una visión descentralizada. Las regiones deben tener la potestad de poder gestionar su forma de provisión energética. La solución que hoy se propone con una línea de transmisión desde la estación Charrúa no tardará menos de cinco años en llegar y a la luz de los hechos, no queda claro si tenemos tiempo para esperar.

Angélica Cuevas Palominos,

abogada,Magíster en Política y Gobierno UdeC