Alejandro Torres Caamaño
El Ministerio Público informó que ayer se realizó el control de detención de Manuel Pino Turra, alcalde de Ñiquén, quien fue aprehendido en el marco de una investigación de la fiscal Nadia Espinoza Caro, por presuntos delitos de corrupción en varios municipios del país, tarea que realiza con la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI de Ñuble. En ese sentido, el Juzgado de Garantía de Bulnes declaró legal la detención, acogió la solicitud de la fiscal en orden a ampliar ésta hasta mañana y fijó la audiencia de formalización para ese día a las 11 horas. Además, en la misma causa hay otras siete personas que fueron formalizadas el día de ayer.
Ahora bien, vale mencionar que el viernes pasado, previo a diligencias de entrada, registro e incautación realizadas en los municipios de San Ignacio (Ñuble) y Graneros (O'Higgins), la fiscal decretó el secreto de la investigación, razón por la que desde el ente persecutor no han revelado más detalles acerca de la investigación. Vale mencionar que este medio confirmó que la defensa del alcalde Pino es privada, y pese a los intentos en la jornada, no fue posible obtener una versión de dicha parte. Eso sí, desde el municipio de Ñiquén emitieron una declaración pública, en la que explicaron que "informamos a la comunidad que el municipio está funcionando de forma normal (…) Seguiremos atentos al desarrollo del proceso en conjunto con las autoridades competentes".
El edil detenido se suma así al de San Ignacio, a quien le imputan cuatro delitos: cohecho, falsificación de instrumento público, fraude al fisco, y malversación de caudales públicos, decretándosele prisión preventiva por constituir su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad.
El defensor regional de la Defensoría Penal Pública en Ñuble, Marco Montero, quien defiende al alcalde de San Ignacio, comentó que su parte no ha logrado tener acceso a buena parte de la investigación, debido al carácter de secreta que posee la misma. "La investigación está declarada secreta, por lo tanto solo pudimos acceder a aquella información que nos entregó el Ministerio Público, pero de manera muy parcelada. Creemos que no hay antecedentes suficientes para acreditar la participación de mi defendido en estos hechos, decisión que el tribunal no compartió y decretó prisión preventiva", declaró.
"Hemos tenido acceso a una parte de la investigación, donde se daría cuenta de la existencia de ciertas negociaciones, que serían incompatibles con las labores que desempeñaba mi defendido en su calidad de alcalde, con un tercero, que vendría siendo un particular, quien ofrecería ciertos servicios a cambio de dinero (…) Nosotros sostenemos que hasta el momento, los antecedentes que hay en la investigación no permiten vincularlo de manera directa con el hecho. El Ministerio Público ha construido de caso de don César (Figueroa), a partir de conjeturas, especulaciones, pero no de hechos que acrediten que él tuvo una participación en estos delitos por cuales está siendo investigada", dijo, manifestando que los pasos a seguir por la parte, es "revisar la decisión adoptada por el tribunal y evaluar si se apelará", dijo.